Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya tienen prácticamente redactada la sentencia sobre la llamada doctrina Parot. El Ministerio del Interior sabe que dará la razón a la activista de ETA Inés del Río en su litigio contra España y por eso está preparando informes jurídicos para no aplicar este fallo que pondría en la calle a presos con un abultado historial de crímenes.
El Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz tiene constancia de que el Tribunal de Estrasburgo ya tiene prácticamente lista la sentencia sobre el recurso que España presentó contra el anterior fallo del TEDH, que ordenaba excarcelar a la etarra Inés del Río, condenada a 3.000 años de prisión.
Esta sentencia, que el tribunal está a punto de hacer pública, ha provocado una gran alarma en el Gobierno de Mariano Rajoy.
A pesar de la presión ejercida por el Ejecutivo, el fallo desestimará el recurso que presentó el Estado español. Eso implica que ratificará la ilegalidad de aplicar con retroactividad el método de calcular las redenciones de condena que inauguró el Tribunal Supremo en 2006 con el etarra Henri Parot.
Según fuentes del Ministerio del Interior el Gobierno ha tomado la decisión de no aplicar el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “Esta sentencia no se aplicará”, afirman tajantes fuentes cercanas a Jorge Fernández Díaz. ¿Muy democrático, eh? ¿Y éstos son los que dicen que si Catalunya se independiza no puede estar en Europa? ¿Y puede estar en Europa un País miembro que no acata las decisiones de su Tribunal?
Sé perfectamente que las sentencias de Estrasburgo son declarativas pero no vinculantes por lo que el Ejecutivo ha movilizado a los expertos del número 5 del madrileño Paseo de la Castellana para poder contar con argumentos jurídicos que le permitan ignorar el fallo de Estrasburgo. Estos juristas del Ministerio están ya elaborando informes para justificar que España no acate la sentencia que revocará la doctrina Parot. Estos documentos esgrimen varias razones para soslayar el fallo.
Previsiblemente el Gobierno español se escudará, como se ha expuesto, en que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo son “declarativas”; es decir, no son vinculantes ni directamente ejecutables. Por eso, los estados miembros del Consejo de Europa no están obligados a adoptar sus decisiones ni a introducir reformas legales para que su legislación cumpla lo dictaminado.
Otro argumento que contemplarán estos informes es que, en otras ocasiones, estados como Reino Unido o Francia decidieron no acatar diferentes sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Además, el Gobierno utilizará argumentos similares a los que esgrimieron esos dos países europeos: si aplica la sentencia, afectará “a la seguridad nacional y al honor del país” al dejar en libertad a terroristas, violadores o asesinos reincidentes, en algunos casos con más de una veintena de víctimas mortales en su historial delictivo.
Soraya Sáenz de Santamaría informaría de la decisión.
La estrategia que ha diseñado al Gobierno para reaccionar ante un fallo adverso no sólo incluye la elaboración y utilización de estos informes jurídicos. La presentación pública de estos informes, que se elevarán al Consejo de Ministros para que los estudie el Ejecutivo, y de la decisión tomada también tiene una gran importancia.
Por eso, desde Interior alguien ha planteado que sea la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien asuma la responsabilidad de explicar públicamente la posición del Gobierno ante la sentencia del TEDH.
En la decisión de no derogar la doctrina Parot a pesar de un fallo en contra han influido también los cálculos electorales del PP. Los populares no quieren perder el apoyo entre los votantes que ya vieron como una cesión ante ETA la concesión de la libertad condicional a Josu Uribetxeberria Bolinaga, el secuestrador de José Antonio Ortega Lara.
Las tésis del ala (o "alma") más dura y derechona del PP han vuelto a imponerse. Mayor Oreja 2 - Rajoy 0.
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