La Fiscalía de la Audiencia Nacional respaldó ayer que este tribunal abra diligencias penales para perseguir el asesinato de al menos 4.460 españoles que murieron entre 1942 y 1945 en tres campos de concentración nazis.
El Ministerio Público, en su informe, también apoya que el juez instructor impute a los cuatro querellados los delitos de lesa humanidad y genocidio, y está de acuerdo con los denunciantes, asesorados por el equipo de abogados Nizkor, en que la Audiencia Nacional inicie ya los trámites para pedir a las autoridades de Estados Unidos, donde residen estos presuntos criminales de guerra desde hace décadas, su extradición a España.
Los sospechosos son Johann Leprich, Anton Tittjung, Josias Kumpf y Iwan Demjanjuk, miembros del batallón Totemkopf de la SS, que sirvieron como guardias armados en los campos de exterminio de Mauthausen (Austria) y Sachsenhausen y Flossenbürg (Alemania).
Estos prisioneros, según el informe fiscal, fueron sometidos "a programas de exterminio diseñados por el sistema nacionalsocialista, siendo retenidos en contra de la voluntad por razones de raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas".
Añade que los reclusos españoles "fueron objeto de formas extremas de maltrato y abuso, incluido el asesinato". La querella indica que el maltrato sufrido por los españoles sólo fue semejante a la vileza usada con los prisioneros rusos. Se han podido constatar cientos de muertes por ahorcamiento, electrocución, cámara de gas, inyecciones letales, tiros en la nuca o, incluso, por dentelladas de perros.
Hasta aquí, todo perfecto pero a esa Fiscalía la nombra (directa o indirectamente el Gobierno. Bien, el presidente de ese Gobierno que yo sepa es de León, provincia dónde aún hoy en día siguen saliendo esqueletos de las cunetas ajusticiados en las primeras etapas del franquismo (no en la Guerra Civil). Así las cosas, son víctimas del holocausto franquista y, en el conjunto del estado, esas AUTÉNTICAS VÍCTIMAS del franquismo superan (casi sextuplican) a esos 4.500 citados.
¿Por qué no se actúa contra eso? ¿Dónde está la Fiscalía en esos casos? No será por que no habrá habido denuncias de familiares y allegados. Y, cuando se hace apología del terrorismo (y por ende holocausto) franquista tal y como lo hizo el eurodiputado del PP Mayor Oreja ¿Dónde se mete el fiscal Javier Zaragoza? ¿y la Fiscalía General del Estado?
O es que ¿también piensan que lo que hizo Franco y las opiniones que lo justifican se enmarcan dentro de la libertad de expresión? En ese Estado español ya no extraña nada y, en esas Fiscalías totalmente politizadas y dependientes... tampoco.
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