La indignación crece a medida que la Casa del Rey se atrinchera en su silencio mientras el cerco judicial se estrecha sobre Iñaki Urdangarin.La Constitución blinda penalmente y de forma absoluta al actual Jefe de Estado, nombrado por Franco para sucederle a título de rey, pero las actuaciones de su yerno, que empleaba el nombre de la Casa Real y el de la Infanta Cristina para atraer nuevos inversores y hacer negocios millonarios, han desatado el escándalo.
Las sospechas de corrupción planean sobre el duque de Palma que, si llega a ser enjuiciado y condenado por varios delitos de desvío de capitales, podría tener que pasar más de 15 años en la cárcel. El caso incluso podría poner en el ojo del huracán a la infanta Cristina, la esposa de Urdangarin e hija menor de los reyes. Ella pertenecía a la junta directiva del instituto Nóos cuando se cometieron los supuestos delitos de corrupción. Además, ejercía de secretaria del consejo de administración de la promotora inmobiliaria Aizoon, presidida por su esposo, a la que se desvió, según fuentes judiciales, parte de los fondos públicos malversados.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
La polvareda mediática y las informaciones de la Agencia Tributaria han provocado que "Iñaki Urdangarin cada vez aparece como más presunto culpable", según Cayo Lara, líder federal de IU, quien asegura que cada día urge más una explicación por parte de la Casa del Rey. A la nueva petición de cuentas a la Corona se sumó otra vieja reclamación: la transparencia de las finanzas de La Zarzuela.
No en vano, Juan Carlos es el único monarca europeo que no da cuentas de cómo se gasta el dinero que le dan los presupuestos del Estado para el sostenimiento de su familia y de la jefatura del Estado, y que este año ascienden a nueve millones de euros. Respecto a los negocios de la familia del Rey existe una laguna legal al no serles de aplicación normas sobre incompatibilidades entre los negocios y su papel institucional.
A este respecto es ejemplar la actitud de la reina Isabel II de la Gran Bretaña que decidió regular la actividad empresarial de sus familiares directos y consortes para evitar el tráfico de influencias. En el Reino Unido no hay incompatibilidades ni normativa legal aplicable, pero la Reina exige que su familia le consulte previamente antes de iniciar un negocio.
Joan Tardà, diputado de ERC, exigió esta semana a la Casa Real que se abstenga de presionar a la Justicia. "Tenemos todas las razones para desconfiar de la Corona vista su historia reciente de ocultamientos y opacidades" y que la Justicia, a su vez, evite "autocensurarse", dijo.
El duque de Palma está siendo investigado por la fiscalía anticorrupción de las Islas Baleares por delitos como fraude, malversación de fondos públicos y prevaricación. Según las noticias reveladas principalmente por el diario El Mundo, Urdangarin dio pelotazos con un sinfín de empresas y organismos. Además se habría apropiado fraudulentamente de unos ocho millones de euros del erario público, principalmente procedentes de Baleares y la Comunidad Valenciana, además de un sinfín de negocios turbios con empresas privadas.
La fiscalía duda asimismo de que su caudaloso patrimonio -atesora once millones de euros y bienes inmobiliarios valorados en otros cinco millones más-, se haya podido granjear de forma lícita.
El detonante de toda la investigación emprendida por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma fueron los convenios, -firmados el 17 de julio de 2005 y el 17 de septiembre de 2006-, que sirvieron para crear el Illes Balears Forum, un encuentro internacional sobre deporte y turismo que pretendía convertirse en un observatorio permanente y mundial especializado en estas dos materias. En febrero de 2006, el PSIB-PSOE ya preguntó al Ejecutivo autonómico balear por la existencia de pagos irregulares a los organizadores de este foro.
La Agencia Tributaria ha destapado las operaciones de Urdangarin en un informe de 148 páginas que ya ha remitido al juez del caso Palma Arena, José Castro. El documento respalda cómo el presidente del Instituto Nóos hasta junio de 2006 y el ya imputado Diego Torres, su socio y su sucesor en la presidencia de la entidad, urdieron una trama empresarial para "apoderarse" de fondos públicos. Aunque Hacienda también ha descubierto que el segundo objetivo era pagar menos impuestos.
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