Un informe exhaustivo y riguroso sobre la realidad de otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política, con atención especial a la identificación de las víctimas y estudio de las medidas necesarias que den respuesta a su reconocimiento moral y reparación".Encauzadas las líneas de resarcimiento para los damnificados por el terrorismo -hoy en día incluidas en el marco normativo-, el Pleno monográfico celebrado entre los días 5 y 17 de octubre de 2007 ordenaba a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco esta nueva misión.
El anuncio de "compromiso" del Ejecutivo para llevar a la práctica estas medidas, hecho público un día antes de que el Parlamento Vasco aprobara la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, suscitó la polémica entre la clase política y los beneficiarios de la citada norma, pero el camino emprendido al amparo del mandato parlamentario sigue su curso.
El director de Derechos Humanos, Jon Landa, lo dejó claro. No es una ley para miembros de ETA, el "95% de los casos no tienen nada que ver con la organización terrorista". Un somero repaso al informe demuestra esta realidad y refleja la amplia variedad de los casos aglutinados. Tras ellos, nombres y apellidos y, ante todo, el olvido que ahora pretenden reparar las instituciones vascas. Son víctimas de la violencia de motivación política.
Éstos son algunos ejemplos en los que sus protagonistas perdieron la vida. Forman parte de los 109 muertos identificados y más de medio millar de heridos que el tripartito ha incorporado al listado, pendiente de su debate en Comisión.
Bajo custodia policial...
Koldo Arriola Estrenada.
La mayoría de edad, el informe se basa en la versión de testigos de los hechos, profesores y compañeros de clase de Arriola para recuperar lo que ocurrió en la noche del 23 de mayo de 1975, con un régimen dictatorial agonizante pero aún vigente en España. Tras cenar en un restaurante de Saturraran, los jóvenes estudiantes atravesaron las proximidades de un cuartel de la Guardia Civil entonando canciones vascas. Un agente ordenó a Arriola que se introdujera en el recinto. A lo pocos minutos se escuchó un disparo. Un alguacil avisó a la familia, a las ocho de la mañana, de que su hijo había muerto.
La "guerra sucia'...
Mikel Zabalza.
Después de ser detenido, la versión oficial apunta a que este navarro de 32 años consiguió escapar a la custodia policial. Veinte días después de iniciar la búsqueda, efectivos de la Guardia Civil encontraron su cuerpo flotando en las aguas del Bidasoa, en una zona que había sido rastreada por buzos de la Cruz Roja sin éxito alguno.
El informe parlamentario recoge que un agente facilitó información al coronel del CESID Alberto Perote que ponía de manifiesto la muerte de Zabalza en el cuartel de Intxaurrondo. Corría entonces el año 1985.
Control de carretera...
Mikel Salegi.
De vuelta de una cena celebrada en el Instituto Social de la Marina, Salegi recibió 17 impactos de bala en un control de carretera de la Guardia Civil. La familia denunció que los diez minutos que le retuvieron tras los disparos podían haberle salvado la vida.
El funeral se celebró en la iglesia de Santa María de Donostia bajo fuertes medidas de seguridad y con la presencia de grupos de extrema derecha que increparon al fallecido. Faltaba un año para que el régimen franquista pereciese.
Por confusión...
Pedro Barrios.
El caso de Pedro Barrios está englobado en el epígrafe que antecede a su nombre, que a su vez pertenece al grupo de muertos por intervención de las fuerzas de seguridad.
En noviembre de 1973 fue confundido por la Policía con el militante de ETA Iñaki Mujika, al que acusaban de haber atentado contra el almirante Carrero Blanco. El Tribunal Supremo decidió, seis años más tarde, indemnizar a su familia con tres millones de pesetas.
En altercados...
Justo López de Zubiria.
El análisis elaborado por la Dirección de Derechos Humanos recoge este caso del dueño del bar Las Vegas de Gasteiz. Falleció junto a un cliente cuando el policía Antonio Macía, en estado de embriaguez, disparó a ambos.
El informe destaca este caso como uno de los pocos episodios conocidos en los que se dictó una sentencia condenatoria contra el agresor. El juicio se celebró en 1980, un año después de que tuvieran lugar los hechos.
El precio de un cartel...
Ángel Berrueta.
En este caso, uno de los pocos que no se remonta a la década de los 70 y principios de los 80, una vecina exigió a Berrueta, miembro de la asociación Gurasoak, que colocara en su panadería un cartel que adjudicaba a ETA el atentado del 11-M. Ambos discutieron y apareció el marido de la mujer, policía de profesión, y su hijo.
Berrueta falleció por las lesiones provocadas por una pistola y una navaja. El tribunal observó "motivación política" en el caso y declaró culpables a los tres procesados por "asesinato" y "provocación". El policía y su hijo fueron condenados a 20 y 15 años, respectivamente, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra absolvió a la mujer y anuló su sentencia, que era de diez años.
Grupos ultras...
Aitor Zabaleta.
Este seguidor de la Real Sociedad fue apuñalado por miembros del grupo nazi Bastión junto al estadio de fútbol Vicente Calderón. La Policía detuvo a Ricardo Guerra como responsable del asesinato, por el que fue condenado a una pena de 17 años de prisión. La familia Zabaleta y la Asociación para la Tolerancia denunciaron la "impunidad" que conlleva el que este tipo de ataques organizados no sean considerados como actos de banda armada.
FUENTE: Alberto Abaitua para Diario Deia (Texto íntegro en la Ed. Gnal. 01/07/08)
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