El Gobierno vasco dice que se abre un juicio a la sociedad vasca y a su voluntad de paz.
Dicho Gobierno ha considerado hoy que la apertura del juicio contra el Lehendakari supone abrir "un juicio contra la sociedad vasca y su voluntad mayoritaria de alcanzar la paz", según su portavoz, Miren Azkarate, la cual ha apostillado con toda la razón del mundo que se abre un juicio a la sociedad vasca y a su voluntad de paz.
Tras conocerse la decisión del juez de abrir el juicio oral contra el lehendakari, los socialistas Patxi Lopez y Rodolfo Ares y los dirigentes de Batasuna por las reuniones que mantuvieron durante el alto el fuego de ETA, no cabe menos que preguntarse los porqués de toda esta situación jurídicamente kafkiana ya que, aplicando los criterios del Tribunal Supremo (que archivó las denuncias contra el presidente del Gobierno español) uno piensa que de igual forma serán aplicados por el Superior de Justicia del País Vasco. Dignidad y Justicia y el Foro de Ermua fueron las mismas asociaciones que presentaron la denuncia contra Zapatero y ahora -entre otros- contra el Lehendakari Ibarretxe.
Luego... lo que al presidente español le vale ¿debería valerle al Presidente Vasco?. La respuesta es afirmativa sin duda alguna y aplicar otra serie de medidas nos llevaría a la conclusión de que el proceso se reafirmaría más en una base política que en una jurídica.
Se trata de criminalizar al Lehendakari, de intentar obtener esa foto de ver a la más alta representación del Pueblo Vasco sentado en el banquillo de los acusados. Una estratagema de los abogados de una cuadrilla residual ultra con Ezquerra y "Antoñito el de la patada en los huevitos" a la cabeza -por un lado- y Portero (ese señor que aterriza en una Sala judicial con una camiseta provocadora cuando a otros se la hacen quitar para acceder a la misma).
Mucho me temo que, por cómo viene actuando la Fiscalía sobre este particular, se van a quedar sin su añorada foto y, probablemente, sin otra patada en la entrepierna y todo ello por lo ya expuesto: la decisión del Tribunal Superior vasco corresponde a un "impulso político" y ha recordado que va en contra de la doctrina del Supremo sobre reuniones con Batasuna y de la petición del fiscal, que optó por el archivo de la causa.
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