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jueves, 2 de mayo de 2013

La Renta de los duques (1ª parte).

Quiero destacar esta interesante crónica de José María Brunet (desde Madrid) y Ernest Carranza (desde Palma de Mallorca) para el diario La Vanguardia según la cual, afirman que Cristina Borbón cree que el juez ataca su intimidad al pedir sus rentas.

De esta manera, la defensa de la infanta Cristina presentó ayer el recurso contra el auto por el que el juez del caso Nóos, José Castro, pidió sus diez últimas declaraciones de renta. La impugnación se basa en considerar que esta petición, formulada por el sindicato Manos Limpias y admitida por Castro, carece de fundamento, se ha propuesto "sin sentido" a la vista de los datos del sumario y por ello mismo constituye una "injerencia en la intimidad" carente de todo fundamento.

Los abogados de la infanta, Miquel Roca y Jesús Silva, argumentan que "la afectación de la intimidad consistente en la incorporación a un proceso penal de las declaraciones del IRPF de una persona sólo puede acordarse legítimamente por el órgano instructor ante la existencia de sólidos y claros indicios de criminalidad en esa persona". Tales indicios -añaden- no existen, por lo que de realizarse la citada diligencia "nos encontraremos ante una vetada investigación prospectiva" en la que se restringen derechos fundamentales de la infanta sin causa justificada.

El recurso subraya que "no puede lícitamente acordarse la práctica de una investigación para comprobar si, investigando prospectivamente a una persona, ´surge´ algún indicio de criminalidad". Pero -añade- "ésa es la única finalidad que (...) puede perseguir la diligencia acordada" por el juez Castro. Los letrados recuerdan que la Infanta tiene separación de bienes con su esposo, por lo que en todo caso no aparecerían firmas conjuntas en los documentos que ahora se reclaman. Por todo ello, se estima que las declaraciones solicitadas constituyen una diligencia que resultaría "inútil y superflua". El recurso de la Infanta se une, así, al presentado por Iñaki Urdangarin (mañana daré cuenta del mismo) contra el auto del juez, que en todo caso ya dispone de las cuatro últimas declaraciones de la renta del duque de Palma.

En otro auto acordado ayer, el juez pide más información al Registro Mercantil de Barcelona acerca de la empresa familiar de los duques, Aizoon. Castro pide que se remita "lo más rápido posible" la totalidad de los asientos y documentos contenidos en el libro de depósito de cuentas desde la constitución de la sociedad hasta la actualidad. La petición se produce después de haber solicitado la hoja registral de la empresa, en la que no se han encontrado firmas que impliquen a la Infanta. En esta ocasión, como en el anterior requerimiento, ha sido Manos Limpias la que ha pedido la información. El objetivo del instructor es tener más datos para poder remitirlos cuanto antes a la Audiencia, que ha de resolver el próximo día 20 los recursos contra la citación como imputada de la hija del heredero de Franco.

Asimismo, Castro da cuenta del recurso presentado por Urdangarin en contra de la decisión de solicitar las diez últimas declaraciones de la renta, tanto de él como de la Infanta. El instructor ordenó a la Agencia Tributaria que facilitara tales datos con el objetivo tener más información sobre la hipotética responsabilidad de la Infanta en la gestión de Aizoon.

Castro admite también la personación en el caso de los ocho concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia como acusación particular. El instructor argumenta que procede admitir su participación en la causa "en su doble condición de representantes de al menos una parte de los ciudadanos afectados y obligados a la defensa del correcto funcionamiento de la corporación municipal". El PSOE de la capital valenciana pretende que se devuelva al erario público el dinero supuestamente malversado de los convenios entre el Instituto Nóos y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, de ámbito municipal.