El pasado día 10 de marzo, la noticia tienía dos nombres: Fernando Muguruza, alcalde de Castro Urdiales, que recobró la libertad después de 18 días en El Dueso, y el juez Acayro que vio como su medida de prisión sin fianza era revocada sin contemplaciones por la Audiencia Provincial.La primera reflexión que ofrecen los hechos acaecidos en las últimas tres semanas es que el juez Acayro ha hecho un mártir para una parte de la población castreña al toma una medida radical –prisión sin fianza- que sólo se acuerda por los jueces para los terroristas o los asesinos peligrosos.
Quienes en su momento aplaudieron al juez Acayro por decretar la prisión incondicional y sin fianza de Muguruza, poco podían sospechar que la decisión del juez podía tener las repercusiones que ha tenido. Es cierto que el alcalde castreño ha tenido que pasar por ese trance difícil y hasta humillante de ingresar en la cárcel, pero el acontecimiento ha hecho reaccionar a una parte de la sociedad castreña por considerar injusta la decisión.
La justicia tiene que proyectarse a través de medidas de sentido común y ajustadas a derecho. Las decisiones radicales no debidamente justificadas traen estos lodos que poco a poco están llevando la instrucción de Acayro sobre actos en los que presumiblemente ha existido corrupción, hacia su invalidación. Ser juez instructor no es tarea fácil porque el responsable de estas tareas tiene que saber enumerar los hechos con imparcialidad y sin entrar a juzgar, lo que corresponderá a un tribunal.
Sin entrar en el detalle de lo instruido hasta ahora por Acayro, lo que se puede afirmar es que del auto firmado por el magistrado Ernesto Saguillo, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, no sale nada bien. O, mejor dicho, queda en entredicho formalmente. Pocos datos se conocen del auto, pero es suficiente lo que ayer trasmitía la agencia Europa Press:
1. El magistrado considera que “la ocultación de documentación que se achacaba al alcalde de Castro Urdiales se apoyaba en un testimonio de una testigo que dijo desconocer donde se encontraban determinados documentos, pero no que fuera el imputado quien se apoderara indebidamente de ellos o los hiciera desaparecer”. Hasta aquí lo señalado en el auto de la Audiencia Provincial. La pregunta es lógica: ¿Cómo es posible decidir por la declaración, como mínimo confusa del testigo, que una persona, llámese Muguruza o como sea, ingrese en la cárcel sin derecho a fianza?.
2. La otra afirmación del auto de la Audiencia Provincial viene a decir lo siguiente: en cuanto a reiteración delictiva por continuar desempeñando funciones de urbanismo pese a tenerlas retiradas por mandato judicial, la Audiencia considera que "parece cuanto menos difícil una delimitación exacta de la función propia de un alcalde de la de un concejal de urbanismo". Y añade que, "en cualquier caso",el auto de la Audiencia señala que no se citan resoluciones dictadas en materia de urbanismo ni se afirma que se hayan efectuado contrataciones.
Hay indicios suficientes de que ha existido corrupción en Castro y que quizás venga de lejos. Por tanto, la investigación está justificada. Otra cosa, que verán sin duda con lupa los magistrados de la Audiencia Provincial –siempre destacada en rigor y profesionalidad jurídica- es si la instrucción se está haciendo correctamente o, como ha parecido en algunos casos, no respetando debidamente los derechos de las personas que nos guste o no tienen derecho a su presunción de inocencia.
Hoy, los partidos que defienden una regeneración en el Ayuntamiento de Castro Urdiales tienen un grano importante y no esperado. No es otro que decisiones como la del juez Acayro de encarcelar a Muguruza provocan reacciones contrarias a las esperadas. Alguien, no se si a Tolosa le corresponde, debiera poner en orden este lío de la instrucción en Castro. En fin, como se esperaba, la Audiencia ha hablado revocando una decisión que nadie entendió en su momento al conocer las razones de la prisión incondicional.
El problema es el de muchos afectados por decisiones judiciales no razonables. 18 días en la cárcel por una medida desproporcionada, sin duda, es demasiado pago. Habrá que esperar qué nuevos pasos o decisiones alumbre el ya polémico juez de Castro.
FUENTE: LIBERTO. La Clave de Cantabria, en: 24horas.com
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