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Todos ellos, convenientemente excitados por los medios de la ultraderecha mediática y episcopal. La historia explotó hace tiempo, con la defección de Oreja y San Gil, y cuentan en los aledaños de Génova 13 que el malestar se está extendiendo al ritmo con el que crecen las palmadas y las sonrisas que Rajoy le dedica a Zapatero.
Anteayer acordaron reavivar el Pacto de Toledo y formar la Mesa de Reformas Estructurales de la economía. Antes, ambos partidos habían llegado a un acuerdo sobre la ley de las víctimas del terrorismo. No sé a dónde vamos a ir a parar.
Porque en este último punto sí que existen distintas sensibilidades. Para empezar, la propia definición de quién es víctima del terrorismo y quién no ralentizó durante décadas la lucha antiterrorista, un concepto que en lugar de unir a los demócratas sirvió de munición para el debate electoral más repugnante y suicida.
La izquierda tiene pendiente desde hace 60 años que alguien defina como terrorismo de Estado el ejercido por el régimen golpista, sus escuadrones falangistas de la muerte y los autores de las pantomimas de juicios sumarísimos que llevaron a la muerte a miles de inocentes.
El juez Baltasar Garzón parece decidido a imputar un delito de genocidio al régimen franquista, tras las denuncias presentadas por las asociaciones de familiares de víctimas de la Guerra Civil y la represión posterior. Tiene tantos sumarios pendientes en su juzgado que no sé hasta donde podrá llegar. En no pocos círculos jurídicos dudan de que esto sea el comienzo del gran juicio pendiente.
Pero me temo que para el PP aquellos muertos y desaparecidos jamás tendrán la consideración de víctimas del terrorismo a los que amparar con ley alguna. Y menos, aún, si lo dice Garzón.
FUENTE: Manuel Saco. Publicado en: Blog de Iñaki Anasagasti
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