El anteproyecto de Ley de Transparencia del que hoy ha dado cuenta el Consejo de Ministros marca la Casa Real como límite de acceso a la información. “No es una Administración pública”, ha contestado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la pregunta de si el Ejecutivo dará a conocer el patrimonio y las asignaciones a la Familia Real, que sí proceden del presupuesto público.La vicepresidenta respondía así a una petición aprobada esta misma mañana por el Parlamento de Navarra. El pleno regional instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a que en el proyecto de Ley de Transparencia incluyese "los mecanismos legales que resulten oportunos" para conocer "la distribución de la cantidad percibida por el Rey con cargo a los Presupuestos del Estado, para el sostenimiento de su familia y Casa, incluyendo rentas y salarios".
La propuesta que la propia Sáenz de Santamaría presentó en junio, antes de comenzar a formar parte del Gobierno, solo hacía una referencia explíctica a la Casa Real. También era para limitar pero, tal como indicaba el dodumento, era para poner cotas a la información que pudiera resultar un perjuicio para "las comunicaciones oficiales con la Familia Real y su Casa".
Acerca de los organismos sobre los que la nueva norma tendrá competencia, Sáenz de Santamaría ha añadido que afectará "a todas las Administraciones y todos los cargos públicos", tanto en el ámbito nacional, como regional y local. También será aplicable a las empresas públicas, aquellas de las que el Estado posea más del 50%. En el caso de compañías privadas que trabajen con algún organismo oficial, deberán aportar al mismo los datos necesarios para conocer cómo se gestiona el servicio que prestan.
Sin embargo, lo que la vicepresidenta no ha dejado claro es quiénes serán los responsables de las conductas que pasarán a ser sancionadas. Pese a la insistencia de los periodistas, Soraya Sáenz de Santamaría solo ha puesto un ejemplo claro. Si se falsean u ocultan datos de un plan de reequilibrio presupuestario, el responsable es el consejero que lo firme, ha dicho. Pero en los casos de despilfarro, de sobrepasar el gasto presupuestario, de ordenar pagos, reconocer obligaciones sin crédito o por el incumplimiento deliberado de las medidas de ajuste para la reducción del déficit, la responsabilidad no parece estar fijada y la vicepresidenta únicamente ha señalado que “el competente es el responsable”. Esto dejaría fuera del régimen sancionador a los cargos de primera línea política, como los presidentes de las comunidades autónomas, que transfieren la responsabilidad de Hacienda a consejeros y subsecretarios.
Nunca un Gobierno español había afrontado, hasta ahora, la aprobación de una Ley de Transparencia. Hoy, el Gobierno de Mariano Rajoy lo ha hecho, añadiendo algunas medidas a la propuesta que en junio de 2011 la propia Soraya Sáenz de Santamaría presentó.
El anteproyecto de ley recoge asimismo un "primer paso" hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Para establecer estos baremos, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño y sus circunstancias económicas o administrativas.
Junto al régimen sancionador, el Gobierno ha incluido un apartado sobre incompatibilidades que la propuesta del PP firmada en junio de 2011 no preveía. Además ha modificado, para ampliarlo, el plazo que las Administraciones tienen para facilitar la información que reclamen los ciudadanos. Mientras que en la propuesta del partido se marcaron 15 días, ya como Gobierno, el PP la ha fijado en un mes.
Pero la ciudadanía no podrá conocerlo todo. “Los ciudadanos podrán realizar solicitudes de información dentro de los límites previstos en la Constitución y en los convenios internacionales”, ha señalado la portavoz del Ejecutivo. Además de no ofrecer detalles sobre la Casa Real, Sáenz de Santamaría ha hablado de salvaguardar datos de carácter personal o que afecten a la seguridad pública. La ley tampoco podrá vulnerar el secreto profesional.
Lo que no ha incluido el anteproyecto es la creación de un órgano independiente que garantice el derecho a la información. La vicepresidenta sí ha hablado de una Agencia de Transparencia y Evaluación de las Políticas cuyos miembros serán, en cualquier caso, nombrados por el Gobierno, aunque pueda vetarlos el Congreso por mayoría absoluta. Esa agencia será realmente la reconversión de la actual Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Ante ella podrán reclamar los solicitantes a los que se les deniegue la información si consideran que se ha vulnerado su derecho.
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