Dos sobrinos del Rey se sentaron el pasado jueves en el banquillo de los acusados por un presunto pelotazo inmobiliario en la venta, por 2,7 millones de euros, de un chalé propiedad de Don Juan Carlos y sus dos hermanas, las infantas Pilar y Margarita de Borbón. Si son condenados, Bruno Gómez Acebo y Marcos Gómez Acebo deberán devolver la comisión millonaria que se embolsaron por intermediar en la operación.La mansión, que el padre del monarca, Don Juan de Borbón, había dejado en herencia a sus tres hijos, fue adquirida en 2002 por Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), una cooperativa en quiebra e intervenida judicialmente que estafó a más de 1.200 familias madrileñas, y cuyos promotores están en la cárcel. Los dos sobrinos del Rey, que hicieron de intermediarios en la operación inmobiliaria, cobraron una comisión de 1,5 millones de euros.
Los síndicos de la quiebra, encargados de recuperar los casi 30 millones de euros estafados por CPV para repartirlos entre los acreedores de la sociedad, reclamaron a Bruno Gómez Acebo, sobrino del Rey, y Marcos Gómez Acebo, sobrino de la infanta Pilar, que devolviesen los 1,5 millones de euros cobrados en concepto de comisión y pasaran a engrosar la lista de acreedores. Ante la negativa de éstos a reintegrar esa cantidad, los síndicos presentaron una demanda de retroacción contra los sobrinos de Don Juan Carlos, los mismos que se sentaron el jueves en el banquillo del Juzgado de Primera Instancia número 17 de los de Madrid.
El chalé Villa Giralda, bautizado así en honor a la residencia que Don Juan de Borbón, su esposa, Doña María de las Mercedes, y sus hijos ocuparon durante su exilio en Estoril (Portugal) el siglo pasado, fue vendido en febrero de 2002 por el Rey y sus hermanas a CPV por 2,7 millones de euros, que se repartieron entre los tres a partes iguales. El chalé, enclavado en la exclusiva urbanización madrileña Puerta de Hierro y hoy demolido, ocupaba una parcela de más de 4.200 metros cuadrados, y se componía de dos plantas, semisótano y casa de servicio.
La escritura de compraventa fue firmada, en representación de Don Juan Carlos y sus hermanas, por José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao y asesor legal del monarca, a quien los tres hermanos Borbón habían otorgado en 2001 los correspondientes poderes notariales. El conde de Fontao adquirió notoriedad pública este mismo año, cuando El Confidencial reveló que estaba desempeñando un papel de intermediación clave en el caso Urdangarín entre el Rey y su yerno, imputado por corrupción y a punto de sentarse también en el banquillo.
Una comisión "desorbitada".
Fuentes jurídicas consultadas aseguran a El Confidencial que la comisión cobrada por los sobrinos del Rey fue "desorbitada", ya que ambos se embolsaron 1,5 millones de euros por una operación de compraventa de 2,7 millones. Es decir, más de un 55% sobre el monto global, cuando lo habitual en estos casos es que la comisión de los intermediarios no supere el 5%. Don Juan Carlos, por su parte, cobró 901.518,16 euros en un cheque nominal de Ibercaja, al igual que sus hermanas Pilar y Margarita.
En total, la promotora CPV desembolsó 4,2 millones de euros al monarca y sus familiares. "Para enmascarar la estafa, los promotores trataron de dar una imagen de seriedad y solvencia al adquirir Villa Giralda. Si el Rey vendía su casa a CPV, las familias estafadas pensarían que invertían sus ahorros en una operación fiable", añaden las mismas fuentes. Los afectados habían pagado una media de 500.000 pesetas -3.000 euros- en concepto de señal y un millón más de entrada -6.000 euros- por unas viviendas en los barrios de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo, en la zona norte de Madrid, que jamás llegaron a construirse.
Bruno Gómez Acebo rehusó hacer comentarios. El sobrino del Rey confirmó que el juicio por la demanda de retroacción contra él y Marcos Gómez Acebo se celebraría en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, y se limitó a señalar: "Confío en probar mi inocencia". A petición de ambos, la vista tendrá lugar a puerta cerrada.
El juez accedió anómalamente a esa solicitud con el fin de proteger su intimidad, dada su condición de familiares del jefe del Estado. Antes que eso, en un Estado de Derecho son simplemenre ciudadanos como Vd. o como yo. Aún con todo, en el juicio prestaron declaración los promotores de CPV, Francisco García Moreno y sus hijos Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez, que cumplen condena en la prisión madrileña de Soto del Real por varios delitos de estafa.
Dios les cría y ellos se juntan.
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