Obviedades sobre Bildu.

Diarios escritos como La Razón (en la imagen) o ABC (Del Grupo Vocento-El Correo Español), u otros de los denominados "digitales" (como lo puede ser "La Gaceta" del Grupo Intereconomía; no han tenido mayor reparo de ir, directamente, contra el dictamen del Tribunal Constitucional por el mero hecho de haberse posicionado a favor de la legalización de la Coalición electoral BILDU.

Curiosamente, es gracias a esa Constitución blindada (cuyo supuesto máximo garante es el referido TC) por la que estos Medios pueden ver la luz a diario, Medios dónde se alaban o se tiran por el suelo las decisiones de éste órgano judicial en función a cómo les vaya su interés (por regla general de índole político).

Herederos directos -a tenor de sus líneas Editoriales- de los panfletos "El Alcázar" o "Arriba", no tienen mayor problema en poner en jaque a la supuesta máxima Instancia jurídica del Estado español, y ello, sin que Fiscalía alguna tome cartas en el asunto. No viene de menos recordar cómo, por mucho menos, otros Diarios fueron clausurados (a la memoria me viene la resulución exculpatoria del Diario Egunkaria).

Y la cosa no queda ahí. Colaboradores de la Revista EL JUEVES o del suplemento "Caduca Hoy" del Diario DEIA, tuvieron que vérselas con la Fiscalía por una mera cuestión encuadrable en la legítima crítica política (vista desde un evidente prisma de humor) precisamente por algo parecido: "meterse" con otra de las máximas Instituciones del Estado (en este caso heredada del Franquismo): La Corona.

Ahora, no apoyan las manifestaciones "Pro-Vida" organizadas por Rouco Varela y Cía. y secundadas por el mismísimo Partido Popular. Y no lo hacen porque no se puede aplaudir la muerte (pongamos por caso la de Bin Laden) como lo han hecho dirigentes del citado partido e intentar hacerlo compatible con esas manifestaciones abrazando el católico precepto a favor de la vida.

No... ahora el discurso ha cambiado de forma radical. Ahora todo es BILDU-ETA-BATASUNA y "darle vapor" a un Tribunal Constitucional cuyas resoluciones, de repente, aseguran que se adoptan de forma manifiestamente politizadas. ¿Y cuando no lo han estado en un Tribunal cuyos miembros siempre han sido designado en función a cupos políticos?

Como bien expone el compañero "Bloger" Ignacio Escolar en su bitácora y, ante esa manifestación convocada por las Asociaciones de "Víctimas" afines a la derecha española (que aún no comprendo cómo pueden ser autorizadas por la Junta Electoral Central al ir manifiestamente en contra de los intereses de una Coalición electoral legal a todos los efectos), deberíamos tener en cuenta una serie de obviedades:

- Para empezar, entre los derechos más sagrados en una democracia están el sufragio y la representación: el derecho a votar y ser votado.

- Si de verdad hay un etarra en una lista electoral, debería estar en la cárcel, donde pierde su derecho a ser elegido. Pero que un ciudadano no sea lo bastante etarra como para ser detenido por colaboración con banda armada pero sí lo suficiente como para no poder presentarse a las elecciones es como estar medio embarazada.

- Que un partido como Eusko Alkartasuna, fundado por el primer Lehendakari de la democracia, no hubiese podido presentarse a las elecciones hubiese sido un síntoma claro de que la teoría de la “contaminación” etarra pudiera haber llegado demasiado lejos.

- ¿En qué momento Carlos Garaikoetxea, un político que lleva media vida con escolta, se convirtió en un “testaferro” de ETA?

- Que otro partido claramente democrático y opuesto al terrorismo como Alternatiba (una escisión de Ezker Batua) tampoco hubiera podido presentarse a las elecciones es algo que casi nadie podría haber entendido en Euskadi, ni siquiera el actual Lehendakari, Patxi López. ¿Se imaginan qué pasaría si en Madrid, o en Sevilla, no pudiese presentarse IU?

- ¿Qué tiene aún que hacer la izquierda abertzale, que ya rechaza la violencia de ETA, para participar en la vida política? ¿Qué clase de justicia es la “cuarentena” propugnada por el PP?

- Si el Gobierno asume las tesis macartistas del PP, tendrá que asumir también sus consecuencias: un desapego institucional entre gran parte de los vascos que recuerda a lo que pasó en Catalunya con el fiasco del Estatut. Para este seguidismo con la derecha, que Zapatero nombre a Federico Trillo ministro de Justicia y así acabamos antes.

No le falta razón al colega Escolar en sus análisis y, tampoco hace falta rebanarse mucho el "coco" para que gentes normales y corrientes (como yo, por ejemplo), sin intención alguna de votar a BILDU, hayamos asistido manifestaciones en favor de su legalización.

Se trata, simplemente, de defender la higiene democrática.