Aquí parece que ya tenemos cubierta la capacidad de asombro. Y no lo digo por decir, sino que leo a José Luis Lobo en el Diario de los lectores informados (El Confidencial) exponiendo que el utra-católico ministro de Interior ha decidido mantener la escolta a Jaime de Marichalar mientras se la quita a decenas de altos cargos. Sus razones tendrá aunque, para nosotros, los contribuyentes, no deja de ser otra muestra de sumisión hacia la casa del heredero de su añorado Franco.
De ésta manera, uno de los icono tradicionales del parasitismo, Jaime de Marichalar, ex-marido de Elena, sigue teniendo protección del Ministerio del Interior pagada con fondos públicos, pese a que desde hace casi seis años ya no es miembro de la Familia Real, de la que entró a formar parte el 18 de marzo de 1995, tras su boda con la mayor de las hijas de Juan Carlos. Zarzuela anunció en noviembre de 2007 el "cese temporal de la convivencia matrimonial" del ex-duque de Lugo y la citada Elena, que dos años más tarde se convirtió en divorcio definitivo con el visto bueno del cardenal ultra y franquista Rouco Varela.
Sin embargo, agentes del Cuerpo Nacional de Policía siguen prestando labores de escolta al ex-yerno de Juan Carlos en solitario, al margen de la proporcionada por la casa del rey cuando Marichalar acompaña a sus hijos, según revelan fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tanto la Zarzuela como el propio Marichalar han confirmado con rotunda prepotencia y sin pestañear esa circunstancia. El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía, por el contrario, han preferido guardar silencio, argumentando que "nunca" se da información oficial sobre protección de personalidades "por razones de seguridad". ¿Personalidades? ¿Algún día sabremos quién, por qué y por órden de quién le dieron una paliza en un callejón de Nueva York aún yendo "protegido"?
Lo cierto es que nadie ha sabido explicar es la razón por la que el Gobierno aún costea, con cargo a los presupuestos de Interior, la seguridad de Marichalar. Máxime cuando el departamento que dirige el citado ultra-conservador Jorge Fernández Díaz ya ha reducido tres veces en poco más de un año el número de escoltas asignados a altos cargos y personas amenazadas, recuperando más de 1.000 agentes empleados en esas misiones para tareas de seguridad ciudadana. Y prepara un cuarto recorte que aplicará de forma inminente, según un portavoz de Interior.
El exmarido de la infanta Elena cuenta, obviamente, con la tutela de varios guardaespaldas cuando se encuentra en compañía de sus hijos, el auto-lesionado por arma de fuego Froilán y Victoria Federica. Ambos son nietos del jefe del Estado, y su protección, estén con quien estén, corre a cargo del Servicio de Seguridad de la casa del rey. Pagarla ya sabemos de por qué cuenta corre.
Según el convenio regulador del divorcio de los duques de Lugo, suscrito por la pareja en 2009, la custodia de los dos niños corresponde a Elena, mientras que Marichalar, además de pasar la correspondiente pensión de manutención (que ya manda huevos, que diría un ex-ministro mentiroso), tiene derecho a un régimen especial de visitas.
Altos cargos sin escolta.
Marichalar es una de las 330 personas que actualmente tienen en España protección dinámica, es decir, aquella en la que el protegido es escoltado por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado en todos sus desplazamientos. El año pasado, antes de que Interior pusiera en marcha la primera fase del programa de reducción de escoltas, los altos cargos y personalidades que contaban con custodia dinámica eran casi el doble: 613. En las próximas semanas se aplicará un nuevo recorte de protegidos y protectores, pero, según las fuentes consultadas, no afectará a Marichalar.
Además del ex-marido de la Elena, también cuentan con protección, entre otros, los miembros del Gobierno; los presidentes de Comunidades Autónomas; los delegados del Gobierno; los presidentes del Congreso, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional; el presidente y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, además de un reducido grupo de magistrados y fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Y, por supuesto, todos los miembros de la Familia Real, incluido otro parásito imputado: Iñaki Urdangarin.
La revista Vanity Fair recordaba en un número reciente que, tras divorciarse de la primogénita del Rey, Marichalar "perdió el ducado, el tratamiento de excelencia y la Grandeza de España", y añadía que su "estrella" personal había "menguado, y mucho: hoy sólo mantiene sus puestos de alta dirección en Loewe y en la Sociedad General Inmobiliaria, y vive en un piso de la calle Núñez de Balboa", más modesto que el lujoso dúplex que compartió con la Infanta en la llamada milla de oro madrileña.
Una pena...
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