¿Ha tirado España a la basura 15 años de lucha contra la corrupción? Eso es lo que se pregunta, y aún no sabe responder, Manuel Villoria, Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Transparencia Internacional en España. Villoria llega a esta cuestión, que espera resolver tras diversos análisis en los próximos meses, después de conocer que España baja en un año 10 puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2013 que la ONG a la que pertenece presentó el martes.
Es una de las bajadas más pronunciadas en el año, solo superada por Siria, envuelta en una guerra. En concreto España ocupa el puesto 40 con una puntuación de 59 sobre 100, que es la mejor nota que puede obtener un país. Esta calificación, casi de aprobado justo, devuelve a España, como recuerdan desde Transparencia Internacional, a niveles de 1997, cuando aún sonaban los ecos de los GAL, los fondos reservados o el ‘caso Filesa’ y la Fiscalía Anticorrupción daba sus primeros pasos.
Medidas insuficientes.
Villoria sostiene que en esta década y media se han hecho avances para mejorar en los resultados de esta encuesta que se realiza entre expertos, empresarios y directivos de compañías internacionales afincadas en la península. Sin embargo, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos asegura que las cosas se han hecho, “como siempre pasa en España, a medias”. “No se refuerza la independencia del Poder Judicial, hay ceses de policías que son preocupantes y el Código de Buen Gobierno no lo conocen ni los miembros del Gobierno”, afirma.
Como ejemplo concreto pone que aunque se modificó la ley de partidos “una investigación seria sobre la financiación de los mismos es imposible”. Villoria se muestra tajante al afirmar que hay una tasa de corrupción política muy alta. Ante esta afirmación, surge la pregunta de por qué los ciudadanos no castigan con sus votos a esos políticos corruptos. En esta ocasión la que se hace la cuestión es Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de Transparencia Internacional. Ella sí tiene una respuesta al interrogante. “Ese voto de castigo no sucede porque los españoles no tienen una experiencia personal de que les afecte la corrupción. Aquí no se pagan sobornos a policías o funcionarios. Eso sí tendría un coste electoral”, asegura.
Con la afirmación de Bacigalupo está de acuerdo su compañero en la ONG Jesús Sánchez, vicepresidente segundo de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón. Sánchez considera que “en España es muy poco relevante la venta de favores, propias de tiempos pasados, y la que existe se da en las altas esferas de poder, no en los funcionarios”.
Además del grave problema que representan unas instituciones corruptas, Villoria destaca también el daño que le hace a la imagen de España en el exterior. “En todo el mundo nos están viendo como un país que se desliza hacia la corrupción”. Esto, asegura Sánchez, hace al estado menos atractivo para los inversores. Además, añade Bacigalupo, supone una deslegitimación institucional y un descrédito internacional.
Lectura positiva.
A pesar de los datos del índice, Bacigalupo se niega “a hacer la valoración de que España está corrupta” y asegura que no hay una situación descontrolada de corrupción. Sánchez, por su parte, asegura que de los resultados de este ranking también se puede hacer una lectura positiva. “Se está luchando más contra la corrupción”, asegura antes de añadir que por eso ahora se conocen más escándalos. Y en su punto de mira sitúa a Dinamarca, “un país con una situación de gran corrupción durante unos años pero que supo salir y llegar a la situación ejemplar de ahora”.
Para ello, Sánchez considera fundamental la educación en valores, ya que considera que la lucha contra la corrupción tiene que ser algo cultural. Villoria, a su vez, apuesta por un gran pacto que acabe con la situación actual. Quizá así dentro de 15 años España consiga frenar la caída sin frenos y cuesta abajo que ha tomado en los últimos índices de Transparencia Internacional.
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