NO HAY CORRUPTO SIN CORRUPTOR (Josep Ramoneda).

El Rey, en su discurso en las Cortes, urgió a reforzar la confianza en las instituciones. Sin duda, debe ser una prioridad si no queremos que la crisis acabe ahogando incluso a la democracia. Pero el aplauso histórico que recibió el Rey antes de pronunciar su discurso no es la mejor manera de atender esta exigencia.

La Monarquía está en apuros por un comportamiento irregular de uno de los miembros de la familia real, que no fue debidamente vigilado y reconducido por la propia institución. La reacción de la amplia mayoría de los diputados ante estos hechos es una adhesión cerrada al Rey.

Si tenemos en cuenta que los principales partidos contribuyeron a los negocios de Urdangarin por acción -especialmente en algunas comunidades del PP- o por omisión -el PSOE justificó en el respeto a la Corona su timorata actitud- los parlamentarios, aplaudiendo al Rey, se estaban aplaudiendo a sí mismos. De este modo, Urdangarin quedaba como el único malo de la película, chivo expiatorio que libera a los responsables institucionales del manifiesto descontrol en el entorno de la Corona.

Esta reacción de casta del Parlamento alimenta la idea que la ciudadanía tiene de las instituciones como un universo cerrado y alejado del mundo real. Y es un mal augurio para la exigencia de reforzar la confianza en las instituciones. ¿Cuál es el origen de esta desconfianza?. Dice Jarton Lanier, estrella a contracorriente del mundo informático, que “si te interesa saber realmente lo que sucede en una sociedad o ideología solo tienes que seguir la ruta del dinero”.

El principal factor de descrédito institucional es indudablemente la corrupción. La cuestión es especialmente grave porque estamos muy cerca del momento en que la sociedad claudique. Cada vez más la ciudadanía da por hecho que es inevitable. Y cada vez más se resigna a ver a los dirigentes políticos como un club cerrado, cuyas ruidosas peleas parlamentarias forman parte de la comedia para proteger intereses compartidos inconfesables.

La desidia de los partidos a la hora de afrontar este problema ha sido demasiado grande. La obstinación en seguir presentando a las elecciones a personas imputadas por la Justicia, en utilizar el voto como una forma de blanqueo de responsabilidades judiciales, en mantener situaciones insostenibles pese a la evidencia de los hechos alimenta la idea de que los corruptos tienen una inusual capacidad de chantaje sobre las cúspides.

El ritual que pasa, sin solución de continuidad, del apoyo incondicional al acusado a dejarle completamente solo cuando es un estorbo, confirma la crueldad de la política como complicidad sin amistad. La utilización de la doctrina, probablemente justa, de que la gran mayoría de los políticos son gente honesta, como argumento para no hacer del combate contra la corrupción una prioridad absoluta, debilita la lucha contra esta patología de la democracia. En tan precarias condiciones, asistimos a un salto cualitativo del problema: con el proceso de globalización -históricamente el dinero y el crimen han sido lo primero en globalizarse- la corrupción amenaza con hacerse sistémica.

El régimen democrático español no tiene mecanismos de defensa preparados para afrontar a las corporaciones omnipotentes y el crimen organizado. Y si los gobernantes y los partidos no son conscientes del problema solo cabe que la opinión pública apriete.

La crisis ha acelerado la mala imagen de la política. La incapacidad de los gobernantes de asumir el liderazgo para salir de la crisis después de las intervenciones bancarias de otoño de 2008; la sustitución de Gobiernos elegidos democráticamente por Gobiernos de tecnócratas con vínculos con los grandes bancos que causaron el desastre; la imposición de drásticas medidas de austeridad que ponen en cuestión el modelo social, ocultándolas en las campañas electorales y evitando el debate público; el rápido paso de personas con responsabilidades políticas a cargos en empresas y lobbies empresariales, y, al revés, el trasvase de ejecutivos del poder financiero al poder político; y el negocio esplendoroso del tráfico de influencias forman parte de un largo suma y sigue de indicios que restan credibilidad a la política.

Reforzar la confianza en las instituciones es priorizar la lucha contra la corrupción ahora y prevenir el riesgo de que se haga sistémica. Y es dejar de fomentar la indiferencia entre la ciudadanía con el discurso paralizador del miedo y con los comportamientos como casta cerrada.

No hay corrupto sin corruptor. Pero si desde arriba la idea que se transmite es que el dinero es el que manda y que la política es impotente, lo único que se consigue es normalizar la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad.