El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón reclamó ayer al Archivo General de la Administración y al Centro Documental de la Memoria Histórica cuanta información atesoren que permita cuantificar el número de desaparecidos que hubo en España desde el 17 de julio de 1936 y durante la dictadura del general golpista franco, al objeto de decidir si es competente para enjuiciar al régimen franquista.En tanto se resuelve ese extremo, el magistrado ha solicitado con carácter general a todos los particulares y administraciones implicados información sobre las exhumaciones de restos en marcha, ya que su intención es que sean controladas por su juzgado si asume la investigación.
Parece ser que, al final, (aunque séa por un juez "estrella" más interesado en salir en la foto que cualquier otra cosa), esa decena de asociaciones de familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil o en los primeros años del franquismo habían presentado en los últimos meses diversas denuncias que el juez Garzón pretende investigar en un único sumario.
Su primera iniciativa fue reclamar en junio datos sobre el fenómeno a los ministerios del Interior y de Defensa, cuyas respuestas no aportaron luz. Por eso, resolvió ayer ampliar sus pesquisas a los principales centros documentales de titularidad estatal.
Al Archivo General, tercero del mundo por volumen de fondos históricos, le pide un informe cuasi pericial sobre el número de desapariciones como «consecuencia directa del 'alzamiento nacional'». Al Centro de la Memoria Histórica, los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, si los tiene, así como la base de datos de muertos y desaparecidos que elabora a partir de distintas fuentes documentales.
También reclama al Ministerio de Defensa los archivos de los tribunales militares que participaron en la represión franquista, y a la Dirección General de los Registros y del Notariado cuanta información haya sobre ese asunto en los ficheros civiles.
Al no ser la Conferencia Episcopal un organismo de titularidad estatal, el juez no le pide información, sino que le ordena que comunique a todas las parroquias españolas, casi 23.000, «que deberán permitir el acceso de la Policía Judicial» a sus archivos, ya que «una de las fuentes de información que interesa a esta causa es la de los libros de difuntos» de las feligresías de la iglesia católica.
En el Valle de los Caídos
La resolución dictada ayer por el juez Garzón resuelve numerosas peticiones particulares de las distintas asociaciones personadas en la causa. Así, a instancias de una asociación de presos del franquismo, el magistrado reclama a la congregación que atiende el Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional de San Lorenzo del Escorial, responsable último del recinto, la identidad de las personas allí enterradas, su procedencia geográfica y el motivo de estar allí sepultados sin que, en muchos casos, sus allegados tengan noticia de ello.
También reclama información sobre el contenido de fosas comunes descubiertas en los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla).
Los oficios judiciales van dirigidos a los alcaldes de las respectivas localidades, aunque en el caso granadino, en el que se buscan los restos de Federico García Lorca, también se solicita al rector de la Universidad cuanta información tenga la institución sobre la existencia de fosas comunes en esa provincia andaluza.
Las primeras denuncias contra los crímenes del franquismo llegaron a la Audiencia Nacional el 18 de julio de 2007. Desde entonces, la causa se ha visto lastrada por la oposición de la Fiscalía a que sean admitidas a trámite.
Mientras las asociaciones de víctimas y familiares consideran que todos los delitos atribuibles a la dictadura del golpista franco son de lesa humanidad, y por tanto no prescriben, el Ministerio Público considera que son delitos comunes prescritos en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, por lo que reclama el archivo de las diligencias.
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