El juez Baltasar Garzón compareció por enésima vez en pocos días ante el Tribunal Supremo, en esta ocasión para ser juzgado por la causa abierta sobre los crímenes del franquismo. A Garzón se le acusa de prevaricar por intentar dar una respuesta legal, desde las exigencias de la España democrática, a los familiares y asociaciones de víctimas del franquismo que no renuncian a recuperar los restos de allegados que yacen todavía en fosas comunes en toda España.
Además de temeraria, por lo que comporta de apología y reivindicación de un régimen dictatorial de infausta memoria para muchos, la querella que sentó en el banquillo a Garzón añade un tono provocador difícilmente soportable en la España democrática. No es irrelevante en este caso el perfil ideológico de los querellantes: una asociación nostálgica del franquismo -Manos Limpias- y un grupo político de corte fascista -Falange Española, luego expulsada del proceso- que sirvió de hechura de partido único a los diversos elementos de la dictadura. Ese tono ha contaminado el juicio y está causando un grave daño a la imagen internacional de España.
Y frente a esta vergüenza, el último dictador de Argentina, el exgeneral Reynaldo Bignone, sumó su tercera condena al ser sentenciado a 15 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en una cárcel clandestina que funcionó dentro de un hospital público durante el régimen militar.
El Tribunal Federal Oral 2 de Buenos Aires condenó a Bignone, de 83 años, por la privación ilegítima de la libertad de al menos 15 personas que permanecieron detenidas ilegalmente en el Hospital Posadas, que funcionó bajo jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura (1976-1983). Nada que ver con esta España poco seria y de democracia tan débil.
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