Athletic, San Mamés y Lezama, la admiración del mundo Por E. Pérez de Rozas en Diari Sport)

Hay ciudades, y Bilbao. Hay estadios, y San Mamés. Hay Masias, y Lezama. Hay clubs de fútbol y el Athletic. Hay constructores, millonarios, archimillonarios, milmillonarios, jeques, magnates, ‘més que un club’, y el auténtico sentido de cantera, el equipo del pueblo, de siempre, tradicional, caiga quien caiga, peligre o no el descenso. Hay ritos, maneras de vivir, de enfocar, de participar en el fútbol, en un partido, y acudir a ‘La Catedral’.

Hay estilos, formas de jugar, apuestas futbolísticas más o menos vistosas, lindas, y la que el Athletic despliega en su estadio. Es por ello que ayer le pedí a mi amigo Luken que no rompiese la entrada de San Mamés del miércoles, que la guarde, se la compro, yo la quiero.

Lo que se vivió este miércoles en el nuevo San Mamés (¿cómo el nuevo San Mamés? ¡San Mamés, qué caray!) fue lo nunca visto, lo siempre soñado y, por supuesto, el mayor premio de la historia a una idea singular, a un club único, a una afición eterna, a una idea de fútbol innegociable, a una apuesta maravillosa.

Solo les recuerdo la idea, el caso, la maravilla que vivimos en vivo y en directo, gracias a la extraordinaria retransmisión de Canal+, que concluyó con unas imágenes estremecedoras del nuevo estadio iluminado, cual antorcha roja de mil colores y estrellas Champions tapizando su fachada, desde el otro lado de la ría.

Ese estadio, recuerden, ha sido construido con la mística de seguir siendo San Mamés. Y, no solo eso, sino con la idea de que nadie perdiese su rincón, su sitio, su asiento. Esa manera de cambiar, de mutar, de clonar un San Mamés por otro debería ser tomada como ejemplo por el Barça para sus obras del Camp Nou. El Barça, que dice haber creado una comisión para sus obras, tendría que contratar al mago, al sabio, al tipo que ha diseñado esa metamorfosis.

Así que toda esa idea, la de cambiar de estadio, la de mantener vivo el espíritu de San Mamés, la de seguir jugando, a muerte, con cantera y aspirar a todo, recibió el miércoles el mayor premio de todos: jugar la Champions 16 años después de su última aparición a lo grande en Europa.

Y este San Mamés da más miedo que el viejo. O el mismo.

Las Baedeker, una mirada al pasado.

Andaluces vagos y vascos civilizados: así nos veían en Europa en el siglo XIX.

“En los círculos más educados, especialmente en el sur de España, el extraño puede dejarse llevar por el feliz, animado y atento tono de la sociedad, por la encantadora espontaneidad de sus maneras, y por la algo exagerada educación de la gente que conoce”. Esta es la descripción que de los españoles hacía la guía Badeker de 1898, la única orientación que, durante casi todo un siglo, tuvo el turista de moverse en países extranjeros.

Fundada durante los años 30 del siglo XIX en Alemania, la colección de guías es un antecedente de las contemporáneas de Lonely Planet, con las que no difiere en exceso, más que en la duración de los viajes. Eran los albores del turismo, y tan sólo los más adinerados podían permitirse viajar a otros países por cuestión de ocio, por lo que la guía aclara itinerarios para aquellos que dispongan de dos meses, de mes y medio, o tan sólo de uno, que tendrán que conformarse con conocer San Sebastián, Burgos, Medina del Campo, El Escorial, Madrid, Toledo, Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga, Aranjuez, Tarragona y Barcelona.

Esta colección de guías nos ayuda a asomarnos a la idea que el mundo anglosajón y el norte de Europa tenía del resto del mundo. En la publicación de 1898 –pero también en la más tardía de 1914–, pueden encontrarse afirmaciones como que Castilla es “una tierra deprimente y a menudo árida, con pocos restos pintorescos”. Los andaluces son descritos como vagos y los catalanes y vascos, como hombres de negocios. La afición rey, claro está, no podía ser otra que el toreo, profusamente descrito en la guía. Pero los españoles no somos los únicos en salir mal parados del texto dedicado a los prototuristas. Los griegos eran sucios; los italianos, deshonestos; y los orientales, estúpidos como niños.

Cuéntame, versión 1898.

Quien se acerque a estas guías, que pueden consultarse de forma gratuita enArchive.org, quizá no se sienta identificado con lo que en ellas se explica de nuestro país. Según asegura la edición de 1908, el viajero puede comunicarse perfectamente con los locales aun sin saber español, puesto que “se habla inglés o francés en casi todos los hoteles”. Además, afirma la guía, “el español de las clases bajas no está falto de sentimiento nacional, pero muestra un sentido común y un rechazo a los disparates mucho más saludable que sus superiores”. Eso siempre y cuando se cumplan dos principios: ser igual de cortés con todo el mundo (“incluso el individuo más humilde desea ser tratado como un caballero”) y evitar ser un maleducado, puesto que “ello sólo conseguirá que se inflamen las pasiones de los analfabetos”.

Los cuidadosos policías, con el fin de evitar que los malhechores se escapen, arrestarán a cualquiera que se encuentre en su camino. Eso sí, alerta la guía, si nos hemos perdido y nos vemos obligados a preguntar a alguien, “es preferible que éste vaya bien vestido”. El volumen alerta que se debe evitar el contacto con “todos los miembros de las clases bajas, que siguen los pasos de los viajeros en ciudades como Burgos, Ávila, Toledo y Granada”. En caso de que nos asalte un niño, se recomienda utilizar la palabra “anda” para librarnos de ellos. Y si, aun así, todo se tuerce, siempre podemos recurrir a la Guardia Civil, “un cuerpo selecto de buenos hombres dignos de confianza” que han conseguido mantener el bandolerismo a raya. Eso sí, en caso de que explote un disturbio, conviene salir por patas, puesto que “los cuidadosos policías, con el fin de evitar que los malhechores se escapen, arrestarán a cualquiera que se encuentre en su camino”. Hay cosas que no cambian.

¿Vagos y maleantes? Las guías se regodean en la ociosidad del español. No sólo dedican un párrafo a recordar que, según una investigación del Gobierno del año 1896, de los 19 millones de habitantes en el país, casi 9 millones no tienen ninguna ocupación. Además, recuerdan que la mendicidad es “la plaga nacional de España”. “Innumerables personas la llevan a cabo por pura vaguería; otros lo hacen para pasar el tiempo; muchos porque lo ven como una profesión sencilla y rentable; y sólo unos pocos por auténtica necesidad”, afirma la guía. Básicamente, esta concluye que los mendigos acosarán al viajero en cafés, plazas, museos, estaciones de ferrocarril o carreteras hasta que suelte unos céntimos. Eso sí, a los niños ni agua, especifica el libro.

Entre el resto de recomendaciones que debe seguir el viajero se encuentra prescindir por completo de la cerveza española, especialmente en verano (“probablemente causará diarrea”); regatear en los productos que no tengan un precio fijo (nunca se debe pagar más de dos tercios o tres cuartos de la cantidad ofertada inicialmente); y jamás intentar sobornar a un agente de la ley, no se sabe muy bien si porque es ilegal o porque es inútil.

Un pequeño tour por Madrid, Barcelona y el País Vasco.

Las guías no tienen nada que envidiar a los volúmenes actuales. Es más, es probable que resultase poco recomendable viajar con ellas, ya que con sus800 páginas no son demasiado manejables. El nivel de detalle en ellas es envidiable incluso según los estándares de hoy, y uno puede encontrar callejeros de ciudades como Sagunto o descripciones pormenorizadas de museos como el Prado. Pero hagamos un breve viaje por tres importantes regiones como Madrid, Cataluña y el País Vasco. ¿Qué encontraremos en ellas?

La guía señala que las zonas más transitadas en Bilbao son la ciudad vieja y el “oscuro” Paseo del Arenal, donde se encuentran multitud de hoteles, cafés, el Teatro de Arriaga y la iglesia de San Nicolás. De San Sebastián resalta su casino, su playa (“apta para el baño”) y recomienda evitar el casco viejo. Los vascos salen muy bien parados de la descripción de la guía, que señala que “la gente de las provincias vascas se encuentra a un nivel mucho más alto de civilización que el campesinado del resto del país”. Las carreteras, infraestructuras y trenes no tienen parangón en el resto del país, y la diligencia y confort que proporciona el País Vasco sólo puede encontrarse en Cataluña.

La capital fue elegida por Felipe II a pesar de que carece de todas las condiciones naturales para ser una gran metrópolis.

Tampoco pueden quejarse los catalanes, que son descritos como “hombres nacidos para el negocio, como los vascos”, algo que contrasta con “los lentos castellanos y los vagos andaluces”. Se destaca su papel como exportadores y motor económico de la nación, y recuerdan que la máxima de “gran caballero es Don Dinero” se aplica a todos sus tratos. De Barcelona, con 500.000 habitantes por aquel entonces, se destaca su clima y, como haría una guía moderna, la Rambla, la Estatua de Colón, la Boquería, el Teatro del Liceu, Plaza Cataluña y el moderno Paseo de Gracia, que había sido fundado apenas unas décadas antes.

Si al viajero le quedaba tiempo libre, todavía podía visitar Castilla y Madrid, eso sí, a su propia cuenta y riesgo. Las tres cuartas partes del país son áridas y oscuras, y la Meseta Central, a una altura de 5.000 pies, “parece el norte de África o la estepa rusa”. “En La Mancha hay grandes extensiones donde hay nada”, reza el texto, y Castilla-La Nueva “es reducida a un tono extraño y deprimente de gris amarronado”. Al menos, Madrid corre mejor suerte, por lo menos el Palacio Real, el Rastro (que compara con la romana Plaza Navona), la Casa de Campo, Nuestra Señora de la Almudena (que por aquel entonces estaba siendo construida), el Paseo de la Castellana, el Prado y el Retiro. Su clima es “poco favorable” por sus repentinos cambios, “su importancia actual es una creación política y una necesidad histórica” y, por si eso no fuera poco, “la capital fue elegida por Felipe II como una vedette en medio de muchas otras, a pesar de que carece de todas las condiciones naturales para ser una gran metrópolis”.

Un influyente think tank de EE.UU. analiza las implicaciones militares de la independencia de Catalunya.

The Atlantic Council considera que la especialización marítima catalana será bienvenida en el Mediterráneo

'Las implicaciones militares de la secesión de Escocia y Cataluña' es el nombre del análisis firmado por James Hasik que ha publicado uno de los think tanks más influyentes de los Estados Unidos, The Atlantic Council, sobre el impacto geoestratégico desde una perspectiva militar de las posibles independencias de estas dos naciones europeas. El análisis parte de la base de la hipótesis de una alta probabilidad para el sí a la independencia en Cataluña y el no en Escocia.

El think tank estadounidense advierte a la OTAN que no puede tomarse a la ligera ninguna de las dos posibles independencias, pero considera que 'la independencia de Cataluña plantearía menos problemas militares para la Alianza Atlántica que la de Escocia'. Según el Atlantic Council, tanto Cataluña como Escocia quieren integrarse en la Unión Europea y en la OTAN, pero 'los dos organismos internacionales han avisado de que la adhesión no es automática y que es necesaria la aprobación de todos los Estados miembros para entrar '. El análisis recuerda la exclusión de Macedonia de estos organismos por el veto de Grecia.

Además, Hasik considera que difícilmente España podrá impedir una actuación decidida de Cataluña hacia la autodeterminación. Pero también se cuestiona si de otros estados europeos pueden considerar peligrosa la integración de Cataluña porque podría despertar nuevos movimientos secesionistas en Europa.

Respecto de Escocia, dice que sería poco plausible que Londres aceptara la independencia de Escocia y, en cambio, no aceptara su integración en la OTAN. 'Una unión monetaria podría quedar fuera de la negociación, pero un regateo sobre los serios asuntos sobre la Defensa sería inaceptable', dice James Hasik.

Tras analizar las posiciones estratégicas de las cabezas nucleares de los submarinos británicos en aguas de Escocia, Hasik se pregunta con qué pueden contribuir Cataluña y Escocia asumiendo que serán admitidos a la OTAN. Y hace referencia a las declaraciones de la experta en seguridad y defensa, Anne Marie Slaughter, ex alto cargo del Departamento de Estado de EEUU, que opina que una Cataluña y una Escocia independientes harían un muy buen trabajo defendiéndose a sí mismas . Slaughter explicó a Hasik que consideraba las consecuencias para la OTAN serían diferentes en un caso y en otro. Según el ex-responsable del gobierno estadounidense, 'los escoceses piensan que la Defensa es un bien gratuito'. Y contrapone esta actitud con la de Cataluña.

'Cataluña tiene una población de 7,3 millones de habitantes, con más de 300 mil millones de PIB. Dedicando tan sólo un 1,6% de este PIB la Defensa proviene sobre 4,5 mil millones anualmente, más o menos como Dinamarca, que tiene unas fuerzas armadas eficientes y reconocidas. Los planes militares de Cataluña son vagos, pero hasta ahora ponen el acento en la marina. Con puertos excelentes en Barcelona y Tarragona, Cataluña está bien posicionada como poder naval menor ', dice Husik.

Link original: http://www.vilaweb.cat/noticia/4208466/20140827/influent-think-tank-eua-analitza-implicacions-militars-independencia-catalunya.html 

Link del artículo en The Atlantic Council: http://www.atlanticcouncil.org/blogs/defense-industrialist/the-military-implications-of-scottish-and-catalonian-secession

No comment... Justicia "Marca España".

El Gobierno se prepara para un ‘otoño caliente’ con presiones a las televisiones para que informen con cuidado.

Las cuatro amenazas que ve Moncloa: Diada de Cataluña, referéndum independentista, Pablo Iglesias y Podemos, la consolidación de Pedro Sánchez en el PSOE.

El inicio de curso político preocupa, y mucho, al Gobierno. En La Moncloa vaticinan un 'otoño caliente' y ya se están moviendo para evitar sorpresas. Una parte importante de su estrategia se centra en intentar hacer comprender a las televisiones que lo que emiten y cómo lo emiten resultan claves para la estabilidad de España.

Los dos grupos de televisión privados más importantes, Mediaset y Atresmedia, han recibido mensajes desde el Ejecutivo para que modulen las informaciones y opiniones que ofrecen, y van a ofrecer, sobre los temas más delicados.

Según puedo leer en en El Confidencial Digital, altos cargos del complejo de La Moncloa han transmitido a los máximos responsables de las dos grandes compañías televisivas que sus cadenas van a jugar un destacado papel durante el próximo curso político, empezando por ese 'otoño caliente' que se pronostica.

Lo que preocupa al Ejecutivo.

En el Gobierno inquieta que a la vuelta de las vacaciones coincidirán cuatro amenazas principales, cuatro asuntos que centrarán la atención mediática, y que conformarán esa ‘otoño caliente’. Son estos:

- La Diada de Cataluña, que se celebra el 11 de septiembre.
- La amenaza del referéndum independentista convocado por Artur Mas para el 9 de noviembre.
- El avance de Pablo Iglesias y Podemos tras sus buenos resultados en las elecciones europeas y el gran eco que reciben.
- La consolidación de Pedro Sánchez al frente del PSOE.

Presiones a las televisiones.

El Gobierno les está presionando para que las cadenas informen "con cuidado y máxima seriedad", singularmente sobre esos cuatro grandes asuntos.
En definitiva, les reclaman una línea informativa consecuente y que no dé alas a los nacionalistas o a movimientos que en el Ejecutivo se catalogan como “anti sistema ”, en referencia a Podemos.

Aunque se trata de cuatro hechos políticos, en el entorno de Rajoy se considera que la cobertura que reciban por las principales televisiones es de trascendental importancia para la estabilidad del país. Les piden, en definitiva, que sean conscientes de la responsabilidad que tienen.

La situación del ‘tertuliano’ Pablo Iglesias.

En el Gobierno inquieta especialmente que Pablo Iglesias merezca un protagonismo tan destacado en los segundos canales de Mediaset y de Atresmedia. El líder de Podemos interviene en ‘Las mañanas de Cuatro’ y en ‘La Sexta Noche’ de manera habitual. También otros cargos del partido son invitados a estos programas prácticamente a diario. Desde Moncloa se ha hablado en alguna ocasión sobre cómo frenar este fenómeno. Si bien consideran que Podemos no ha quitado ningún voto al Partido Popular, sí que preocupan dos aspectos:

- Podemos altera la estabilidad institucional y es un riesgo para el país como tal.
- Debilita al PSOE porque roba votos a la formación de Pedro Sánchez.

A algunos sectores del Gobierno y del PP no les gusta que las televisiones sirvan de altavoz mediático a Pablo Iglesias. Incluso, el propio Rajoy habló con Rubalcaba sobre cómo frenar a dicha formación.

La respuesta de las televisiones ante Pablo Iglesias.

Un alto directivo de Mediaset relata a ECD que, de momento, han recibido los mensajes en conversaciones informales con el Gobierno, por ejemplo en la línea de rebajar la presencia de Pablo Iglesias en ‘Las mañanas de Cuatro’.

No obstante, en el grupo dirigido por Paolo Vasile aseguran que no van a aceptar presiones para variar su línea informativa en ninguna dirección. Es más, las mismas fuentes precisan que, incluso, hasta les conviene mantener una cierta tensión con el Gobierno de cara a la futura sentencia del Supremo que anula otros ocho canales de TDT y que dejaría a Mediaset con una licencia menos que Atresmedia (en este momento dispone de dos más). Quieren que, si el Supremo ordena cerrar canales, el Ejecutivo arregle la situación con una nueva ley.

Por su parte, en Atresmedia sí que hay directivos que reconocen haber recibido “presiones” por parte del Gobierno. Incluso, en alguna reunión o comité de dirección se han producido discusiones sobre la línea informativa a seguir. La conclusión de Atresmedia, de momento, es que informará de manera plural y con sentido de la responsabilidad sobre los diferentes sucesos que coinciden en el próximo otoño, y que por se continuará invitando a Pablo Iglesias sólo al plató de ‘La Sexta Noche’.

Mierda ambulante en Aste Nagusia de Bilbao. Una asignatura pendiente.

Por “mierda ambulante” podemos entender esa especie de mesa de camping dotada de un brasero de carbón, una bandeja de limones, otra de carne en diferentes formas y una farolillo de luz de acampada o de angulero. Como se quiera llamar. Todo aquél o aquélla persona que pasee por el recinto festivo de Bilbao sabrá perfectamente a qué me estoy refiriendo.

Por lo que se observa, además de ser una asignatura pendiente, llego a la conclusión de que es una práctica proliferante ya que, por muchas inspecciones que se lleven a cabo, podemos concluir que las sanciones administrativas quedarán en aguas de borrajas al no poder determinar la identidad de esos supuestos vendedores ilegales de comida. Y, puedo imaginar que no pasa absolutamente nada al poder constatar lo siguiente: Hace justo un poco más de un año, pude leer en Deia el siguiente dato referido inspecciones municipales tras la Aste Nagusia’2013: “Se han realizado 74 inspecciones en txosnas, 21 en el Parque Etxebarria, 19 en hostelería y 9 en ‘otros’. Se ha abierto un Expediente sancionador a un local y se ha cerrado otro de forma cautelar”.

Hasta ahí el balance efectuado por el Consistorio. Pues bien, según mis datos existían 32 “puestos” de pinchos morunos y de “fritanga varia” en el recinto festivo (El Arenal, Abandoibarra, Pío Baroja, Parque de Etxebarria, etc…). Se podía observar como esa mercancía era manipulada sin ningún tipo de higiene sanitaria, sin Licencia de venta de alimentación ambulante, por personas sin un simple carné de manipulador de alimentos, sin guantes, con la simple protección (en el mejor de los casos) de un papel de aluminio y con la “conservación” de esa mercancía en una nevera de playa que acaba, día tras día (y así durante nueve días y nueve noches) en el maletero de una furgoneta. Entonces me llegué a preguntar (y así se lo hice saber a las autoridades competentes en la materia) si en aquéllos “9 a otros” que hacía referencia el Balance citado se incluye alguno de éstos 32 “cocineros portátiles”. Voy a imaginar que no, ya que, todo esto se ha incrementado de forma exponencial. Así, además de los famosos pinchos morunos y las carretas de viandas a la plancha, nos encontramos con comida sudamericana y africana.

Comprendo, y más en estos tiempos, que la gente tiene derecho a ganarse la vida como puede. Ver a unas mujeres ecuatorianas vendiendo sandwich me da mucha más confianza que ver los citados infiernillos ambulantes. Supongo que es gente que elaborará esa comida en sus casas, con todo su cariño y supuestas garantías. Sólo con suponer que tienen un fregadero en sus cocinas donde limpiarse las manos me puede tranquilizar. Y, ello, lo digo porque los venden perfectamente envueltos y la pinta no es aparentemente mala. Todo por ganarse tres duros. En mi opinión, es ese un “mal menor”.

Ver a la Policía Municipal sancionando en la Plazuela de San Nicolás por vender pañuelos, muñequitas de Marijaia y abanicos -sin licencia- a una mujer (una parada bilbaina de 55 tacos que se quedó sin curro cuando cerraron un histórico comercio del Casco Viejo)… Ver esa eficacia y contundencia anteriormente descrita (de la que no discuto su legalidad) y, al tiempo, ver a los “Iker” haciendo la vista gorda en esos improvisados puestos de mierda ambulante es una cosa que no llego a concebir. Y ya no hablo de licencias o no licencias. Me refiero a una cuestión que atenta directamente contra la salud pública.

Gracias a Dios, no pasa nada porque no tendrá que pasar pero, de la misma, nos encontramos con 80 personas en Basurto por intoxicación alimentaria. Y, ¿entonces? ¿el “ay, ay, ay”? Vale más prevenir que llorar. En menos de una hora se puede intervenir para requisar esa mierda ambulante en previsión de males mayores. Quién quiera ejercer una actividad, que lo haga con los requisitos higiénico-sanitarios que se exigen, durante el resto del año, a los hosteleros establecidos. Ya sólo faltaba que, en un manifiesto agravio comparativo, tenga que haber quién cumple con los requisitos y paga sus impuestos (todo ello garantía para nuestra salud) y quién viene a ponerse donde quiere, vende lo que quiere y, si pasa algo… ¡vaya Vd. a buscarle!

Lo dicho. Una asignatura pendiente que, seguro, tiene solución porque contamos con buenos gestores municipales. Y, si hacen falta más medios… se ponen ya que hacer frente a los mismos sería infinitamente menor a hacer frente a una indemnización por intoxicación masiva. La lógica es clara: Ese ambulante no tiene Licencia. Al no tenerla no garantiza la salubridad de los alimentos que vende. Al no estar identificado, nadie puede reclamar nada a un identificado. Conclusión: Responsabilidad Civil y Patrimonial de la Administración la paga ésta última. O sea, Vd. y yo con nuestros impuestos. Es fácil jugar con “la pólvora del rey”.

De verdad, ¿No es algo evitable?

España compró la información sobre las cuentas de Pujol en Andorra‏.

Los bancos andorranos tienen indicios de que un sospechoso vendió la información sobre las cuentas bancarias de la familia Pujol en España a cambio de dinero. Así informa el Diario de Andorra, que cita fuentes cercanas al caso y que habla de una operación de 'el ámbito policial-tributario' de España, iniciada hace dos años, de búsqueda de información en Andorra, en Liechtenstein y en Suiza de cuentas de personajes vinculados con el proceso soberanista catalán.

El Estado habría pagado el dinero a un alto cargo de un banco (que se entiende que sería la Banca Privada de Andorra) a cambio de la información, que luego se habría filtrado al diario El Mundo.

El presunto delator, según el Diario de Andorra, tenía una relación complicada con la dirección del banco con el que trabajaba, porque no recibió el apoyo que esperaba que tendría a la hora de pagar la indemnización que le reclamaba el banco donde había trabajado anteriormente, por haberse marchado de manera unilateral. Esta tensión acabó haciendo que su nuevo banco decidiera despedirlo.

Este alto cargo despedido habría estado al caso del dinero que desde hacía un par de años España ofrecía a quien revelara información sobre cuentas de 'personajes destacados del movimiento por el derecho de decidir y a favor de la independencia de Cataluña.' Dice el diario que ofrecían dinero a cambio de información sobre dinero no declarado. Y el ex-alto cargo bancario se habría convertido así en el presunto delator de la información sobre las cuentas de la familia Pujol en Andorra, que acabó en la unidad de delitos fiscales de la policía española (UDEF). Con este dinero, el delator habría podido pagar el dinero que aún le reclamaba en concepto de indemnización el primer banco.

El Diario de Andorra añade que, como había comenzado a circular la información sobre un presunto delator, las autoridades españolas 'pusieron su punto de mira en el ejecutivo bancario', y en las últimas informaciones sobre el caso Pujol se habla de 'varios filtradores' y que habrían sido hechas 'a través de capturas de pantalla'.

El banco afectado ha abierto una investigación interna para encontrar pruebas de la relación entre el supuesto delator y la revelación de las cuentas de los Pujol. La Ley Andorrana del Secreto Bancario de 1995 establece que los directivos y empleados de banca que revelen información sobre cuentas de clientes prevé sanciones de entre 12.000 y 300.000 euros y hasta tres años de prisión.

O sea, que para esto sí hay dinero... Curioso.

Pili y Mili.

Antes de nada, que perfectamente conozco la susceptibilidad de determinadas personas, decir que, al margen de haber intentado mostrarse como una pareja cómica, Nerea Llanos e Iñaki Oyarzábal nada tienen que ver con las hermanas gemelas Aurora y Pilar Bayona. Al menos, éstas hacían reír a nuestros padres y abuelos en una época con totales carencias democráticas de la que Llanos y Oyarzábal  parecen ser dignos herederos y ésos últimos, en un desesperado intento de tapar sus miserias lo que hacen es hacernos -también- reír, pero de auténtica grima.  .

La demostradamente inoperante secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, afirma que podría haber en el País Vasco casos como el del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ya que este episodio es "fruto del sistema de gobernar del nacionalismo catalán y vasco , de partido único, que convierten las instituciones en sus cortijos..."

En realidad me resulta curioso observar qué entiende como partido único. ¿El Partido Popular en Madrid o en la Comunidad Valenciana? (nidos de corrupción dónde puñados de compañeros suyos están salpicados de mierda hasta las cejas), ¿El PP gobernante con mayoría absoluta en España? (anulando los más elementales y consagrados principios y eliminando libertades fundamentales? ¿Se referirá por partido único a aquél que gobernó dictatorialmente en España del que son los populares una evidente herencia? (No hay que ir muy lejos. Sólo hace falta constatar el pasado y quién fue el que llamaban presidente fundador del partido dónde milita esta chica).  

Abunda Llanos: "Es fruto de un sistema político como son los nacionalismos, aquí y allí, que al final crecen a la sombra de negar la alternancia, del partido único, de creerse que el partido es suyo, que siempre va a ser suyo y de que pueden hacer absolutamente lo que les da la gana". Evidentemente, tras "aquí" y "allí" le falta un "allá". ¿Que es ella sino una nacionalista? Nacionalista española, pero nacionalista. Por alternancia imagino que no hablará de Castilla-León, Galicia o Comunidad Valenciana, ¿No?

Pero no se queda ahí, la impuesta (impuesta sobre el otro protagonista de estas líneas) "número dos" del PP vasco dice tener la sensación de que el caso de Pujol es "la punta del iceberg y de que saldrán más en más sitios". Por una lumbreras no es que la tenga pero eso de en más sitios, ¿ lo dice por las cuatro docenas de imputados en la trama de corrupción conocida como"El caso Gürtel" o no sabe qué es eso?

Justifica su absurda sospecha en que "como pasa en Cataluña y aquí (País Vasco), CiU y PNV llevan tantos años gobernando y siendo absolutamente controladores de todo, que eso da pábulo a malas prácticas porque al final uno acaba identificando que la institución es suya y que nadie más tiene derecho a gobernar en esa situación". Por esa misma razón podría decir lo mismo de las Comunidades e Instituciones gobernadas tantos años por su partido. ¿Por qué no lo hace? ¿Creerá este intelecto que realmente a Fabra le tocó veinte veces la lotería? ¿Ha revisado el patrimonio de José maría Aznar? ¿Sabe exactamente por qué el ex-presidente balear Jaume Matas está internado en la cárcel de Segovia? ¿He de recordarle que mariano rajoy dijo públicamente que era el modelo de gobierno balear un ejemplo a seguir?

No se queda ahí: "Cuando gobiernan alguien que no son ellos, como sucedió aquí (aludiendo a la llegada del PSE al poder en 2009 con quién dijo que nunca sería lehendakari con el apoyo del PP, Patxi López), parece que ha habido un golpe de Estado. Y eso, al final trae situaciones como las de Pujol". ¿Defiende al flamante nuevo miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE? hablando de PSOE y de cortijos (de los que también habla), ¿No cita la inexistente alternancia en Andalucía?

Por finalizar con esta personaje venida a más, no es absolutamente nadie la secretaria de un partido (que en Euskadi sería quinta fuerza política y en Catalunya la sexta) para "invitar" a CiU y PNV a hacer una "reflexión" sobre el modelo de gobierno ni sobre nada. Es más, la reflexión se la debería hacer ella sobre la deriva que lleva su partido a ser en esas dos Naciones que cita una fuerza política residual.

No creo que haya que recordarla que han dejado por el camino 9 escaños en el Parlamento vasco en casi 10 años o, lo que es lo mismo, 130.000 votos. ¡Casi nada! Otro tanto le ocurre en Catalunya. En este caso, se puede hablar abiertamente del PP como una fuerza política residual.

Cortinas de humo o hablar de sistemas en el momento actual "en el que la política está siendo muy cuestionada por la ciudadanía" se debe a dos cosas: En primer lugar, el próximo fallo del juez Ruz, dónde va a salir a relucir con qué dinero se adquirió y reformo la sede del PP en Bilbao (de la que ahora hablaré en la segunda parte dedicada a uno que ni aprobaba el recreo en segundo de BUP). En segundo lugar el previsible fin del bipartidismo, aspecto que choca frontalmente con su concepto de "Gran Coalición" pero que, ni con esa reforma chapucera referida a las listas electorales para las próximas Elecciones Municipales, le va a salir bien. Al tiempo. Se le pilla antes al mentiroso que al cojo.

Vayamos ahora con Oyarzábal. Éste ha dicho de la anterior de todo menos algo bonito. Tengamos en cuenta que fue llanos (de la mano de Arancha Quiroga) quién despojó a ese Ente pensante de su flamante secretaría general "Pop" que le adjudicó dedocráticamente Antonio Basagoiti.

Mientras la justicia española estrecha el cerco sobre 52 imputados del "Caso Gürtel", Oyarzábal pide al PNV que aclare cómo se mantienen 200 sedes, aunque admite que no tiene pruebas. Sólo con esto último se descalifica. A ver si me aclaro, ¿Si yo digo que él es un ladrón, reconozco no tener prueba alguna y lo lanzo a los cuatro vientos, actuaría judicialmente contra mí? Lo lógico es normal es que así lo hiciera, como lo lógico y normal sería que lo hiciesen los Servicios jurídicos del Partido Nacionalista Vasco.

Como decía con antelación, me hago eco de noticias aparecidas en Prensa escrita (en este caso en el Diario DEIA) cuando, abundando en lo anterior, podemos leer: "Los tribunales no están dando buenas noticias al PP, y en las últimas jornadas se han acumulado decisiones judiciales que han puesto en entredicho la honorabilidad de algunos de sus excargos. El expresidente balear, Jaume Matas, ha ingresado en la cárcel; el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha sido condenado a prisión; y el próximo año arrancará el juicio contra 45 imputados por el caso Gürtel, que trata de aclarar si algunos excargos populares y administraciones públicas gestionadas por el partido recibieron regalos o comisiones a cambio de adjudicar contratos. En la causa están imputados tres extesoreros de la formación. En ese incómodo escenario, la revelación del expresident catalán Jordi Pujol, quien admitió haber ocultado al fisco una herencia familiar durante 34 años en cuentas bancarias en el extranjero, ha podido alejar el foco del PP. El partido, además, lo ha aprovechado para tratar de desprestigiar la vía soberanista de Catalunya y, de paso, para tratar de salpicar al PNV asegurando que los nacionalismos gobiernan sus territorios como si fueran su cortijo, y que esa concepción podría desembocar en comportamientos irregulares. El parlamentario del PP de la CAV Iñaki Oyarzábal fue más allá ayer al dejar caer sin pruebas que los 200 batzokis del PNV no han podido financiarse con métodos del todo transparentes."

Oyarzabal, quién tienen una ojeriza enfermiza a Llanos dijo lo expuesto en una improvisada rueda de prensa en Gasteiz en mismo día de La Blanca. Desconozco si el puro y el champán tuvieron algo que ver, pero si efectuó esas desafortunadas declaraciones después de que Llanos opinara que en Euskadi podría haber más casos Pujol.

Oyarzábal deja claro que no tiene datos para denunciar al PNV ante los tribunales (pero sí ante la opinión pública), y dice que que no tener esas pruebas no implica que no le resulte “sospechoso” que el PNV tenga “200 sedes en el País Vasco que cuestan cientos de millones de euros”. Y sigue con su denuncia: “Igual no tienen el dinero en Suiza, pero de algún sitio ha salido el dinero que permite que un partido con la cobertura de tres territorios pequeños tenga esa capacidad financiera. Eso exigiría una explicación”.

Tras matizar que el PP de la CAV solo tiene tres sedes (desconozco qué ha sido de la de Getxo, la de Barakaldo o la de Irun) se olvidó por completo de otros datos, que perfectamente conoce, pero que no le encajan en su discurso falso y ponzoñero.

Esos datos no son otros más que el PNV (como otras formaciones políticas y sindicales) recuperaron el patrimonio que les fue incautado en el anterior Regimen franquista (y germen originario del Partido Popular. Y lo que no se pudo recuperar, fue debidamente (salvo excepciones) indemnizado por el Estado. De ahí puede venir ese patrimonio que el denuncia como "sospechoso". de ahí y del esfuerzo de cientos de militantes del PNV (y de otras formaciones sindicales y políticas, por ejemplo del Partido Socialista) que levantaron sus sedes literalmente con sus propios medios, su trabajo y, en ocasiones, su propio dinero.

Le sugeriría a este señor y, de paso, a su secretaria del PP vasco que, como parlamentarios vascos que aún siguen siendo, colaborasen en, por ejemplo, recuperar la incautada sede del Gobierno Vasco en París (renconvertida ahora en sede del inoperante Instituto Cervantes) y que es patrimonio del Pueblo vasco. No del PNV. No. Esa patraña ya lo he oído en más de una ocasión precisamente a gentes del PP. Es una sede del Gobierno vasco y, por ende, de TODO el Pueblo vasco. Una sede, que en pleno siglo XXI, se puede considerar incautada por los antecesores políticos de Llanos y Oyarzábal.

Termino. Sigo sin ver esos papeles sobre la hipoteca y la reforma del PP en Bilbao. Cuando se lo preguntaron a Oyarzábal en sede parlamentaria, ¿saben lo que hizo? Pues enrroscarse en lo de los 200 batzokis.

Curioso.

Human Rights Watch: Venezuela ante el Comité de DDHH de la ONU.

Presentado al Comité de Derechos Humanos de la ONU en preparación para su examen de Venezuela a realizarse previo a su período de sesiones

Human Rights Watch reconoce la importancia del próximo examen de Venezuela a cargo del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Este documento presenta aquellos aspectos que consideramos más preocupantes con respecto al cumplimiento por parte de Venezuela del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Esperamos que sea tenido en cuenta durante el examen de Venezuela que realice el Comité antes del período de sesiones y que los aspectos problemáticos que aquí se destacan se reflejen en la lista de cuestiones planteadas al gobierno venezolano con anterioridad al examen.

Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes (artículos 7, 9, 10 y 21)

A partir del 12 de febrero de 2014, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima en respuesta a manifestaciones contra el gobierno, lo cual incluyó violentas golpizas a manifestantes que no estaban armados y a transeúntes. Dispararon armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud, y en algunos casos dispararon perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades.

También permitieron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con las pandillas.

En incidentes que involucraron tanto a fotógrafos profesionales como a personas comunes que habían estado tomando fotografías o filmando enfrentamientos entre integrantes de fuerzas de seguridad y manifestantes, el objetivo de los abusos parece haber sido impedir que estas personas documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las fuerzas de seguridad, o castigar a quienes intentaban hacerlo.

En muchos casos las personas detenidas permanecieron incomunicadas en bases militares durante 48 horas o períodos mayores antes de ser llevadas ante un juez. En general, los detenidos sufrieron una variedad de abusos que incluyeron severas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y ser obligados a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, durante varias horas. En algunos casos, los maltratos claramente constituyeron tortura.

Que estos abusos hayan sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares en tres estados y en la capital (incluso en entornos controlados como establecimientos militares y otras instituciones estatales, y durante un período de varias semanas) avala la conclusión de que los abusos formaron parte de una práctica sistemática.

Para obtener más información, ver: http://www.hrw.org/es/reports/2014/05/05/castigados-por-protestar

Ausencia de independencia judicial y garantías de debido proceso (artículo 14)

El Presidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia. Desde entonces, el poder judicial ha dejado, en gran medida, de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno y emitieron reiteradamente pronunciamientos a favor de este, avalando así la indiferencia del gobierno por los derechos humanos.

El proceso penal contra la jueza venezolana María Lourdes Afiuni luego de que esta dictara en 2009 una sentencia contra el gobierno ha repercutido en la independencia de los jueces de tribunales inferiores. En diciembre de 2009, Afiuni fue detenida el mismo día en que concedió la libertad condicional a un crítico del gobierno que había permanecido en prisión preventiva durante casi tres años, acusado de corrupción. Si bien el pronunciamiento de Afiuni daba cumplimiento a una recomendación emitida por un organismo internacional de derechos humanos —y era acorde con el derecho venezolano— un juez provisorio que había declarado públicamente su lealtad al Presidente Chávez dispuso su procesamiento por corrupción, abuso de autoridad y “favorecimiento para la evasión”. Afiuni permaneció más de un año en una cárcel de mujeres donde las condiciones eran deplorables, y más de dos años bajo arresto domiciliario. En junio de 2013, se le concedió la libertad condicional, pero a la fecha de redacción de este documento, continúa la causa penal en su contra.

Para obtener más información, ver: http://www.hrw.org/es/node/109538/section/3

Durante las manifestaciones que se desarrollaron desde el 12 de febrero de 2014, algunos funcionarios judiciales incumplieron su rol de garantes frente a abusos de poder y, en vez de ello, participaron en graves violaciones del debido proceso. Human Rights Watch entrevistó a decenas de víctimas a quienes se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales, que a menudo se programaron a altas horas de la noche. Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso de evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos físicos o que miembros de las fuerzas de seguridad les habían colocado pruebas para incriminarlos.

Asimismo, el gobierno de Venezuela ha procurado insistentemente atribuir los sucesos violentos ocurridos durante las manifestaciones a sus opositores políticos, o simplemente a la oposición en su conjunto, sin aportar pruebas creíbles. Por ejemplo, el gobierno acusó al líder de oposición Leopoldo López de ser el “autor intelectual” de las muertes relacionadas con las protestas del 12 de febrero. El Ministerio Público actuó rápidamente para conseguir su arresto en relación con varios presuntos delitos, entre los cuales se incluía inicialmente el de homicidio, pero que posteriormente retiró cuando trascendieron grabaciones de video donde se mostraba a miembros de las fuerzas de seguridad disparando contra manifestantes que no estaban armados. A principios de junio, un juez provisorio (es decir, sin garantía de estabilidad en el cargo) dispuso que López y dos estudiantes acusados de ser los autores materiales de los delitos presuntamente cometidos por este permanecerían detenidos durante el juicio. (Uno de ellos fue liberado condicionalmente semanas más tardes por cuestiones médicas). Tras mantener a López en una prisión militar durante meses sin aportar evidencias creíbles que justificaran su detención, su juicio comenzó el 23 de julio.

De manera similar, el Ministerio Público también ha conseguido que se dictara una medida de prohibición de salida del país a la líder opositora María Corina Machado, y que se libraran órdenes de arresto contra otras figuras de oposición, mientras que el Tribunal Supremo ha juzgado en forma sumaria y condenado a prisión a dos alcaldes opositores, en procesos judiciales que no respetaron garantías básicas de debido proceso.

Para obtener más información, ver: http://www.hrw.org/es/reports/2014/05/05/castigados-por-protestar

Libertad de expresión (artículo 19)

El gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su potestad de regular los medios de comunicación durante la última década. Si bien en algunos periódicos y estaciones de radio aún es habitual que se critique fuertemente al gobierno, se ha generalizado la autocensura por temor a sufrir represalias.

En 2010, la Asamblea Nacional reformó la ley de telecomunicaciones para conceder al gobierno la facultad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”. También amplió a Internet el alcance de una ley de responsabilidad social de medios de comunicación, que había sido adoptada en 2004 y contaba con contenido restrictivo, permitiendo así la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación”, una ofensa definida de manera sumamente imprecisa. Anteriormente, las reformas incorporadas al Código Penal en 2005 habían ampliado el alcance y la severidad de las normas sobre difamación que penalizan las expresiones que se consideran ofensivas para funcionarios gubernamentales de alto rango.

El gobierno ha adoptado medidas enérgicas para reducir la disponibilidad de medios de comunicación que ofrecen una programación crítica. El canal de televisión privado más antiguo de Venezuela, RCTV, que fue arbitrariamente retirado de la señal de aire pública en 2007, fue obligado en 2010 a dejar de transmitir a través de la televisión por cable.

Posteriormente, el gobierno aplicó sanciones administrativas contra Globovisión, que durante años fue el único canal importante que mantuvo una línea crítica contra Chávez. El órgano gubernamental que regula a los medios de comunicación inició nueve investigaciones administrativas contra el canal. En un caso, aplicó una multa de US$ 2,1 millones a Globovisión por haber presuntamente violado la ley de responsabilidad social de medios al difundir imágenes de un motín que tuvo lugar en una cárcel en 2011. En abril de 2013, Globovisión fue vendido a sectores afines al gobierno debido a que, según señaló su propietario, se había convertido política, económica y jurídicamente inviable. Desde entonces, ha reducido considerablemente su programación crítica.

El gobierno también ha adoptado medidas arbitrarias de censura y sanción contra otros medios de comunicación. Por ejemplo, en un caso iniciado por la Defensoría del Pueblo, un tribunal especializado de minoridad fijó una multa al periódico El Nacional en agosto de 2013 por haber publicado en primera plana una fotografía que mostraba una decena de cuerpos desnudos en la morgue de Bello Monte, en Caracas. La imagen acompañaba un artículo sobre armas ilícitas y violencia, dos de los temas que más preocupan a la opinión pública en Venezuela. Desde que la fotografía se imprimió en 2010, el tribunal prohibió al periódico que publicara “imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas, imágenes que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes que tienen residencias en la República Bolivariana de Venezuela”.

En noviembre de 2013, el órgano que regula a los medios de transmisión inició una investigación administrativa contra ocho proveedores de Internet por haber permitido que en sitios web se publicara información sobre el tipo de cambio extraoficial, y amenazó con revocar su licencia si no bloqueaban inmediatamente los sitios. Varios días después, pidió a Twitter que suspendiera cuentas vinculadas con estos sitios web.

En enero de 2014, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentó una acción penal por difamación contra un ciudadano venezolano que había publicado una nota de opinión en el períodico Tal Cual, y contra cuatro miembros de la junta directiva de la empresa propietaria de este medio, incluido un miembro que también es el editor del periódico. El artículo, publicado el 17 de enero, incluía información de fuentes extraoficiales sobre la cantidad de personas que habían sido asesinadas en el país durante 2013, e indicaba que Cabello había señalado: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”. La nota iba acompañada por una caricatura de Cabello, que se despedía con las manos y los bolsillos llenos de dinero, según se indica en la demanda. Cabello argumentó que él no dijo la frase que se le atribuye y que el artículo afectaba su reputación. Un tribunal penal admitió el caso y dispuso que los cinco hombres tendrían un régimen de presentación semanal ante el tribunal y que no podrían salir del país sin su autorización hasta que concluyera el proceso.

Para obtener más información, ver: http://www.hrw.org/es/node/109538/section/4

Defensores de derechos humanos (artículos 2.1, 3 y 22)

El gobierno venezolano ha intentado marginar a los defensores de derechos humanos del país acusándolos reiteradamente de procurar atentar contra la democracia venezolana con la colaboración del gobierno de Estados Unidos. En 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que recibieran financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por traición a la Patria. A su vez, también en 2010 la Asamblea Nacional sancionó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.

Para obtener más información, ver: http://www.hrw.org/es/node/109538/section/5 

Condiciones carcelarias (artículo 10)

A pesar de la creación en 2011 del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, que fue mencionado por el gobierno de Venezuela en su informe de 2012 ante el Comité de Derechos Humanos, las cárceles venezolanas siguen estando entre las más violentas de América Latina. Diversos factores como seguridad deficiente, deterioro de la infraestructura, sobrepoblación, falta de personal suficiente y capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas tomen el control de las cárceles. Cada año se producen cientos de muertes violentas en estos establecimientos. Por ejemplo, en enero de 2013, al menos 56 internos y un efectivo de la Guardia Nacional murieron durante un enfrentamiento entre presos y miembros de esta fuerza, luego de que las fuerzas de seguridad aplicaran la fuerza letal en el transcurso de una requisa efectuada para buscar armas en la cárcel de Uribana, en el estado de Lara. A causa de los sucesos, 46 internos gravemente heridos debieron ser hospitalizados.

Discriminación política (artículo 26)

La discriminación política asola desde hace tiempo a Venezuela. Durante décadas, el clientelismo y los beneficios políticos se dividieron entre los partidos, a expensas de grandes sectores de la sociedad venezolana. Hugo Chávez asumió la presidencia en 1998, en parte, gracias a la promesa de liberar a Venezuela de sus enquistados patrones de exclusión política. Si bien su gobierno logró desarraigar el sistema establecido de discriminación política, posteriormente lo sustituyó con nuevas formas de discriminación contra adversarios políticos reales y contra aquellos que eran percibidos como tales.

El gobierno de Chávez proclamó un compromiso de inclusión política, pero discriminó abiertamente a quienes no compartían sus puntos de vista. Algunos funcionarios del gobierno apartaron del empleo público de carrera a gran cantidad de detractores, depuraron a la compañía petrolera estatal de empleados disidentes y calificaron a críticos como subversivos que merecían un tratamiento discriminatorio.

La discriminación política en el gobierno de Chávez fue más pronunciada luego del referendo revocatorio de 2004 para decidir sobre la continuidad de Chávez como presidente. Los ciudadanos que ejercieron su derecho de convocar a referendo —invocando para ello uno de los nuevos mecanismos de participación que Chávez defendió durante la redacción de la Constitución de 1999— fueron amenazados con sufrir represalias y con ser incluidos en listas negras para impedirles el acceso a ciertos empleos y servicios del gobierno. Luego de calificar a la iniciativa del referendo como un acto “contra la Patria”, Chávez ordenó a las autoridades electorales que le proporcionaran al legislador Luis Tascón una lista con todos los nombres de quienes habían firmado la petición de referendo, que se hizo pública a través de Internet. La “lista Tascón”, así como una lista aún más detallada de las afiliaciones políticas de todos los venezolanos llamada el “programa Maisanta”, fueron usadas por autoridades públicas para discriminar políticamente a opositores del gobierno. (Hubo también denuncias de que empleadores en el sector privado utilizaron las listas para discriminar a partidarios de Chávez).

La discriminación política de trabajadores en instituciones del Estado continuó tras la muerte de Hugo Chávez. En abril de 2013, el Ministro de Vivienda Ricardo Molina instó a todo el personal del ministerio que apoyara a la oposición a renunciar a su cargo, y advirtió que despediría a cualquiera que criticara al Presidente Nicolás Maduro, Chávez o la “revolución”. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello recibió denuncias que afectan a cientos de trabajadores de instituciones públicas —incluida la empresa petrolera del Estado, el servicio de administración aduanera y tributaria y las empresas de electricidad estatales— a quienes presuntamente se amenazó con la posibilidad de perder su puesto por apoyar a Henrique Capriles Radonski o por no haber apoyado abiertamente al gobierno tras las elecciones en abril.

Para obtener más información, ver: http://www.hrw.org/es/node/76273/section/3

Derechos laborales (artículo 22)

Durante años, el gobierno ha prometido que reformaría las leyes laborales y electorales relevantes para restringir la interferencia del Estado en las elecciones sindicales. En abril de 2012, el entonces Presidente Chávez adoptó por decreto una nueva ley del trabajo. Si bien la ley dispone que los sindicatos tienen libertad para convocar a elecciones sin ninguna interferencia, establece el sistema de votación que los sindicatos deberán incorporar en sus estatutos, además de fijar una duración máxima de los mandatos sindicales. Estas disposiciones limitan la plena libertad de la cual deberían gozar los sindicatos conforme al derecho internacional para adoptar sus propios documentos constitutivos y normas, y elegir a sus representantes.

ConflictoVe. Fuente: http://www.hrw.org/es/news/2014/07/29/venezuela-ante-el-comite-de-ddhh-de-la-onu

Don Manuel de Irujo (EAJ/PNV), en 1930.

Era el año 1930. Al tomar posesión de la diputación, los diputados forales navarros tienen que jurar ante los Evangelios defender la Ley Paccionada de 1841.

Y al hacer el juramento dije:

- "Este juramento se refiere exclusivamente a las relaciones normales entre el Estado y la Diputación, porque yo tengo como programa el de la Reintegración Foral Plena, con derogación de la Ley de 25 de Octubre de 1839, en aplicación de la cual se hizo la Ley del 41. Quiero que conste esto, para que, si la ocasión llega no falte yo al juramento prestado...".

Nada más acabar, Baleztena, diputado carlista, dijo:

-"Yo hago mías todas las palabras de Irujo... Estoy totalmente de acuerdo...".

No quedó ahí la cosa. Uno de los diputados, José María MODEM, liberal-monárquico, dirigiéndose a mi dijo:

-"De modo que lo que lo que usted quiere es volver al Reino de Navarra" ...
-"Si, señor" ...
-"Con su moneda" ...
-"Si, señor" ...
-"Con sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial" ...
-"Si, señor" ...
-"Con su independencia y separación de España" ...
-"Si, señor" ...
-"Unidos sólo en la persona del Rey" ...
-"Si, señor" ...
-"Eso es separatismo" ...
-"Mire usted, amigo Modem, desde 1515 hasta 1839 Navarra ha vivido en esa condición. Lo mismo Vizcaya, Alava y Guipuzcoa; en condiciones similares. Nadie le llama separatismo. Ahora eso lo llama usted...".

Retrasando marranadas....

Lekeitio y Ondarroa retrasan su modelo de gestión de basura. Los dos pueblos gobernados por Bildu posponen el sistema ante la proximidad de las elecciones.

O sea, que como comenta Sandra Atutxa en el Diario DEIA, los vecinos de las localidades bizkainas de Lekeitio y Ondarroa seguirán con el actual sistema de recogida de basura al menos hasta 2016.

Es curioso que, si tan convencidos están (por empatía política con algunos municipios gipuzkoanos) renuncien a ese "espectacular" sistema (que yo vengo llamando marranada) por un mero interés electoral..

Lo cierto es que, según la citada fuente,  los responsables de los dos municipios gobernados por Bildu han comunicado a la Mancomunidad de Lea Artibai que no implantarán el Puerta a Puerta en Ondarroa y el sistema de contenedores controlados en Lekeitio ante la proximidad de las elecciones. En opinión de los responsables de ambos municipios la implantación de los dos sistemas de recogida requiere de dos meses de adaptación y tienen previsto mantener reuniones con los vecinos para conocer su opinión. Sin embargo, consideran que este proceso de debate no se puede realizar correctamente en época electoral. Por eso, ante esta decisión han solicitado a la Mancomunidad de Lea Artibai que renueven los actuales pliegos, para adjudicar -hasta el 1 de enero de 2016- a otra empresa los trabajos de recogida de basura en Lekeitio y Ondarroa. El tiempo transcurre y la recogida de residuos de Lea Artibai no deja de estar sumida en la polémica. Por de pronto, los vecinos de Ondarroa seguirán depositando sus residuos en contenedores.

En enero la Mancomunidad de Lea Artibai prorrogó nueve meses -hasta octubre- la concesión para poder cumplir con todos los trámites administrativos. Así, dio libertad a sus municipios para diseñar su propio modelo. En este panorama, Bildu y PNV difieren sobre los modelos de gestión que se deben implantar en los siete pueblos que integran la mancomunidad. Mientras que Bildu llama a incrementar la tasa de reciclaje optando por analizar la viabilidad del Puerta a Puerta en Ondarroa, y la colocación de contenedores de acceso controlado de diferentes características en Lekeitio y Markina, el PNV aboga por implantar un quinto contenedor marrón voluntario en Ispaster, Etxebarria y Ziortza-Bolibar. Los jeltzales de la comarca han lamentado en contadas ocasiones la falta de rigor de Bildu en la gestión de residuos, ya que en su opinión anteponen “los intereses partidistas por encima del interés general”.

La decisión de los responsables de Lekeitio y Ondarroa de frenar, por el momento, los dos modelos de gestión de residuos elegidos no hace más que alargar el debate que debería estar resuelto desde marzo de este año. En este sentido, y dado el proceso burocrático que es preciso llevar a cabo para la adjudicación de una nueva empresa que se encargue de la recogida de los residuos, todo apunta a que en octubre - cuando expira la actual concesión - deberán solicitar otra prórroga a la espera de que los municipios gobernados por Bildu terminen por instalar sus modelos de recogida.

En resumen. Si yo, como gestor (o regidor), estoy convencido de la viabilidad de un sistema, intereses electorales al margen, lo aplico ya que el Pueblo me ha facultado para decidir sobre tales menesteres. Si lo pospongo significa que no tengo muy claro que mis propios electores quieran implementar dicho sistema.

Conclusión.... o se cumple el programa electoral o no se cumple. Poco capacitados quedan quiénes prometen y no cumplen por aferrarse al sillón municipal. Al menos, ya no se "decoran" con pintura las sedes consistoriales. vamos, que ya no cuela ni con pancartas ni asambleas en frontones "a la búlgara".

Hay gentes que tienen de demócratas lo que yo de marciano. Y soy de Bilbao, que es el centro del Universo interplanetario... Pero nunca marciano.

Mayor Oreja (el de la "placidez"...)

No es que sea -especialmente- seguidor de mi colega blogger que edita http://undebateenmicabeza.blogspot.com.es/ ya que ni soy revolucionario, ni "sozialista" (con "Z) ni mucho menos "Bolivariano" pero coincido totalmente con lo que expresa en su Bitácora. Es ésto: después de la sanidad y la educación, ahora le llega el turno a la seguridad. El Gobierno ha sacado una proyecto de ley que dejaría en manos de empresas de seguridad privada labores que hasta ahora eran competencias exclusivas de los cuerpos de seguridad del estado. ¿A que puede responder esta ley? ¿A quién beneficia? ¿Quienes se encuentran detrás de estas empresas?

Mayor Oreja y la Seguridad Privada

Muchos políticos tienen intereses en la seguridad privada y en empresas relacionadas con el sector. El caso más conocido es el del eurodiputado del PP y exministro del interior con, Jaime Mayor Oreja. Mayor Oreja representa a la derecha más rancia y retrograda dentro del Partido Popular. Se ha negado en reiteradas ocasiones a condenar el franquismo alegando que “forma parte de la historia de España”, “representa a un sector muy amplio de españoles” y que “muchas familias lo vivieron con naturalidad y normalidad”. Además ha calificado el franquismo como “un periodo de extremada placidez”. Con respecto al aborto ha manifestado que “es algo propio de los bolcheviques”. Al mismo tiempo que hacía todas esas declaraciones, criticaba a la Izquierda Abertzale por no condenar a ETA.

Jaime Mayor Oreja.

Pues bien; Mayor Oreja es probablemente una de las personas que más beneficios económicos ha podido obtener gracias a la actividad de ETA. La labor de escolta y de protección de edificios oficiales fue asumida en un primer momento por la Ertzaintza y otros cuerpos policiales del Estado pero con el tiempo, muchos de esos servicios fueron subcontratados a empresas de seguridad privada. José María Mayor Oreja, hermano del ex ministro, ha sido presidente de las compañías de seguridad “Falcom Contratas y Seguridad SA” y Falcon Servicios de Seguridad Integral. Hasta 1995 fue apoderado de “Protección y Custodia SA” que posteriormente pasaría a formar parte del grupo “Prosegur”. También fue administrador de “Segurotec SA”. Asimismo ha sido consejero de la sociedad “Técnicas Especiales de la Construción” dedicada a la prestación de servicios de vigilancia, protección y seguridad de empresas. El propio Jaime Mayor Oreja fue asociado de “Estudios y Experiencias SL”, una empresa asociada con “Segurotec SA” y “Protección y Custodia SA”. Purificación Mayor Oreja también fue socia de “Estudios y experiencias SL”. Marcelino Oreja, también pariente del ex ministro, fue apoderado de “Falcon Contratas” y “Seguridad SA”.

Todas las empresas mencionadas han prestado servicios directa o indirectamente y de forma subcontratada, en la protección de edificios oficiales y de personalidades políticas y personas amenazadas. Viendo todo esto uno se pregunta si el empeño que Jaime Mayor Oreja ha puesto siempre en obstaculizar y entorpecer cualquier diálogo de paz con ETA, se debe a su ideología franquista y de extrema derecha o a los réditos económicos que obtiene gracias a la violencia. Actualmente su partido anuncia una futura ley que sin lugar a dudas beneficia a las empresas de seguridad privada al permitirles ampliar su espectro de actuación. Esta sospecha se hace más fuerte si tenemos en cuenta que el cese de ETA ha traído consigo el desinfle del negocio de la seguridad privada. Por lo tanto la pregunta es: ¿Esta el PP utilizando el poder para beneficiar a empresas en las que sus miembros tienen claros intereses?. Creo que la respuesta a la pregunta es obvia. Viendo la trayectoria del partido gobernante desde que alcanzó el poder, es incluso una pregunta innecesaria, puesto que hemos podido comprobar en más de una ocasión el proceso de “puerta giratoria” al que están acostumbrados los dirigentes del Partido Popular. La lista es larga: Empresas eléctricas, empresas telefónicas, empresas farmacéuticas y médicas etc.

Levantina de Seguridad y la ultraderecha.

Levantina de seguridad es una empresa ubicada en Valencia y que cuenta con delegaciones en Madrid, Tarragona y Granada. Esta empresa se ha visto envuelta en varios escándalos y está estrechamente vinculada a la extrema derecha valenciana. José Luis Roberto, presidente de España 2000, es también copropietario de la empresa. Jose Luis, es un conocido miembro de la extrema derecha española y durante la transición fue detenido por la colocación de dos bombas en un acto independentista. El Secretario General de España 2000 también está vinculado con Levantina de Seguridad y es miembro de la Asociación Patronal Valenciana de Seguridad y Servicios. José Cercos, también miembro de del Consejo Nacional de España 2000 es el director de inspectores de Levantina de Seguridad. Otros muchos miembros de la formación ultra trabajan como vigilantes de la empresa de seguridad y en ocasiones se han presentado como candidatos en las listas de España 2000. Es el caso de David tejedor y Ramón Barnes, candidatos de España 2000 al senado en 2011. Ricardo Bartolomé Martinez y Rafael Gimenez Gimenez, trabajadores de Levantina de Seguridad, fueron candidatos de la formación ultra, al Congreso y a las Corts Valencianas respectivamente.

Entre los escándalos en los que se ha visto involucrada Levantina de Seguridad, se encuentran haber presionado a algunos de sus trabajadores a afiliarse a la Falange, hechos por los que fue condenada en 1998. Anteriormente Levantina de Seguridad ya había sido condenada y enjuiciada por hechos similares. Además numerosos de sus empleados han sido juzgados y condenados por diferentes agresiones y la empresa fue multada en el año 2002 por defraudar a la seguridad social. Con semejante historial es muy difícil pensar que una empresa de estas características pueda ejercer de protección para el pueblo en sustitución de la policía. Permitir a un grupo ultra como España 2000, detener e identificar en la vía pública y ejercer otras funciones hasta ahora encomendadas a las fuerzas de seguridad, es un crimen en sí mismo.

Prosegur.

Quizás la empresa de seguridad más conocida en el Estado Español sea Prosegur. Esta empresa se encarga de la vigilancia de numerosas instalaciones públicas como suburbanos, edificios oficiales y centros comerciales, además de encargarse del transporte de caudales y de la instalación de diferentes sistemas de seguridad. Prosegur se fundó en Argentina en los 70 de la mano del empresario Amadeo Francisco Juncadella, un hombre con estrechos vínculos con la dictadura Argentina. Tras absorber a otras empresas dedicadas a la seguridad y el transporte de caudales, Prosegur pasó a convertirse en la empresa referencia de este ramo en el país latinoamericano.

Más adelante se fundaría Prosegur Internacional, en la que el empresario Herberto Gut pasaría ocupar puestos de suma importancia. Anteriormente, Gut había trabajado para la empresa Pittsburgh & Cardiff, dedicada a la venta de armamento. En 1975, solamente tres semanas del golpe militar de Argentina, Herberto Gut se desplaza a España para fundar una filial de Prosegur. Una vez allí, establece lazos con importantes representantes de la dictadura franquista. Ya después de la transición, Prosegur cuenta con vínculos importantes con personajes como el ex ministro del interior Martín Villa. Rafael Arias Salgado, Ministro de la Administración Territorial durante la época de Adolfo Suarez en la presidencia, pasará a ser presidente de Prosegur a partir del año 1982. Es en ese año cuando Gut consigue hacerse con el control completo de Prosegur y hace sospechosos negocios con Mario Conde, llegándose a hablar de lavado de dinero procedente del narcotráfico y la venta ilegal de armas.

Los vigilantes de Prosegur, al igual que los de otras empresas privadas, también se han visto envueltos en numerosos escándalos por agresiones. Entre las más graves se encuentra la muerte de una persona tras ser reducida y esposada por vigilantes de Prosegur en el metro de Madrid. Los tintes racistas y xenófobos de estas agresiones son evidentes, llegando a disparar un vigilante de esta empresa contra una mujer angoleña de 40 años. Las denuncias por agresiones injustificadas contra personas extranjeras son abundantes desde que Prosegur tiene la concesión de vigilar las instalaciones del suburbano madrileño.

Conclusión.

Las empresas privadas surgen con el fin de obtener beneficios económicos. Por esta razón no se puede esperar que una empresa de seguridad privada priorice el bienestar general a los suyos particulares. Por otro lado son evidentes las conexiones de la derecha con este tipo de empresas. Dejando aparte los intereses económicos que pueda tener el partido gobernante al privatizar ciertos servicios gracias a la nueva ley, sin duda todos estos movimientos nos acercan cada vez más a un estado totalitario de facto en el que diariamente se recortan los derechos más elementales. Todas las medidas impulsadas por el PP desde su llegada al Gobierno, nos conducen en esa dirección, hasta el punto de que numerosos organismos internacionales han dado la voz de alarma ante esta deriva.

Nota del editor:

Prosegur se hace cargo de la Seguridad en los controles de acceso del Ayuntamiento de Bilbao, entre otras instituciones vascas. también en el Estadio de San mamés (como ya se denunció desde ésta líneas), en diferentes tramos de Metro Bilbao y otras instalaciones de empresas públicas o para-públicas. Tampoco es raro que, yo mismo, haya denunciado esta especie de beneficio en diferentes Medios de Prensa escrita, Radio o Televisión.

No es novedad que interpuse una querella criminal por enaltecimiento del terrorismo franquista contra éste personaje pero que, al ser aforado en virtud a su cargo de (absentista) europarlamentario, la misma fue sobreseída. Por recordarlo, este facha vino a decir que "durante el franquismo, en Euzkadi se vivió en un clima de palcidez". Teniendo en cuenta que esa "placiedez" hizo que mi propia madre naciese en la cárcel (qué culpa tendría una recién nacida, como a las que ahora tanto sobreprotege otro compañero retrógrado de su aún partido como el yerno de utrera Molina, Ruíz-Gallardón) procedí a su demanda. Y salió de rositas. A ver si ahora mueve ficha el facha.