El ex-magistrado de Familia Fernando Ferrín Calamita y -al parecer- miembro numerario del Opus Dei, al que el Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJM) juzga desde hoy por el presunto retardo malicioso de la adopción de un niña solicitada por una mujer lesbiana, dijo en la primera sesión del juicio que "siempre velé por el interés de la menor".A alguien que prioriza sus convicciones religiosas ante su obligación de impartir Justicia, como lo es Ferrín Calamita, pues La Fiscalía solicita 18 años de inhabilitación y multa por un delito de prevaricación.
Por mucho que diga (siguiendo los "dictados" de "La Obra") que nunca se movió por criterios ideológicos, "ya que sé distinguir mi función como juez de mi papel como otra persona normal de la calle"... pues, evidentemente, nadie se lo cree.
Ferrín Calamita, a la pregunta del fiscal sobre el motivo por el que había solicitado un segundo informe sobre la adopción cuando ya disponía de uno emitido por el servicio correspondiente de la Consejería de Política Social, declaró que "lo hice porque ni aquel informe, ni tampoco el que realizó el Gabinete Psico-social, iban al núcleo del asunto".
Comentó también que "yo, como juez de Familia, tenía que velar por la niña, porque tanto la madre adoptante como la madre biológica son mayores de edad y libres de hacer lo que quieran, pero mi obligación era la menor". y, de paso, manifestó también que "nadie tiene derecho a adoptar, sea del sexo que sea; es el adoptado el que tiene derecho a serlo", comentario que provocó el aplauso de algunas personas que seguían la vista y que fue cortado de forma rápida por el presidente del Tribunal, Julián Pérez-Templado, quien anunció que desalojaría la Sala si se repetían manifestaciones de este tipo.
En pleno proceso de "aducción" por Escrivá de Balaguer, Calamita declaró en otro momento que el fiscal y la acusación particular "llegaron a un acuerdo, que me transmitió el procurador de los tribunales, y que consistía en que la querella sería retirada si accedía a irme de Murcia y entregaba 10.000 euros al letrado la querellante". Evidentemente, esto se niega desde la acusación particular, la popular y la propia Fiscalía.
Abundando en ello, esta afirmación fue desmentida por el abogado que presentó la querella en nombre de V.H., José Luis Mazón, quien señaló que "toda propuesta que conllevara el mantenimiento del señor Ferrín Calamita en la jurisdicción jamás se me habría ocurrido, por ser contraria a la seguridad jurídica".
Esta primera sesión de la vista oral comenzó con varias cuestiones previas planteadas la defensa del juez, Javier María Pérez-Roldán, quien alegó que en la tramitación de este caso se han vulnerado los derechos fundamentales de Ferrín, "lo que arrastra, inevitablemente, a la nulidad de actuaciones".
En su opinión, esta violación de derechos se habría producido, entre otros motivos, por la supuesta imprecisión en los hechos de los que se acusa al juez en el auto de apertura del juicio, por la no abstención en los primeros momentos del presidente del Tribunal Superior, Juan Martínez Moya, y por la denegación de algunos de los testigos propuestos.
Entre estos testigos cuyo testimonio no ha sido considerado necesario por la Sala, se encuentra el fiscal del Juzgado que dirigió el acusado y el secretario judicial, así como su anterior procurador de los Tribunales, Antonio Rentero.
El presidente del tribunal, tras retirarse unos minutos a deliberar, informó de que se desestimaban estas cuestiones previas "por las razones que se recogerán en la sentencia", aunque adelantó que "no ha habido una quiebra procesal de la suficiente entidad como para entender que se han vulnerado los derechos del acusado".
El juicio continuará mañana -martes, 25 de noviembre- con la declaración como testigos de V.H., la mujer que solicitó la adopción, y de su compañera sentimental y madre biológica de la pequeña, entre otros.
Desde un punto de vista del sistema Júrídico del Estado (más bien judicial) a personajes -como Ferrín Calamita- va siendo hora de mandarles a casa con la mayor celeridad posible. Eso mismo le ocurrió a un ex-Gobernador Civil de Cádiz que, luego, como Juez, multó a dos sevillanas por hacer "top-less".
A esta gente les ha jodido eso de que quiten la foto del "caudillo" (puto enano general golpista), el crucifijo y la bandera con las uñas de "carpanta" que figuraba en el escudo pre-constitucional del Estado. Por ello, a falta de rojos y masones, se la toman con "invertidos". Es, simplemente, patético que individuos así estén togados.
FUENTE:(de referencia): Agencia EFE, Murcia
1 comentario:
Este juez esta casado con 6 hijos, o sea, nada de nada de numerarios. Si todas tus informaciones son tan falsas como esta, mejor infórmate un poco antes de decir tonterías.
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