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A Jaime de Marichalar y Sáez de Tejada (Pamplona, 1963), cuarto de los seis hijos del conde de Ripalda, Amalio de Marichalar y Bruguera, y ex-esposo (o algo así según entendamos el término "separación temporal de la conviencia", que no figura en ningún lugar del Código Civil) de Elena de Borbón y Grecia, duquesa de Lugo, hija del rey Juan Carlos, le nombraron el 31 de agosto de 2005 miembro de la comisión ejecutiva de Portland Valderribas, empresa perteneciente a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), presidida por Marcelino Oreja Aguirre. Desde marzo de 2006 es vocal de su Consejo de Administración.
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Cristina de Borbón y Grecia (Madrid, 1965), hija menor de los reyes de España y duquesa de Palma de Mallorca, licenciada en Ciencias Políticas y máster en Relaciones Internacionales, trabaja como autónoma, desde 1992, en la Fundación La Caixa, de la entidad financiera del mismo nombre. Su esposo, Iñaki Urdangarín Liebaert (Zumárraga-Guipuzkoa, 1968), licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por el Esade, se retiró del balonmano profesional en marzo de 2001 y, al mes siguiente, fue nombrado miembro del Comité Olímpico Español por el franquista Samaranch.
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En contra de lo que sucede en otras monarquías europeas, en la española se desconocen, tanto la fortuna privada del rey, como los negocios que tiene o empresas en las que participa, si es que existen, aunque alguna vez haya trascendido algo al respecto a la opinión pública. Según la prestigiosa revista norteamericana Forbes, la familia real de Europa más rica es la holandesa, con un patrimonio (propiedades y negocios) estimado en 4.520 millones de euros (752.000 millones de pesetas), un 26,6% más que la Casa Real británica. La revista Eurobusiness aprecia la fortuna (sexta en Gran Bretaña) de Isabel II en 2.855 millones de euros (475.000 millones de pesetas).
Ni siquiera se sabe, al menos oficialmente, si los miembros de la familia real española cobran un sueldo, directa o indirectamente, de la asignación que La Zarzuela recibe de los Presupuestos del Estado, que para este año 2009 asciende a 8,90 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,7% respecto al gasto de 2008, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (P.G.E.) para 2009. Según dispone del artículo 65 del Título II de la Constitución, el Rey "distribuye libremente" dicha cantidad, cuyo fin es "el sostenimiento de su Familia y Casa". Cabe recordar que, con la misma Constitución en la mano, el príncipe Felipe no es nada ya que su figura no es reconocida de forma legal.
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Algunos juristas, en línea con la postura que mantiene Carlos de Inglaterra, príncipe de Gales, en relación con su familia, sostienen que la dedicación de los miembros de la realeza debería estar limitada a actos oficiales y tareas institucionales. Otros son partidarios de que se establezca algún tipo de incompatibilidad que evite sospechas y situaciones incómodas. Y no falta quien aboga por la libre actividad, según la conciencia de cada cual. Pero los consultados prefieren guardar el anonimato.
¿Y qué opinan los políticos? De izquierda a derecha, las respuestas son menos, digamos, comprometidas. Y es que el asunto parece delicado, cuando no tabú. Mientras desde las filas de IU son tajantes y claros: "Sí, por supuesto, como cualquier persona que reciba dinero del erario público". En el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo portavoz es el ex-ministro Alonso, se considera que no es un tema para abordar ahora. No están ni a favor ni en contra, simplemente "no lo tenemos en la agenda como asunto prioritario". El portavoz del Grupo Parlamentario del PP, prefiere no opinar y se remite al Título II de la Constitución, que trata de La Corona. Desde CiU, ni se manifiestan. Desde el Grupo Mixto, se apoyan las citadas tésis de IU y Desde el grupo Nacionalistas Vascos (PNV) parecen haber cedido la voz a su senador Iñaki Anasagasti. Éste, desde luego, no se anda por las ramas y prueba de ello es la publicación de su último libro "Una Monarquía Protegida por la Censura" (lectura recomendada). En él, desde luego, saca a la luz una serie de entresijos que han servido para levantar ampollas en los sectores mas "juancarlitas" (no necesariamente monárquicos) del Estado.
El caso es que la casa real española tiene unas normas internas, no escritas, acerca de en qué negocios sus miembros pueden invertir y dónde no, en qué empresas pueden estar y en cuáles no. Un sistema que, hasta ahora, les ha funcionado muy bien.
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