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lunes, 13 de mayo de 2013

La infanta pasmada (Por Concha Lago).

La certeza de que Cristina de Borbón se irá de rositas por ser quien es, ha sacudido como un mazazo a la opinión pública. Aunque a la hija del rey no le asiste ningún aforamiento oficial ni se puede escudar en ninguna inmunidad legal, la Justicia le ha tratado con guante de seda. Su desimputación en el caso Nóos blinda a la infanta de ser investigada por fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en los chanchullos empresariales de Iñaki Urdangarin, pero la convierten en el blanco de todas las sospechas. El fallo la coloca además en un limbo jurídico, en el que parece lleva instalada mucho tiempo ya que está por determinar el grado de conocimiento que tenía de los negocios turbios de su marido.

Cristina de Borbón se libra en un escándalo que se cierra en falso y se salva del paseíllo para ir al juzgado. Pero la niña bonita de la Casa Real -apartada de los actos oficiales en octubre de 2011 cuando se anunció que la representación recae en reyes y príncipes-, ha seguido mostrando su imagen más soberbia. Ni ha optado por una declaración voluntaria, ni ha pedido perdón, ni ha renunciado a sus derechos dinásticos, ni se ha divorciado, ni por supuesto comparecerá ante el juez.

Para Carlos Fernández Villarejo, exfiscal Anticorrupción, "el auto solo ha cerrado en parte la investigación y de forma muy discutible y, desde luego, la larga sombra de este proceso acompañará mucho tiempo a la infanta, sobre todo por el afán de impedir su declaración. Y todo ello profundiza el descrédito y la desconfianza en la institución monárquica". Abunda en esta tesis el periodista Iñaki Gabilondo, quien señala que "ha pasado de ser sospechosa de complicidad en los negocios de su marido a ser sospechosa de haber recibido trato de favor de la justicia"

En un inaudito caso de celeridad judicial, apenas un mes y cuatro días, la Audiencia de Palma ha dirimido la controversia surgida entre el juez Castro y el fiscal Pedro Horrach y se ha inclinado por este último. En apenas treinta y cuatro días, la Audiencia ha suspendido su imputación en una maniobra que algunos tachan de "insólita" porque levantar la imputación acordada por el juez instructor se produce en supuestos muy limitados y casi nunca antes de prestar declaración. Sin embargo, el horizonte penal de la hija del rey no queda cerrado ya que el auto judicial abre la vía para reactivar la imputación por delito fiscal.

El crédito 'real', en entredicho.
La presión de Zarzuela.


A nadie se le escapa que la entrada en escena de la Casa del Rey ha surtido efecto y la presión de Zarzuela sobre el caso ha distorsionado el curso de los acontecimientos. Las voces que hablan de injerencia se dejan oír altas y claras. Si el tres de abril expresaba su sorpresa por la imputación, esta semana mostraba su "máximo respeto por las decisiones judiciales". Cuestión de matices. Juan Carlos I ya enseñó sus cartas cuando eligió a Miquel Roca para defender a la infanta. De haberse mantenido al margen, la monarquía se podía haber presentado como paradigma de neutralidad institucional; ahora, sin embargo, las sospechas avivan la polémica.

En abril, el juez Castro citaba a la infanta como imputada. Era la primera vez que un familiar directo del rey se veía obligado a declarar como imputado en un juzgado en un caso donde la Corona tal vez no tenga responsabilidad penal, pero sí responsabilidad política. Una rareza histórica de trascendencia internacional que obligaba al juez a justificar las razones de esa citación con un extenso auto de 18 folios.

De la página nueve a la quince, Castro detallaba los catorce indicios por los que imputaba a la infanta. Según sus propias palabras, dejar "que la incógnita se perpetúe sería un cierre en falso en descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos". No imputar a la infanta sería una "clara contradicción con la práctica cotidiana de los juzgados". También con su propio proceder: la infanta era la única persona de la junta directiva del Instituto Nóos que aún no estaba imputada.

Entre los catorce indicios, un surtido de reproches. Como que la infanta contratase para limpiar el palacete a "personas en situación irregular" a las que pagaba con dinero negro y que después acabaron contratadas por Aizoon SL, la empresa que los duques tenían a medias y con la que sacaban el dinero de Nóos hacia paraísos fiscales. Evidencias como la sucesión de correos electrónicos, fechas y registros mercantiles que dejan claro que el instituto se organizó con premeditación y alevosía; que el duque montó el negocio porque su sueldo de 35 millones de pesetas al año le parecía poca cosa y que contó con la complicidad de Cristina.

El aparato judicial, abrumado.
El nudo gordiano.


Dos votos a uno han servido para tumbar una imputación que ha provocado un debate jurídico intenso protagonizado por jueces, fiscales y letrados y que ha evidenciado que el aparato judicial se ha visto abrumado por el calado político de sus decisiones. Entre muchos juristas existía unanimidad sobre su llamamiento a declarar. El magistrado del Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, afirmó que "citarla a declarar contribuye a que el ciudadano creyera en la Justicia". Compartía opinión Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense. "Pese a lo que muchos piensan, declarar en calidad de imputado es una garantía, porque puedes comparecer acompañado por un abogado y guardar silencio o incluso mentir. Y el juez puede levantar la imputación en el mismo momento de la declaración".

La decisión de la Audiencia de Palma permitirá a la infanta continuar su labor como directora del Área Social de la Fundación La Caixa sin ningún problema. Tras la imputación, responsables de la Caixa negociaron con Cristina su posición laboral en la entidad para no perjudicar la imagen de la firma y llegaron a hablar de una excedencia voluntaria si la imputación hubiera prosperado.