LAS "CHAPUZAS" DEL PARTIDO POPULAR Y EL VOTO POR CORREO EN EL CALIFATO DE IMBRODA, EN EL EMIRATO DE FABRA (DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN) Y SOBRE LOS CACIQUES FEUDALES DE LA GALICIA RURAL INTERIOR Y NORTE DE CASTILLA-LEÓN.
El PP de Melilla se ofreció para enviar impresos de voto por correo, que presuntamente intentó falsificar a votantes residentes fuera de la Ciudad Autónoma.
El PP se puso en contacto con personas censadas en Melilla, pero residentes fuera de la misma para ofrecerles los documentos electorales, unos impresos que sólo se puede solicitar en persona en las oficinas de Correos.
El caso (adelantado el pasado viernes 13 de abril por el Diario El País) resulta tremendamente escandaloso, por más que el gerente del PP de Melilla haya quedado libre y sin cargos tras ser interrogado por el juez que lleva el caso.
Al menos, responsabilidad política hay. Un auténtico “marrón” para los responsables de las impresentables maniobras del PP en Melilla.
Por otro lado, el presidente de la Diputación de Castelló (el "archiconocido" Fabra) ha llegado a ordenar el empadronamiento de “virtuales” votantes del PP en fincas abandonadas, solares en ruinas y casas deshabitadas.
A ver que dice de esto el “cappo” Zaplana
NOTA/AÑADIDO: Dos horas antes de la llegada de la Guardia Civil, el PP paró las copias de solicitud de voto por correo.
El gerente del PP melillense, Javier Lence (desde ahora le llamaré “Línce”), responsable del encargo realizado a una imprenta de 1.000 copias de la solicitud del voto por correo, habría cancelado el pedido sólo dos horas antes de que la Guardia Civil entrara el pasado jueves en la imprenta y detuviera a sus dueños, Javier y José María Cerezo, según informa en su edición del lunes 18 de abril el Diario
En todo esto subyace la "bronca" pre-electoral desatada entre PP y PSOE por este caso. De este modo, los dos partidos en la oposición, El PSOE de Melilla y Coalición por Melilla, se personarán como acusación particular en la investigación abierta por el escándalo de los impresos del voto por correo conocido a raíz de unas escuchas telefónicas realizadas a los dueños de una imprenta de Melilla por una supuesta falsificación de documentos.
Legalmente sólo pueden ser distribuidos por Correos, de uno en uno, y a petición de los votantes.
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