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viernes, 12 de diciembre de 2014

Administración Autonómica … ¿es el enemigo?

España prima a la hora de construir su inventada realidad nacional el marco estatal centralizado, viendo al resto de administraciones, salvo, tal vez, la local-municipal, como algo ajeno al entramado institucional en el que se vertebra España. A pesar de que, muchas de ellas, son creación suya en base al principio del café para todos y simetrizarlo todo a marchas forzadas. Es sorprendente la enorme diferencia entre la realidad discursiva y la realidad palpable. Basta echar la vista atrás sobre multitud de ejemplos en los que para negar un avance, un progreso, un cambio institucional o legal, siempre impulsado por una institución no del estado central, se ha hecho una comparativa con otro procedimiento de otra institución no estatal … que ha acabado en fiasco, fracaso, por culpa, de las instituciones del estado central. Revelador.

Una señal de esta realidad es la pregunta sobre la identidad territorial, que revela un problema profundo. Y es que cuando subes a Escocia desde Inglaterra, al sur de la línea todos son ingleses. Y en el norte todos son escoceses. No hay problema entre unionistas o independentistas, a todos ellos les une su realidad nacional escocesa. Asumida por todos, incluidos los ingleses. No está en cuestión. Y todos ellos son británicos. Aquí no, eres de tu comunidad y español, en mayor grado lo uno que lo otro, en menor grado … como si se asumiera que son dos realidades contrapuestas, incompatibles e irreconciliables. Y quien ha socializado la pregunta es el marco central estatal, que, tal vez, como Carlos I o Felipe II en sus testamentos con relación a la conquista de Navarra, puede que tengan problemas de conciencia.

Otra realidad evidente es la cantidad de vetos que usa el tribunal constitucional con respecto a leyes que se hacen en los parlamentos autonómicos, especialmente los de las nacionalidades. Está claro que quizás las cosas no debieran ser como son ahora, en especial aquellas que no son nacionalidades, que quizás hay más comunidades de las que debiera haber, y que habría que racionalizar el sistema, es posible. La cuestión no es esa, sino el respeto a la igualdad jerárquica y normativa a la ley surgida de un parlamento como de otro. Y no andar usando de manera política lo que debe ser un tribunal de justicia que interprete la constitución no cómo las tablas de la ley de Dios, que no petrifique la legalidad, sino sepa adaptar la letra escrita a los tiempos cambiantes. Por ejemplo, con la ley de pobreza energética, aprobada por el Parlament de Catalunya y recurrida por el Tribunal Constitucional español. Y, como todas, automáticamente paralizada, lo cual genera una desigualdad en el trato, porque en el caso inverso, sobre todo en leyes de bases, que invaden flagrantemente competencias, no hay una suspensión automática de los efectos de esa ley en la comunidad afectada.

Quizás esta sea una forma de actualizar el pase foral, muy necesario, para reparar los agravios e injerencias desde el poder central, porque lo contrario, ya está bien protegido y diseñado desde el poder central.

Asumir que la Administración autonómica es una parte del Estado es algo absolutamente necesario. Porque evitaría problemas existentes, de falta de confianza, de duplicidades, por parte del Estado, que es quien más déficit y deuda generan, pero es sobre otras instituciones donde se pone el foco de la duda y del desmantelamiento. Cada realidad nacional ha de disponer de aquellos instrumentos de autogobierno que quiera tener, y, además, se pueda financiar. Claro, esto debe llevar, como dijo una vez Carlos Salvador, de UPN, a una especie de federalismo en el gasto, que ya existe, pero también en un federalismo en el ingreso. Una mayor responsabilidad. No puede ser que sigan existiendo ministerios con el mismo número de funcionarios que cuando aún no habían sido transferidas casi en su totalidad las competencias que luego fueron transferidas, como son Sanidad, Educación, Cultura o Vivienda.

Y no es asumible que alguien como Fraga Iribarne hablara de crear una Administración única autonómica, y, no sólo no se le haga caso, sino se ponga en cuestión a la primera oportunidad, la realidad funcionarial o administrativa de toda institución autonómica, como si hubiera sido creada por un pérfido enemigo de la patria, como si fuera una quinta columna de un estado extranjero que, a veces, hay que tolerar, pero siempre hay que podar, para limitar su poder e influencia.

España debe comprender e interiorizar que hay elementos que deben ser de exclusiva competencia y ejecución en las instituciones de las realidades nacionales, o, por ir al marco actual, de las autonomías, y que debe haber la suficiente confianza como para establecer los controles mínimos y necesarios, ni más, pero no menos. Asumir de una vez que el estado llega hasta un límite del que no debe sobrepasarse. Muchas veces se dice que Catalunya o Euzkadi son los Territorios del mundo donde mayores capacidades de autogobierno hay.



Y no puede haber mayor mentira. Por un lado, no hay más que mirar la gestión de los royalties sobre el petróleo que tiene un Estado como Texas o los que le puede llegar a Canarias si la actual situación institucional no varía sustancialmente. Sobre esto Jorge Dorta, autor del libro “Canarias, con futuro” tiene textos muy interesantes en su blog, Mencey Macro. Catalunya ha hecho una ley sobre horarios comerciales que ha sido de inmediato recurrida. Y se pretende imponer desde el centro unos horarios marco. ¿Como demonios se puede entender que en los estados de Estados Unidos puedan decidir si quieren pena de muerte o no, si quieren legalizar las drogas o si quieren aceptar el matrimonio LGTB, y una comunidad autónoma no pueda regular siquiera el horario de apertura y cierre de los comercios?

Reciprocidad y bilateralidad. Y respeto. Falta mucho respeto a la realidad autonómica. No digamos a la realidad plurinacional del estado español, que es algo que está... un poco más allá. Meter mano en las autonomías es uno de los deportes favoritos de quienes no asumen la necesidad del mandato imperativo, un elemento muy útil que la revolución francesa aparó con la injustificada acusación de carca y de no ser algo moderno. El marketing hizo el resto. Que supone el mandato imperativo? Pues dos cosas muy útiles que nos pide la sociedad. Una, cuando alguien es electo, bajo el mandato imperativo, está ligado contractualmente a quien le ha elegido. A su circunscripción. Sin el, cuando sale electo, es representante del conjunto.

Ejemplo: Un diputado al congreso electo por Asturias. Cuando sale electo y jura o promete en el Congreso la aceptación de su acta, ya, legalmente, no le debe nada a Asturias, ahora es representante de la soberanía nacional española y diputado de España. Y puede ocuparse de lo que quiera. O de lo que le manden. Porque, la eliminación del mandato imperativo, hace que su elección se desvincule totalmente del texto con el que se presentó, es decir, el programa electoral. Por lo que no es reclamable legalmente si alguien actúa completamente en contra del programa con el que se presentó. Todo lo contrario si el mandato imperativo estuviera en vigor. Es en este contexto en el que crecen las formaciones franquiciadas, que votan una cosa en la asamblea legislativa de su comunidad, y la contraria en el congreso, como con el fracking, que los diputados del PP en Cantabria o la Rioja se han opuesto vehementemente a esta técnica controvertida, y en el congreso, los diputados populares elegidos por Cantabria o La Rioja han votado no sólo aprobar el fracking, sino por mandar al cesto de los papeles (del TC) las leyes anti-fracking de Cantabria y La Rioja.

Sirva el ejemplo del respeto que se tiene a las decisiones que se toman en las unidades autonómicas, dentro de la misma formación franquiciada, así que no es difícil asumir el trato a una autonomía que no controlen, y que quiera ejercer el autogobierno de verdad.

Saña y vergüenza, así se comporta el Estado con las Autonomías. Con marketing también. Y busca el antiguo divide et inpera, enfrentando comunidades unas con otras, siguiendo el ejemplo del pleito insular canario. Siempre para no ir al fondo, sino a algo epidérmico, insustancial, sin contenido. Por eso es mucho más fácil asumir que la administración autonómica es el enemigo. Aunque sea la de los propios. No vaya a ser que la institución absorva a su inquilino y pase lo que no debe, como por ejemplo, cuando en el FMI el representante de Nigeria en el organismo acaba, por las dinámicas de la propia institución, siendo el representante del FMI en Nigeria.

O el histórico enfrentamiento entre Ayuntamiento y Comunidad artificial de Madrid, que responden a lógicas profundas, a las que no se quiere atender. Si se quiere tener un futuro, y que no se alcancen cotas trágicas, ese futuro pasa por comprender la no injerencia, la co-responsabilidad, y asumir la autonomía, en su verdadero sentido, y la independencia, como ámbito de actuación aparte y propio, de las instituciones de las autonomías.

Ni tu sobre mi, ni yo sobre ti. No imponer, no impedir. O, mejor dicho, voice or exit.

Por Juan Karlos Pérez.