El 4 de agosto de 2008 el Tribunal de Cuentas, acusó a nuestro Consistorio de delito contable en base a “presuntas irregularidades” en los años 2004, 2005 y 2006. A raíz de esta acusación se sucedieron continuos y reiterados ataques desde prácticamente todos los medios y sectores, tanto a la gestión municipal, como ataques individuales a muchos de los integrantes del equipo municipal actual como de corporaciones anteriores, lo que ha supuesto que estos años hayan sido uno de los periodos políticos más difíciles en la historia de Castro Urdiales.Castro se convirtió, ante mi asombro y el de gran parte de mis vecinos, en un ejemplo de cómo no se tenían que hacer las cosas en un presunto Estado de Derecho. Pasó de ser un ejemplo de “urbanismo sostenible”, según palabras de Rodríguez Zapatero en 2002, a ser la peor de las pestes de corrupción urbanística. Con el cambio de gobierno municipal, sospechosa y paulatinamente surgieron un total de 15 causas penales, causas en las que se nos condenaba de antemano, pese a no ser definitivas ni demostrables.
Con ciertas dudas, desde el Consistorio siempre se ha apostado por la Democracia y sus garantías judiciales, confiando en que finalmente la verdad saldrá a la luz.
Dos años más tarde la Justicia, o más exactamente el Ministerio Fiscal, ha tenido que asumir lo que era una realidad para todos nosotros: que la actuación del Ayuntamiento de Castro en el periodo analizado “ha sido absolutamente correcta y ajustada a la legalidad”, añadiendo la resolución del Tribunal de Cuentas recientemente emitida que “no se aprecian indicios de presunto ilícito alcance en las actuaciones analizadas”.
Y es que la documentación aportada por nuestro Ayuntamiento y las alegaciones efectuadas por los Letrados de esta Corporación al Tribunal de Cuentas han hecho posible que el Ministerio Fiscal asegure que las mejoras llevadas a cabo sean “razonables y suficientes” en materia de contratación administrativa, gastos de financiación afectada y pagos pendientes de aplicación, remanente de tesorería, presupuestos de ingresos, recaudación y deudores dudosos, aprobación de la Cuenta General, reconocimiento de Obligaciones, gastos por transferencia, fiscalización y control de nóminas, operaciones de tesorería, cobros y pagos de caja, declaraciones de IRPF y de IVA y archivo de expedientes. Concluye, además, el Tribunal de Cuentas que a su criterio no existe delito alguno “al no apreciar daño real, efectivo e individualizable en el erario municipal”.
Con estas afirmaciones y con esta Resolución, se manifiestan como falsas o erróneas 12 de las 15 causas de este Ayuntamiento, por lo que se puede afirmar que casi la totalidad de estas causas han sido totalmente injustificadas. Durante estos años, sobre Castro Urdiales y sus dirigentes políticos se han hecho, de forma continuada, juicios injustos, ya que parten de datos erróneos, confusos y no contrastados.
De hecho, en estos momentos se puede afirmar que este Ayuntamiento goza de la máxima calidad en el sistema del control del gasto, por lo que somos un ejemplo a seguir por muchas administraciones que además no han sufrido el desgaste que nosotros sí hemos padecido injustamente.
En Castro somos mayoría los que estamos indignados por “las formas” en que se está llevando a cabo la instrucción penal y la relevancia mediática que está tomando la persona del juez; en esta instrucción aparecen ríos en contra de la realidad física, técnica y administrativa, se suspende “cautelarmente” la práctica totalidad de los desarrollos urbanísticos de la ciudad sin existir recursos, ni denuncias y con los informes técnicos favorables; se imponen fianzas desproporcionadamente altas a los presuntos culpables y desproporcionadamente bajas a los acusadores de toda esta supuesta trama corrupta. Toda esta situación está provocando la paralización total del municipio y los perjudicados somos todos los ciudadanos castreños.
Estoy convencido que al igual que ha resuelto el Tribunal de Cuentas, la interminable investigación llevada a cabo por el juez de instrucción número 2 quedará en nada; que todo volverá a su ser y que tal como confiábamos la verdad saldrá a la luz pero ¿quién va a pagar el enorme daño que se ha causado a Castro Urdiales en estos años? ¿Quién va a reparar la imagen pública y personal de cada uno de nosotros? ¿Quién va a compensar los daños económicos de muchas familias, que incluso han ido a la ruina? ¿Quién va a subsanar la calidad de vida de otras muchas? Y sobre todo, ¿Quién va a lavar la pésima imagen que muchos ciudadanos tienen de nuestra ciudad?
No hay duda que como país democrático alguien deberá asumir responsabilidades por todo el daño causado en Castro. Si existe un mal funcionamiento de las instituciones, por insuficiencia de controles y supervisión, que han de garantizar su eficacia, alguien tendrá que hacerse responsable. También los políticos debemos tener nuestros derechos cuando la Administración de Justicia no funcione como debiera. En cualquier caso, lamentablemente, ninguna reparación ni aclaración puede subsanar todo el daño causado a una vida y a una imagen, pues el tiempo pasado en el sufrimiento no puede ser ya recuperado.
Pero los castreños miramos al futuro con optimismo, ya que el tiempo nos dará la razón y en ese momento muchos lamentarán haberse dejado confundir por la demagogia fácil. Los momentos de confusión, son el caldo de cultivo donde medran las mentiras y los grupúsculos pseudo-políticos que en situaciones normales no tendrían ningún tipo de apoyo.
Fernando Muguruza Galán, Alcalde de Castro Urdiales. 7 de Octubre de 2010.
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