El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga Rodero, ha explicado que su Departamento pondrá a disposición de Garzón estos datos, en respuesta a la providencia en la que el magistrado pide a diferentes instituciones que den datos acerca de muertos y desaparecidos en esa contienda (1936-1939) y en la represión de la dictadura franquista (1939-1975). Para el consejero, la recuperación de la Memoria Histórica "no se puede hacer de cualquier manera" y denunció la política del Ejecutivo español y su Ley de Memoria "que ha pretendido que las cuestiones de la memoria son asuntos privados y no responsabilidad del Estado".
En su opinión, el "primer movimiento" del juez Garzón "va contra esa línea política inadmisible de la Ley de Memoria, inadmisible y radicalmente contraria al Derecho internacional de los Derechos Humanos, firmado y ratificado por el Estado español". "Tenemos derecho a la verdad y también a que se individualicen las responsabilidades, aunque luego no haya posibilidad de imposición de penas".
En este sentido, Azcárraga Rodero exige "que se haga luz, que los que deben cargar con la mancha de haber cometido crímenes de esa humanidad carguen, y que todo ello tenga el benéfico efecto de poner a cada uno en su lugar, más allá del mito oficial, mantenido y alimentado desde la Transición en el Estado de que ambos bandos son culpables".
Azkarraga apostó por "conocer la verdad" como primer paso para "progresar en el trinomio consolidado internacionalmente de verdad, justicia y reparación" con el objetivo de "legar a las generaciones futuras unas bases de convivencia libres del miedo, con una mirada limpia y sin complejos al pasado, como garantía de edificación de una sociedad libre y verdaderamente democrática".
El consejero detalló que algunas fuentes apuntan a un número de prisioneros ejecutados extrajudicialmente y milicianos fallecidos en el frente de entre 8.500 y 9.000 en Euskadi. Con estos antecedentes, el Gobierno vasco firmó en 2003 un convenio de colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, "que ha dado como consecuencia que la labor que ahora se pretende impulsar más sistemáticamente en el Estado español por parte del Juez Baltasar Garzón está, en Euskadi y por iniciativa del Gobierno Vasco, liquidada en lo esencial".
El responsable vasco de Justicia detalló que el convenio ha permitido que, desde la Dirección de Derechos Humanos, se hayan estado enviando cientos de cartas a personas afectadas, según los trabajos de apertura de fosas y el acopio de evidencias
La información concreta que posee el Departamento de Justicia contiene un listado de 8.650 casos de fusilados y fallecidos que se inscriben en el periodo que va desde 1936 hasta 1942. En todos ellos se aporta el nombre del fallecido, su vecindad, el lugar de la muerte y la fecha y el modo en los que se produjo. De esos 8.650 casos, 2.352 se registran como fusilados y 6.298 como fallecidos en el frente o por acción de guerra.
Hasta la fecha, la Dirección de Derechos Humanos, a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ha recibido desde 2003, 530 solicitudes, de las que ha atendido 490. Hay además otras 60 que informan de la existencia de fosas o facilitan alguna otra información y que han sido igualmente atendidas.
Durante este periodo de tiempo, se han abierto en Euskadi nueve fosas en las que se han encontrado restos humanos. Otras permanecen cerradas porque se desconoce quiénes fueron enterrados en ellas o por no existir solicitud de familiares, y otras tres han sido encontradas vaciadas.
Durante el periodo 2003-2005, el departamento de Justicia invirtió 526.000 euros en este proyecto, y desde entonces viene manteniendo una provisión de fondos de unos 24.000 euros anuales para responder a nuevos datos, informaciones o peticiones que puedan llegar.
Por ello, realizó un ofrecimiento público al juez de la Audiencia Nacional para que "libre un oficio reclamando al Departamento de Justicia a que remita oficialmente los datos de que dispone". "Esta es la información que tenemos, preparada para ser enviada en cuanto se nos requiera formalmente para ello".
Asimismo, defendió que la iniciativa del Juez Garzón, "espoleada por las asociaciones de la memoria, bien puede propiciar que lo que con la Ley de Memoria no se quiso abordar, tenga necesariamente que ser objeto de revisión".
Del mismo modo, Azcárraga Rodero expone que el ofrecimiento realizado pueda servir para que "sobre la base de poder certificar la existencia de miles de desaparecidos, se fundamente una instrucción por crímenes de lesa humanidad que, sin ánimo de venganza, debería llegar incluso a la identificación de los autores, aún cuando estén fallecidos".
El consejero explicó que Euskadi fue "pionera" en la investigación de los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo con la constitución de una Comisión Interdepartamental en el seno del Gobierno vasco que, presidida por la Dirección de Derechos Humanos, "se ha ocupado de liderar el trabajo de apertura de las fosas e identificación de restos humanos para contribuir a esclarecer una verdad que algunos se empeñan en dejar bajo tierra".
Para Azkarraga, "más allá de las acciones puramente militares, la tierra alberga restos de cadáveres que son la prueba directa de una realidad que hasta hace bien poco no se podía ni mencionar". "Esta realidad oculta de la Guerra Civil española, que no es más que limpieza ideológica, debe aflorar definitivamente".
FUENTE: Remitido por Helena Gartzia. (cit) Agencia Europa Press Vitoria-Gasteiz.
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