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jueves, 13 de febrero de 2014

Contra la eliminación de la Jurisdicción Universal.

Amnistía Internacional, junto con otras 16 organizaciones, ha entregado una carta en el Congreso de los Diputados para exigir a los Grupos Parlamentarios que rechacen la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la jurisdicción universal, que limitaría la capacidad de los tribunales españoles para investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional como genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad, desaparición forzada y tortura. Amnistía Internacional ha solicitado Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la retirada de la Proposición de Ley.

Si saliera adelante, España estaría contraviniendo las normas del derecho internacional que determinan que algunos crímenes son tan atroces que los Estados tienen la obligación de investigarlos y enjuiciarlos, o de extraditar a la persona sospechosa de cometerlos en caso de encontrarse en su territorio. Entre dichos convenios se encuentran el Convenio de Ginebra, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; o la Convención Contra la Tortura o Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Las limitaciones establecidas en la reforma propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, que profundizan aún más la reforma de la jurisdicción universal de 2009, son las siguientes:

Con respecto a los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra el proyecto de ley requiere que el sospechoso sea español o extranjero residente en España.

Con respecto a la tortura y desaparición forzada, se requiere que el sospechoso sea un ciudadano español o que la víctima sea española en el momento en que se cometió el delito y que el sospechoso esté presente en España.

También establece que España también puede procesar los crímenes de derecho internacional en los que el sospechoso sea un extranjero en territorio español si su extradición hubiera sido denegada, si así lo impone un tratado vigente para España.

Las organizaciones firmantes instan al Parlamento a asegurarse que cualquier reforma del marco jurídico actual sea consistente con las obligaciones internacionales y el propósito de la jurisdicción universal, para asegurar la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad.