RAJOY ACCEDE A INCLUIR A LOS PARTIDOS, PERO NO AL REY. El Gobierno sigue blindando a la Casa Real frente a la 'Ley de transparencia'Bien relata Daniel Forcada cuando nos dice que, a veces, los silencios son más llamativos que las propias declaraciones y, en ese sentido, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a dejar ayer claro que la Casa Real y el Monarca seguirán, de momento, sin someterse al escrutinio de la Ley de Transparencia.
La diputada, populista y trepa profesional de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, reclamó ayer al Gobierno, durante la sesión de control al Ejecutivo, la puesta en marcha de medidas para luchar contra la corrupción, entre las que citó, expresamente, que la Casa Real y los partidos se incluyen en la próxima ley que ya ha comenzado su tramitación parlamentaria. Rajoy, en cambio, sólo hizo una concesión hacia lo segundo y, en una nueva rectificación al dictado del escándalo Bárcenas, anunció que incluirá a las formaciones políticas en el texto final.
La inclusión de la Casa Real en el proyecto de ley nunca ha estado en el guion del Ejecutivo, tal y como quedó en evidencia desde el mismo momento en el que la vicepresidenta la presentó en un Consejo de Ministros en marzo del año pasado.Soraya Sáenz de Santamaría explicó entonces que la Corona “no forma parte del grupo de Administraciones Públicas” que deben facilitar documentos a la ciudadanía. Un criterio que, sin embargo, tampoco se aplica estrictamente a los partidos políticos, que finalmente sí se verán afectados y que no comparten algunos de los primeros expertos que ya han comparecido en el Congreso para ser escuchados por los grupos.
El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, fue claro al señalar ante sus señorías, el pasado 23 de enero, que a su juicio “sería también importante que la ley se extendiera a los sindicatos, la CEOE y la Casa Real”, lo mismo que ayer vino a reclamar la portavoz de UPyD. “Una Ley de Transparenciaque afecte a la Casa Real, a los partidos políticos y a todos los que reciben subvenciones públicas”, explicó. “Cuando los ciudadanos nos vean hacer estas leyes que van contra nuestra propia impunidad y que van, de verdad, a favor de una democracia de más calidad, creerán en nosotros y creerán en la democracia. Y entonces en España podremos conjugar democracia con mayúsculas”.
De momento, el Gobierno no ha querido a entrar en ese debate y, desde el PP, defienden que, si no toda la Casa Real, sí que buena parte de ella estará bajo el control de la ley pues son varios los ministerios, entre ellos Presidencia, Interior o Exteriores, obligados a la transparencia, los que sufragan importantes partidas de la Casa Real como el uso de vehículos, el pago de la seguridad o el mantenimiento de los palacios.
En enero, el Congreso también escuchó a Antonio Garrigues Walker, fundador del capítulo español de Transparencia Internacional, sobre el mismo proyecto de ley en el que abogó porque sea una realidad lo antes posible para que, una vez puesta en marcha, se puedan detectar sus deficiencias.
Preguntado entonces sobre la Casa Real, Garrigues Walker señaló que “es un tema abierto a debate”. “Uno tiene la idea de que lo lógico sería que todo el mundo estuviera incorporado a la Ley de Transparencia, pero hay países en los que las monarquías están incorporadas y otros en los que no lo están, y a veces no se hace por problemas de respeto, sino simplemente porque creen que podría generar más problemas que soluciones y porque el ámbito no es tan importante desde el punto de vista de la propia Ley de Transparencia”, explicó.
El jurista advirtió, eso sí, que su ausencia en la ley no debe suponer un daño para la institución o que pareciera que “se transmitiera a la opinión pública como una especie de resistencia de la propia Casa Real”. “Es un tema que puede estar perfectamente aislado de la Ley de Transparencia, porque la dimensión económica es muy pequeña y porque podría generar algún otro tipo de daño. No anticipo qué daño, digo simplemente que podría generar sensibilidades que no se buscan. Ahora bien, tampoco me parece un principio sagrado. Me imagino que poco a poco muchas de las instituciones que en estos momentos no van a ser afectadas por la Ley de Transparencia acabarán siéndolo, y me refiero a sindicatos, a partidos políticos y a otras muchas instituciones. Es inevitable, es absolutamente inevitable, y además todo el mundo lo sabe”.
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