Sólo uno de cada 1.000 incendiarios acaba siendo juzgado en España. La Justicia, como para todo, mal, tarde y, en ocasiones... nunca.

España sigue siendo el paraíso de los aficionados a quemar el monte. Sólo uno de cada 1.000 incendiarios, el 0,1%, acaba siendo juzgado, según datos de Greenpeace.

La organización ecologista ha presentado hoy su estudio anual sobre incendios forestales, que, por primera vez, analiza las sentencias condenatorias por este delito. Entre 1996 y 2007, los tribunales españoles han dictado 257 sentencias. De ellas, 178 han sido condenatorias.

El responsable de la campaña de Bosques de la ONG, Miguel Ángel Soto, ha recordado que hay más detenidos, más juicios y más sentencias que en otras décadas por el "esfuerzo" que hacen las fiscalías especializadas en delitos medioambientales, pero ha insistido en que "todavía queda mucho por hacer".

Así, apenas el 5,49% de la superficie forestal quemada a lo largo de los últimos 10 años ha desembocado en un fallo judicial. Y no hay que olvidar que, de los 30 mayores fuegos forestales que han tenido lugar a lo largo de esta década, sólo en dos casos se han dictado sentencias condenatorias: una contra Endesa, por el siniestro de 1998 en la localidad barcelonesa de Aguilar de Segarra, y otra contra el Ministerio de Defensa, por un incendio ocasionado en un campo de tiro leonés, también en 1998.

A pesar de que el delito de incendios está perseguido con hasta 20 años de prisión, Greenpeace no ha encontrado a nadie que haya sido condenado a esta pena. La más alta ha sido a ocho años de cárcel y 385.000 euros de multa para un incendiario reincidente que quemó el monte en Málaga en 2001.

El incendiario quema cerca de tu casa:

El perfil del condenado por incendio forestal es el de un varón nacido en España que suele actuar en solitario, quema cerca de su casa y, en el 20% de los casos, tiene antecedentes penales.

Las comunidades autónomas que más sentencias condenatorias acumulan son, por este orden, Galicia (donde se produce más de la mitad de los fuegos), Castilla y León, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias. Greenpeace ha pedido que se reformen algunos tipos penales para que se considere punible cualquier imprudencia, como tirar una colilla o encender una barbacoa, así como que se cree un registro de pirómanos con el fin de someterlos a un control en las épocas de máximo riesgo.

FUENTE: Olga R. Sanmartín para: Agencias (Madrid) citando Informe de Greenpace-2008.