LOS CRÍMENES DE FRANCO EN EUSKAL HERRIA (Por: Iñaki Egaña)

Desde que las tropas de Franco se hicieron con el control del territorio vasco, lo que ya sucedió en algunos lugares el 18 de julio de 1936, la comunidad que resultaría vencida preparó, en la cárcel y en el exilio, la estrategia para la transmisión de su memoria. Decenas de revistas, volantes, informes y listas de prisioneros y ejecutados circularon clandestinamente por los núcleos de resistencia y oficialmente por las cancillerías europeas. Fue un caso excepcional entre los resistentes republicanos

Ya en 1939, un sindicato vasco lograba confeccionar la primera lista de ejecutados en los cuatro territorios vascos. Hasta que en 1986, la editorial y el equipo de investigación de Altaffaylla dio luz al monumental Navarra, 1936. De la esperanza al terror, los trabajos que circulaban se habían quedado ya obsoletos. El franquismo había terminado con la primera generación de resistentes, y las siguientes se dedicaron a animar nuevos proyectos.

Luego llegaron investigaciones renovadas, en lugares específicos como Andoain, Deba-Garaia, Gasteiz o Busturialdea. Hasta que, en 1998, la editorial guipuzcoana Aise publicó un trabajo enciclopédico titulado 1936. Guerra Civil en Euskal Herria, apoyado por Jimeno Jurío y Pierre Vilar y dirigido por el que escribe estas líneas. La enciclopedia, que condensó un gran esfuerzo humano y que rescató casi 160.000 nombres de la época, sirvió para realizar el primer mapa completo de la represión. Y, asimismo, como acicate para nuevos y numerosos trabajos locales, así como para sentar las bases de una nueva investigación.

Al calor de las reivindicaciones sobre la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas del franquismo, surgieron diversas asociaciones, un compromiso institucional por saldar deudas con el pasado (leve, según denuncias de diversos colectivos) y, sobre todo y en lo que nos interesa, una nueva ofensiva investigadora. Archivos desconocidos fueron desempolvados, otros abiertos por primera vez y la interpretación se hizo más exacta.

Parece mentira pero, en poco tiempo, el trabajo pionero de Altaffaylla cumplirá 25 años, un cuarto de siglo. Simultáneamente, los datos que se ofrecen en este Los crímenes de Franco en Euskal Herria, pueden considerarse casi como definitivos, partiendo de la premisa de que jamás llegaremos al fondo de la verdad porque hubo una estrategia preconcebida de hacer desaparecer las pistas de tanta villanía.

Este trabajo se nutre, precisamente, de muchas de las averiguaciones ya avanzadas por Altaffaylla y Aise, pero también incorpora más de diez años de investigaciones que, finalmente, han permitido hacer ese mapa de la represión que ya avanzaron los primeros investigadores allá por 1939. En todos los casos, intentando acercar que los números, no tan fríos como de costumbre, nos ocultan.

Al menos 6.018 vascos fueron ejecutados por el franquismo en los meses y años posteriores al inicio del golpe de Estado. La experiencia de los diez últimos años nos enseña que las revisiones han de ser calculadas al alza. En esta cifra están incluidas las víctimas de los bombardeos de la aviación fascista, siguiendo las modernas directrices de las organizaciones de derechos humanos que las refieren, asimismo, como “víctimas de Lesa Humanidad”. Si en la mayoría de los casos los ejecutados por sus ideas o su adscripción republicana lo fueron frente a un pelotón de fusilamiento o de manera expeditiva con un tiro a boca de jarro, las víctimas de la aviación fueron atacadas y ejecutadas con el mismo objetivo que las anteriores: el castigo a su condición de adhesión a la República.

Cerca de 7.000 vascos murieron en batallones republicanos en los meses en los que se alargaron los combates entre fuerzas leales y rebeldes. De ellos, la mayoría fallecieron entre abril y junio de 1937. Los muertos son las víctimas más notorias de cualquier conflicto. Ante la tragedia, el resto queda en un segundo plano. Amnesty International, y en general las organizaciones dedicadas a la salvaguarda de los derechos humanos, renombra a los fusilados como “víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”. Aunque no sería exactamente el caso de los vascos ejecutados, algunos de los cuales, sobre todo a partir de 1937, lo fueron después de ser juzgados por tribunales especiales. No tuvieron garantías y más que juicios fueron farsas destinadas a condenar a quienes previamente ya habían sido condenados.

Las comisiones de la verdad que se han creado en los últimos años a lo largo del planeta han partido de un punto en común: la defensa del derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado a conocer la verdad, obtener justicia y recibir reparación. Nada de eso ha ocurrido con las víctimas del golpe de Estado de 1936.

El 18 de julio de 2005, la sección española de Amnesty International daba publicidad a un trabajo titulado España: poner fin al silencio y a la injusticia. En el segundo de sus apartados definía la tipología de víctimas a través de lo que señalaba como “crímenes contra el derecho internacional durante la guerra civil y el régimen franquista” Amnesty apreciaba un primer tipo de víctimas: “decenas de miles de personas fueron desa­parecidas por la fuerza y ejecutadas extrajudicialmente, muchas de ellas mediante paseos y sacas y enterradas en fosas comunes”.

Pero también recordaba que a la entrada de los sublevados en las poblaciones conquistadas “la violación y abuso sexual contra mujeres”, o la “exposición y escarnio público de mujeres y niñas con las cabezas afeitadas, debido a sus simpatías políticas” o “hacer beber aceite de ricino a los detenidos”. Añadía que “numerosas personas fueron detenidas de manera arbitraria, torturadas, sometidas a juicios sumarios, sin garantías procesales, ante tribunales militares o especiales, y encarceladas en condiciones indignas, que incluían trabajos forzados, confiscación de bienes y cautiverio en campos de concentración o prisiones clandestinas o ilegales, durante prolongados períodos.

Muchas personas más se vieron obligadas a exiliarse en otros países europeos y americanos con la consiguiente pérdida de sus derechos y de sus familias. Numerosos niños y niñas sufrieron la separación de sus familias en el marco de la huida y evacuación, mientras un número indeterminado de menores pasaron a manos de instituciones religiosas y familias sin que pudieran contar con canales para recuperar su identidad y filiación familiar con los represaliados. Refugiados que huían de la guerra cayeron en manos del régimen nazi y fueron asesinados en campos de concentración y de exterminio durante la Segunda Guerra mundial o fueron entregados al régimen franquista, padeciendo penas que incluyeron la muerte a través de juicios sumarísimos bajo jurisdicción militar”.

A estas alturas, y completando el mapa represivo, se podría concluir señalando que al menos 55.500 vascos fueron detenidos y clasificados como desafectos al régimen de Franco. Que 11.700 de ellos sufrieron prisión prolongada, algunos hasta 1958. Y que 70.000 marcharon al exilio. De ellos, un tercio fueron niños. Hubo, también, detenidos en campos de concentración y esclavos en bata­llones de trabajadores. Ello fue debido a la clasificación de los presos, según categorías de peligrosidad. Los “menos peligrosos” fueron tratados como esclavos y encuadrados en los eufemísticamente llamados “batallones de tra­bajadores” y “batallones disciplinarios”.

La lista de violaciones de derechos humanos y, en consecuencia, de víctimas, sería interminable. Funcionarios municipales, maestros, bomberos, médicos, barrenderos... fueron depurados en función de su ideología. La autodenominada Comisión sobre la Ilegitimidad de Poderes Actuantes decidió sobre las propiedades de los republicanos y promulgó una lista de incautaciones sobre sus bienes que afectaron a partidos, asociaciones, medios de comunicación, etc.