Con la SGAE en los talones.

Según expone Concha Lago en el Diario de Noticias de Bizkaia-Deia (30.01.10), su faceta recaudatoria, que alcanza a peluquerías, hospitales, residencias de ancianos e incluso fiestas populares, convierte a la principal entidad de gestión de derechos en la institución más impopular.

Le acusan de espiar en las bodas, de facturar a las rondallas, de pasar la gorra en las residencias de ancianos o de cobrar en conciertos benéficos. Ahora, el escándalo le ha estallado en la cara con el cobro a las peluquerías por poner la radio o la tele. En sus más de cien años de historia, la SGAE, la entidad de gestión que más recauda (hay otras siete), nunca había sido tan criticada y tan vilipendiada.

Pero ha sido el Ministerio de Cultura el que le ha otorgado la potestad para recaudar dinero allí donde suene o pueda sonar música de uno de sus asociados. Por eso, cualquier utilización de su repertorio (y tienen 5,5 millones de títulos) que se use para amenizar, debe pasar por caja. La SGAE ha protagonizado requerimientos económicos tan insólitos como polémicos. No se libran las asociaciones de vecinos, los pasacalles, las dianas, las fiestas populares, las fondas y ni siquiera... los sex shops. Nadie escapa del Gran Hermano de la recaudación. Hasta los hospitales tienen que pagar.

Las tarifas de la SGAE representan casi 180 páginas de lista de precios con un detalle absoluto. Así, en el caso de las bandas municipales, si el municipio tiene menos de 3.000 habitantes, la tarifa por acto asciende a 35,28 euros y si superan los 15.000, cobran más de setenta. Todo el mundo tiene que pasar por taquilla, hasta una furgoneta que venda patatas con una megafonía y que se le ocurre llevar música: 5,36 euros por día.

Aunque la propia SGAE reconoce que no ha podido sustraerse a los efectos de la crisis, en 2008 -último ejercicio disponible-, la organización ha repartido entre sus administrados 363,2 millones de euros. Los derechos más importantes en términos de recaudación son los de comunicación pública (reproducción de una creación en conciertos, bares, discotecas, parques temáticos, etc.), que supone más del 60%, seguido del de copia privada, el famoso canon digital, que supone el 20% de la recaudación y de los de reproducción y distribución (la grabación y venta de discos, un 17,6%).

El uso musical o audiovisual por cualquier medio tiene un baremo de tarificación en función de los metros del local, de los asistentes al acto, del aforo del establecimiento o del número de socios. Por ejemplo, un chicharrillo popular cotiza el 10% de los gastos necesarios para su celebración, un aeropuerto paga en función de sus operaciones y una bolera en función de las pistas. Un suma y sigue.

Así las cosas, la entidad está en boca de todos. Y no con palabras precisamente suaves. Los más diplomáticos los llaman casta de protegidos, los internautas la llaman "cueva de ladrones" y en algunos casos se oye la palabra mafia. Ignacio Casado, director de la SGAE en la zona norte, mantiene que la sociedad sólo se dedica a velar por los intereses de los autores, que se cumple escrupulosamente la ley y que el dinero recaudado va a parar a sus legítimos destinatarios.

En concreto, casi 95.000 socios que este año podrían superar los 100.000 entre autores, editores, herederos y cesionarios. Así, en 2008, la obra que más dinero generó fue Hoy no me puedo levantar y el cantante que más dinero dejó con un concierto fue Bruce Springsteen. La pieza musical más interpretada en vivo fue Paquito Chocolatero y la más pinchada en las discotecas, Las de la intuición, de Shakira.

Uno de los principales caballos de batalla ha sido el controvertido canon digital, concebido para combatir la piratería. La ley de Protección Intelectual, aprobada en 2006, establece que cualquier soporte idóneo para grabar y reproducir archivos genera dicho canon. Esto incluye cd y dvd, así como mp3, móviles, grabadoras de discos y otros instrumentos tecnológicos. En concreto, asciende al 8% sobre precio de venta al público para los soportes de audio y un 10% para los móviles, PDA o terminales que incorporen música para tono de llamada o para uso privado.

Las asociaciones de internautas reunieron más de un millón de firmas contra esta medida que, sin embargo, continúa vigente. Esta rebelión popular contra el afán recaudatorio de la SGAE llega también en un momento convulso en el terreno de la propiedad intelectual, con un Gobierno inmerso en la polémica suscitada por la ley que regulará el cierre de webs. De hecho, el intercambio de discos y películas por Internet también subyace en el enfrentamiento entre internautas y SGAE.

Los primeros defienden su derecho a la copia privada y a su libre intercambio, mientras la entidad de autores capitanea la cruzada contra lo que califican de piratería. "Queremos hablar de intercambio de archivos, del impulso a la sociedad de la información, pero con la SGAE no se puede porque sólo quiere hablar de dinero", afirma Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.

Enrique Dans, de la IE Business School, mantiene que la propiedad intelectual no es en modo alguno un derecho fundamental. "Montar un enorme aparataje legislativo y judicial para intentar combatir el declive de un modelo de negocio determinado es una auténtica barbaridad". Dans comparte la idea de los privilegios. "Permitir que un lobby industrial introduzca artículos a su antojo en un anteproyecto de ley revela un importantísimo problema de funcionamiento democrático".

Con el debate ya calentito, un reciente informe del Tribunal de la Competencia reavivó la controversia, al asegurar que el actual sistema de gestión de derechos es "monopolístico, opaco e injusto". La batalla no ha hecho más que empezar.