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Como diría otro falangista y opusiano y ex-ministro de defensa del PP, "manda huevos". Esta colección de retrógrados se han dedicado ha prohibir durante más de 40 años todo aquéllo que iba en contra de los planteamientos básicos del golpe de Estado de sublevado Franco, ahora se agarran a una Constitución (que jamás hubiesen respetado) para manifestarse el mismo día, a la misma hora y en el mismo sitio dónde otros ciudadanos lo iban a hacer para defender otra serie de planteamientos.
Fue la del pasado 25 de octubre una contra-manifestación desautorizada cautelarmente por la Autoridad competente pero, desautorizada ésta, autorizada por los Tribunales que ven legítima una concentración de Falange pero que no aplican la tan famosa Ley de Partidos a una formación que justifica un genocidio como lo fue/es el franquista.
Y le echan tantas pelotas al tema que -incluso- retan a ciertos jueces "estrella" y, tal es así que, en un escrito presentado ante el juzgado, Márquez Horrillo pide a Garzón que "subsane" el auto en el que se declaró competente para investigar las desapariciones durante la guerra civil y el franquismo (desde el 17 de julio de 1936 hasta el 31 de diciembre de 1951), "con respecto a las menciones incriminatorias hechas contra Falange Española".
Fundamentalmente, Falange pide al magistrado que deje "sin efecto la reclamación de datos de sus máximos dirigentes" al Ministerio del Interior. Respecto a esta petición de información por parte del magistrado, Márquez Horrillo manifiesta con cierto sarcasmo que "es conocido" que los máximos dirigentes de Falange Española de Las JONS fueron José Antonio Primo de Rivera y Manuel Hedilla, "ambos represaliados por los dos bandos".
Por otro lado, la Asociación de la Memoria Histórica de Valladolid ha pedido al juez Baltasar Garzón que recupere del Valle de los Caídos los restos de siete vecinos de Pajares de Adaja (Ávila) que murieron fusilados a manos de un grupo falangista en el pueblo cercano de Aldeaseca, el 20 de agosto de 1936. Fausto Canales, hijo de una de estas víctimas -Valérico Canales-, es el impulsor de la petición para evitar que los restos de su padre y las seis personas que fueron fusiladas junto a él reposaran cerca de los del dictador.
Mientras, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, recibía del presidente de la Cruz Roja Internacional, Jakob Kellenberger, de 300.000 documentos digitalizados de valor "incalculable" sobre la Guerra Civil y sus efectos en las décadas posteriores.
FUENTE: Agencias, Madrid, 28/OCT/2008
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