Hace unos días tuve la oportunidad de asistir, como tantos otros, a la declaración de Joan Mari Torrealdai: había sido torturado cinco años atrás, pero su espanto a denunciarlo era mayor que la necesidad de hacerlo. ¿Para qué verificarlo si sistemáticamente el fiscal imputará al torturado acusaciones falsas? La tortura: una perversión de ésas a las que, desgraciadamente, nos acostumbramos porque no son excepción. La capacidad de sorpresa se va minando ante tantos sobresaltos.El mismo día que Torrealdai notificaba su humanidad, lejos de los heroísmos bélicos, un diario madrileño cercano a ZP se jactaba de la sagacidad del sistema penitenciario español. Juan Mari Olano, preventivo por su relación con el movimiento por la Amnistía, había sido aislado en la cárcel de Segovia, donde no había ningún otro vasco y donde tendría de compañero al único preso que queda en la actualidad en España acusado de pertenecer al GAL.
Siguiendo el hilo y por tanto dando por buena la explicación del diario, hemos sabido, gracias a una revista que enseña mujeres desnudas en su portada, que el ex general Enrique Rodríguez Galindo no pena por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, tal y como fue condenando en sentencia firme, sino que se pasea por las calles de Zaragoza y se deja fotografiar, como si fuera una estrella del espectáculo.
Otro diario madrileño, con graves problemas financieros y perteneciente a una cadena de empresarios ultramontanos vascos, nos desvela que el hermano del ex general, Antonio, es el responsable de la Memoria Histórica de la Guerra Civil del Ayuntamiento de Sevilla y que su cargo como responsable del Alcázar andaluz lo ha sido a dedo por el partido al que pertenece, el socialista. ¿Es Antonio Rodríguez Galindo el hombre adecuado para descifrar las atrocidades franquistas, los crímenes de lesa humanidad? ¿O alguien se ríe espectacularmente de quienes nos movemos en este terreno por vocación?
Ahora que la Ley de la Memoria Histórica ha sido aprobada hace unos meses por el Parlamento español no estaría de más recordar que, en ese apartado dedicado al llamado Valle de los Caídos, donde se encuentran los restos del dictador, la inmoralidad que nos acompaña en la andadura política hispana alcanza cotas extremas. En ese Valle de los Caídos, diseñado para acoger bajo los sueños faraónicos de Franco a todos aquellos que le acompañaron en su cruzada asesina beatificada por la Iglesia Católica, enterraron, sin embargo, en 1959, a 117 milicianos republicanos vascos desperdigados en fosas comunes tras la batalla de Villarreal y a 183 navarros de organizaciones de izquierdas que removieron de las cunetas veinte años después de su ejecución, en Caderita, Ayegui o Estella, con nocturnidad y alevosía. Para enterrarlos cerca de Madrid junto a sus verdugos.
Setenta años después lo hemos sabido, antes que las familias de esos 117 alaveses de adopción o esos 183 navarros de tierra agrietada. Antes que Dora Gras, quien a sus más de 80 años, acaba de encontrar a su padre, oficial del Ejército Republicano y al que buscaba desde siempre, recostado en la peor de las humillaciones, en el Valle de los Caídos.
Y es que como Dora Gras, cientos de familiares verán ninguneada su condición de víctima, tanto por el Gobierno vasco como por el español, porque sus verdugos, que luego se rieron estrepitosamente de ellos, fueron funcionarios del Gobierno español. No les acoge ninguna ley que les repare en su condición. Como a Roberto Fernández, el hijo de Normi Menchaca, muerta por la “ultraderecha” en Santurtzi un aciago 9 de julio de 1976, y que después de mil y un papeles, logró que la Sala del Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional le reconociese la condición de “víctima del terrorismo”: La Fiscalía General del Estado (¿es preciso recordar que los gestiona el PSOE?) ha presentado un recurso a semejante reconocimiento, por disconformidad con el fallo.
Unos meses antes del suceso de Santurtzi, Franco había ordenado ejecutar a cinco luchadores antifranquistas. Ni a él ni a su portavoz Manuel Fraga les tembló la mano. Tuvieron que pasar 25 años para que un sacerdote llamado Alejandro comentase en un documental cuyo guión fue preparado por un autor vetado en unos grandes almacenes (los mayores de España) y se refiriese a uno de los pasajes que, personalmente, más tremendos me han parecido en la historia reciente.
El cura Alejandro era el párroco de Hoyo de Manzanares y presenció los fusilamientos de 1975 de tres militantes del FRAP, a los que dio la extremaunción. La Guardia Civil impidió la entrada al campo de tiro de abogados y familiares. Sin embargo, cuenta el párroco que “además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos de ellos estaban borrachos”.
Pocas semanas más tarde, el dictador falleció. Había sido, para escarnio de los vascos, nombrado hijo adoptivo de Gernika, cuyo bombardeo siempre negó, en dos ocasiones (1946 y 1966). Su mujer Carmen, para mofa hacia los familiares de los enterrados en las cunetas, fue hija adoptiva de Corella (¿lo sigue siendo?), porque en cierta ocasión asistió en esa localidad a la boda de la hija de una amiga suya. Los municipios vascos fueron tierra conquistada, hazmerreír de las autoridades de Madrid, que cruzaban el Ebro como en la época medieval, con la espada desenfundada.
¿Y qué diferencia encuentran entre Gernika en 1966 y Lizartza en 2008? A Regina Otaola se le escapan sus necedades a borbotones. ¿Qué mayor perversión que gobernar un pueblo al que asiste una vez cada dos meses? Un pueblo al que asociaciones y medios de comunicación herederos del dictador lo han nombrado MME (Municipio Modelo de España) ¿Es democracia gobernar con 27 votos sobre 600? La alcaldesa orgánica insulta y moldea a una aldea que no es la suya, transforma la piedra en verborrea. Y manda un mensaje tan autoritario que condiciona la vida pública y vecinal. Justo lo contrario de lo que afirma.
Torrealdai ha destapado sus fantasmas cinco años después. El cura Alejandro lo hizo 25 años más tarde. A Dora Gras le han perseguido durante más de 70 años. La tortura, y otras cuestiones del mismo pelo, son perversiones de la democracia, perversiones en cualquier sistema. Cada día nos cuentan una más, los diarios las llevan a una esquina de sus páginas, avergonzados, o por el contrario, a portada, como parte de sus construcciones mesiánicas.
La perversión nos acompaña y su escolta es tan habitual que, como apuntaba antes, nos vamos acostumbrando a ella. ¡Ojo! El día que dejen de sorprendernos habremos regresado, por derecho propio, al mundo animal.
FUENTE: Iñaki Egaña en Izaronews
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