Ciudadanos, ¿una apuesta fallida?

El partido de Albert Rivera tiene en sus manos la importante llave de la Comunidad de Madrid, pero no logra convertirse en la gran bisagra de la política territorial española.

Confiaban en un airbag llamado Ciudadanos y el dispositivo hinchable de color naranja no ha podido evitar un monumental trompazo del Partido Popular en las comunidades más disputadas y en las ciudades con marea, atlántica y mediterránea. A Ciudadanos no le ha ido mal. Ha conseguido el título de tercer partido municipal, en ausencia de Podemos que se ha presentado con plataformas y hologramas. Ha superado el 10% en las principales comunidades. Ha subido mucho en las grandes ciudades, en relación a las elecciones europeas de hace un año. Y se ha colocado por delante del PSC en el municipio de Barcelona. No le ha ido mal, pero no ha logrado convertirse en la gran bisagra de la política territorial española. Esa alta expectativa, fabricada a conciencia por importantes medios de comunicación, no se ha cumplido.

El ‘momentum’ estelar aún no ha llegado, pero Albert Rivera ha obtenido una pieza muy importante en el nuevo tablero. Ciudadanos tendrá un papel clave en la negociación para la presidencia de la Comunidad de Madrid. Puede inclinar la balanza en favor del Partido Popular, cuya candidata, Cristina Cifuentes, encabeza un grupo con 48 escaños. También podrían pactar con el socialista Ángel Gabilondo, sumando sus 17 escaños a los 37 obtenidos por el PSOE. En la ciudad de Madrid, Ciudadanos sólo tendrá un papel decisivo si se rompe –como desea Esperanza Aguirre– la suma de Ahora Madrid y PSOE. La llave de la Asamblea de Madrid es la más importante en manos de Rivera. No es poco. Estamos hablando de unos de los escenarios centrales de la política española. Lo demás son llavines. La abstención de Ciudadanos es necesaria para la continuidad del PP al frente de La Rioja y Murcia. Y en Castilla y León sólo una improbable confluencia de toda la oposición podría amargar la vida a los populares.

Las expectativas eran superiores. Ciudadanos no será determinante en el País Valencià, donde esperaba tener en sus manos la elección del presidente de la Generalitat y la alcaldía de Valencia. Los sondeos apuntaban en esa dirección. Ciudadanos tampoco decidirá la navegación balear. Atención al dato: la gente de Rivera no consigue, por el momento, posiciones determinantes en dos territorios de habla catalana (en sus variantes valenciana y balear), donde la cuestión lingüística tiene un fuerte trasfondo político y la relación con Catalunya levanta pasiones de muy distinto signo. Ciudadanos tampoco jugará un papel decisivo en las negociaciones para el gobierno de Aragón y la alcaldía de Zaragoza. No podrá plantearse la salvación de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, región donde Podemos le ha ganado la mano. Y no decidirá nada relevante en Asturias, Cantabria y Navarra.

A Rivera le han fallado Valencia y Baleares. No ha pinchado. No es un bluf. Irá a fondo en las elecciones generales. Pero la peor de las pesadillas de José María Aznar y la FAES –un torrencial trasvase de votos del PP a Ciudadanos– no se ha materializado en los idus de mayo.

Por Enric Juliana.

Reflexionando...

La anacrónica figura del indulto en períodos electorales.

Sobre la anacrónica figura del indulto, que posiciona al poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, es indispensable dejar sentado que, a día de hoy, sigue vigente (hasta el 01 de Julio de 2015) la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto (GACETA de Madrid -antiguo BOE- de 24 de Junio de 1870.
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Para que se hagan una idea de lo que en el mismo s.XXI sigue vigente en España, un estracto de la exposición de motivos:

"En el artículo 73 de la Constitución del Estado se otorga al Rey la facultad de conceder indultos particulares con sujeción a las leyes. Es, por consiguiente, manifiesto que debe haber una ley con arreglo a cuyas disposiciones la Corona ha de ejercer tan preciosa prerrogativa. He aquí por qué el Ministro de Gracia y Justicia tiene el honor de someter a la aprobación de las Cortes Constituyentes el adjunto Proyecto. (En la actualidad véase el artículo 62 i) de la Constitución 1978).

Cuatro han sido las principales disposiciones, en diversas épocas publicadas, para regular el ejercicio de la gracia de indulto, mereciendo por su importancia en primer lugar, entre ellas, el Decreto de 7 de diciembre de 1866.

La carencia de fuerza verdaderamente legislativa de estos decretos, simplemente administrativos, y la naturaleza misma de la prerrogativa de indultar, en cuyo ejercicio el sentimiento se sobrepone fácilmente a la razón, han sido indudablemente las causas más importantes y permanentes que produjeron con frecuencia lamentable la inobservancia de aquellas disposiciones, y dieron margen a la abusiva facilidad con que los delincuentes lograron muchas veces eximirse del cumplimiento de las penas a que se habían hecho acreedores por sus crímenes.

La necesidad cada vez más apremiante de hacer de una vez imposibles para siempre estos abusos, que tanto quebrantan la recta administración de justicia, el prestigio de los Tribunales, y la misma moralidad y orden público, reclamarían este proyecto de ley, si el precepto constitucional no lo hubiese hecho indispensable.

Cree, pues, el Ministro, que al presentarla, a la vez que cumple un deber constitucional, satisface también una necesidad fuertemente sentida por todos los hombres honrados, que exigen con perfecto derecho que la garantía judicial de su honra, de su vida y de su fortuna, no pierda su eficacia por una compasión indiscreta y ya intolerable.

El artículo 74 de la Constitución prescribe que no se concedan amnistías e indultos generales sino en virtud de una ley especial. La forma y solemnidades, por lo tanto, de la concesión de estas gracias generales, que en último término vienen a ofrecer la importancia y a producir los efectos de una derogación transitoria de la ley penal, no es ya hoy cuestión en la esfera del derecho escrito, como antes de ahora lo era en la de la ciencia.

A los indultos particulares se limita este proyecto. Y el Ministro, al redactarlo, ha procurado evitar, así los males consiguientes a la facilidad exagerada e irreflexiva en conceder las gracias de esta clase, como las consecuencias siempre lamentables de la inflexibilidad de la sentencia ejecutoria, que por mil variadas causas conviene en ciertos y determinados casos suavizar, a fin de que la equidad, que se inspira en la prudencia, no choque nunca con el rigor característico de la justicia.

Los reos de los delitos de sedición y rebelión podrán, no obstante, ser indultados, aunque se hallaren en estas circunstancias. La naturaleza de los delitos de esta clase, el carácter y condiciones de la sociedad de nuestra época, y aun altas consideraciones de gobierno, demuestran la necesidad de esta excepción.

El indulto no debe concederse sino con pleno conocimiento de los hechos y de todas sus circunstancias, y después de un estudio detenido sobre las consecuencias que haya de producir, bajo el aspecto de la justicia, de la equidad o de la conveniencia social. Por esto se prohíben en absoluto y se declara la nulidad de los que se concedan en términos generales y sin determinar la pena que se remite. Los indultos de este modo concedidos llevarán en sí mismos la prueba más incontrovertible de la ligereza o de la irreflexión con que habían sido otorgados.

Por el indulto vuelve el delincuente a adquirir los siempre importantes derechos de que le había privado justamente la sentencia. Esta sola indicación es suficiente para demostrar cuán necesario es alejar hasta la sombra de la duda sobre los efectos que ha de producir la gracia que se otorgue.

Pero, una vez concedido el indulto, debe tener toda la fuerza de una sentencia ejecutoria. Los intereses más sagrados lo exigen así. Los principios más elementales de justicia lo proclaman también. Por esto se declaran irrevocables las concesiones de estas gracias, según las condiciones con que hayan sido hechas.

Mas, si debe ser ilimitada la libertad de pedir, es necesario poner fuertes trabas a la de conceder el indulto. Por esto no podrá otorgarse desde luego y sin que antes sean conocidos todos los hechos y circunstancias, así como la opinión del Tribunal que haya sentenciado al reo y la del Consejo de Estado.

Para pedir el perdón de un semejante, todo ciudadano, todo hombre, está suficientemente autorizado. Nadie, pues, necesitará poder escrito para satisfacer los impulsos de su piadoso corazón. El hombre siempre tiene para hacer el bien poder bastante de Dios. Los mismos Tribunales, al cumplir la severa misión de aplicar la ley, y aun el Fiscal encargado de pedir su cumplimiento, podrán proponer el indulto del sentenciado cuando crean que la justicia o la equidad pueden sufrir agravio por el inflexible rigor del precepto escrito.

Mas, si debe ser ilimitada la libertad de pedir, es necesario poner fuertes trabas a la de conceder el indulto. Por esto no podrá otorgarse desde luego y sin que antes sean conocidos todos los hechos y circunstancias, así como la opinión del Tribunal que haya sentenciado al reo y la del Consejo de Estado.

Ilustrado así el Gobierno, no son de temer las consecuencias de la precipitación y ligereza en tan delicada materia.

Y para asegurar aún más, si cabe, el acierto, no será el Ministro de Gracia y Justicia, sino todo el Consejo, quien habrá de tomar la última resolución en un decreto motivado, a fin de que consten siempre las razones que le movieron a ejercer la prerrogativa constitucional.

Los Gobiernos que se inspiran en el cumplimiento de sus deberes no temen la publicidad y el juicio de la opinión. Por esto, los decretos de indulto se habrán de insertar en la Gaceta de Madrid.

Si todavía altas consideraciones, a que da margen el estado social de España, no permiten borrar de nuestras leyes la horrible pena de muerte, conviene, sin embargo, ya reducir su aplicación a los raros casos en que ni la justicia, ni la equidad, ni la conveniencia social consientan por ningún concepto su conmutación en otra menos terrible. Por otra parte, tampoco está en armonía con nuestros hábitos el rigor absoluto de la ley con muchos de los que, más por un extravío de su razón que por la perversidad de corazón, alteran el orden público o se alzan en armas contra los poderes del Estado. Por esto, el Gobierno podrá otorgar la conmutación de la pena de muerte y de las impuestas por delitos de rebelión y sedición a los hombres en otras menos graves, sin necesidad de oír previamente al Tribunal sentenciador y al Consejo de Estado.

La pena de muerte no se impondrá sin que antes haya sido propuesto el indulto y el Gobierno haya tenido tiempo suficiente para resolver acerca de él.

He aquí las más capitales prescripciones que el proyecto contiene y los principales fundamentos en que descansan. Ahora falta que las Cortes Constituyentes, con la sabiduría que tanto resalta siempre en sus deliberaciones, lo purifiquen de los defectos de que sin duda adolece, imprimiendo hasta donde sea posible el sello de la perfección en el modesto trabajo que el Ministerio tiene el honor de ofrecerles."

¿Curioso, no? Pues, quitando lo de la pena de muerte e, incluyendo a mujeres, esta legislación es la que sigue vigente para los españoles. Una figura anacrónica que, en ocasiones, se viene aplicando con fines de interés político y electoral.

Sí, he dicho bien. Electoral. Si la media de indultos en España es la de 1,5 al día, en períodos electorales esa cifra se llega a quintuplicar. Un dato objetivo, la media ponderada de indultos/día desde la convocatoria de Elecciones Municipales de 2015 llega a alcanzar los 7 diarios. Durante la campaña a las anteriores Elecciones Generales se llegaron a medias ponderadas de 9 indultos diarios. Y, como "medalla de oro" cabe destacar la campaña electoral en las que Aznar perdió las Elecciones tras aquélla aseveración de Acebes (y con él el PP) que defendía la teoría de que el "11-M" era obra de ETA. Pues bien, durante la semana siguiente (una vez descubierta esa gran mentira) el último Consejo de Ministros se firmaron 45 indultos.

Otros 400 se los dejaron encima de la mesa al presidente Zapatero, que siguió la misma dinámica, incluso, como presunto "socialista", concediendo los "clásicos" de Semana Santa. Esa tradición de lo que en 1870 era Nación confesional pero que desde 1978 no lo es (aunque lo parece... bueno, lo es de facto). Y, siempre hay un colofón. En el caso de Zapatero cabe destacar como en su último Consejo de Ministros tuvo tiempo para indultar al banquero Sanz, el segundo de Botín.

Si se analizasen los créditos bancarios otorgados para campañas electorales del PSOE por parte del Banco Santander se podrá entender tal urgente medida de ¿gracia? Y no voy a entrar en indultos a Agentes de la Autoridad condenados por torturas, ni en golpistas ni en genocidas... Podríamos estar escribiendo/leyendo un par de meses.

Ya verán como acaban Blesa, Rato, los de la UGT-Andalucía, los Pujol, los Ortíz-Rocasolano o cualquier persona del entorno de Zarzuela en caso de ser potencialmente condenados...

Informativos EiTB...

MALA INFORMACIÓN, MALOS ANÁLISIS, MALA PERCEPCIÓN DE LAS COSAS es el título de un artículo del senador jelkide Iñaki Anasagasti publicado en su Blog y difundido en sus cuentas en Redes Sociales al que no le quito ni una coma. Dice así:

Hay excepciones pero tenemos, salvo honrosas excepciones, unos medios insustanciales y poco serios, salvo en deportes que deben ser la esencia de nuestro vivir y en donde nos jugamos las alubias.

O es cuestión de los directores de informativos, o de unos plumillas sin vocación el caso es que no veo seriedad a la hora de la valoración de las noticias, ni de hacer seguimiento de ellas, ni de destacar lo importante y dejar lo secundario de lado.

Me decía un político chileno democristiano refiriéndose a la política y a los políticos, aquejados del mismo mal: "Iñaki, el problema es que la política ya no es una vocación, sino una profesión".

Pasa lo mismo con los periodistas. Con la mayoría de ellos. Hay muy honrosas excepciones. Pero pocas.

Digo esto porque en mi, perdura la indignación que siento ante hechos noticiosos producidos esta semana y el pésimo tratamiento informativo dado al fallecimiento del primer alcalde de la democracia en Bilbao, Jon Castañaes.

Y me refiero a tres noticias de fallecimientos.

Fallece Jesús Hermida y todo es un cubrimiento ditirámbico y a veces hipócrita. No dudo fuera un gran profesional y que ésta noticia no tuviera que ser destacada, pero en TVE no se podía encender el televisor. Todo era incienso, oro y mirra omitiéndose las pifias de éste señor, la última de ellas, la deplorable entrevista a Juan Carlos. Escribí un breve tildándole de "periodista del régimen" que lo fue.

Fallece Aitor Mazo, un gran actor vasco hecho que lógicamente requería su debido tratamiento. Y se le ha hecho en radio, prensa y televisión. Era "uno de los nuestros" y se ha destacado profusamente, y así se ha hecho. Le conocí y admiré, y me parece bien todo lo que se haga sobre él. Era uno de esos pocos actores con personalidad y tan versátil que daba gusto seguir una interpretación suya. Y repito que todo lo que se haga por recordarle, me parece excelente.

Pero eso no obsta para que el mismo criterio se adopte con la política y los políticos, sobre todo en tiempos de denuesto continuo. ¿Ni a la hora de la muerte van a tener el mínimo reconocimiento?.

Hay que tratar la información con profesionalidad y veracidad, no porque fuera un amigo. Y en ETB, por ejemplo, no se ha hecho. Y ETB es un Ente público. O por lo menos, lo era.

Y muere Jon Castañares, el primer alcalde de la democracia. Alguien extraordinariamente importante que encontró un Ayuntamiento en el suelo en 1979 tras una dictadura cruel y apisonadora y una gestión nefasta de los alcaldes de Neguri, esa derecha vasca que dejó no solo arruinado el ayuntamiento, sino sucio y con deudas un Bilbao al que habían machacado, además de con un urbanismo del tercer mundo. Un buen dato para ser analizado y valorado lo que hizo Castañares. Que hizo muchísimo. Y hoy no se entendería Bilbao sin su gestión.

¿Qué habría que haber hecho?. Por lo menos dar la noticia y hacer un buen reportaje con fotografías y películas de la época, entrevistas a quienes le conocieron, concejales, amigos, colaboradores. Y cubrir su funeral en la Catedral. Como se hizo con Azkuna. Y con Robles.

Pues no. El jefe de informativos de ETB que debe ser un insensible, además de un personaje muy escorado ya que le ha dado al hecho un tratamiento penoso.

Y es que no se lo ha dado.

El tratamiento ha sido vergonzoso. Ni tan siquiera servicios mínimos.

Y es que lo de ETB, en temas informativos, es de juzgado de guardia, por la suma de inepcia, tópicos, falta de periodismo de garra y criterios de país, y total ausencia de un periodismo serio y valorativo. Todo es fútbol y reuniones de la IA.

En una democracia en Europa los responsables de informativos o la dirección del Ente que hubieran actuado de semejante manera hubieran tenido su sanción social ante un pensamiento crítico y democrático frente a cierto pensamiento único, amodorrado y sin chispa.

No hay derecho a lo que no han hecho.

Ni informar, ni contextualizar, ni dar videos de la época, ni contar como fue aquello. Tiene más importancia un conductor de programas ajeno al país o un actor respetado y querido que un político honesto, elegido democráticamente, que se deslomó por su ciudad.

Y luego nos quejamos.

Esa arbitrariedad tan zafia y prepotente de ciertos medios sinceramente me repatea porque son ellos luego los que ponen nota a los políticos, pero, tras hacerlo, actúan corporativamente.

Y que no se me conteste, con ese argumento infantil y para lerdos y como queriendo justificar semejante pifia, que no ha tenido eco porque no murió en el ejercicio de su cargo. Cuando muere alguien relevante en cualquier país democrático ese dato de no estar en activo, no es importante. Al final de una vida se valora lo hecho. Bueno, en todos los sitios menos aquí.

Estamos cada vez peor en Euzkadi, informativamente hablando y lo de ETB, sinceramente es auténticamente penoso. Una más.

Corre, Rajoy... corre!!!

Parece más que evidente que el PP acelera la actividad legislativa en previsión de un adelanto electoral para septiembre ya que se constata el comienzo de una ronda de consultas discretas con el resto de grupos para evaluar su disposición a convocar dos plenos ordinarios en julio y dejar limpio el calendario legislativo. También es evidente que Rajoy valora la posibilidad de anunciar elecciones a principios de agosto para celebrarlas a finales de septiembre y ese previsible adelanto le daría a Artur Mas una excusa para aplazar las elecciones catalanas. Si le sumamos el diario goteo de casos de corrupción (que jamás podrán acallar en los Medios de Comunicación) y la ya visible lucha interna en la cúpula de Génova... pues, eso,... blanco y en botella (botella, botella... de vidrio...).

Podemos leer en diferentes confidenciales o en medios Digitales (como en eldiario.es) que, en el complicado tablero político que el PP tiene por delante, Rajoy ha empezado a jugar con la única carta buena que le queda sobre la mesa: el calendario electoral. El presidente del Gobierno ha dado orden de acelerar la actividad parlamentaria ante un previsible adelanto de las elecciones generales para el mes de septiembre. Fuentes del grupo popular consultadas por eldiario.es confirman la decisión de convocar dos plenos ordinarios en el mes de julio. El objetivo es "limpiar el calendario legislativo" y dejar vía libre a un posible adelanto, si el presidente lo decide en el último momento. El movimiento tiene un análisis poliédrico y su explicación se basa en varias claves. Mariano Rajoy da por segura una derrota sin paliativos en las elecciones de mayo. En esas circunstancias, el político gallego prefiere no alargar los tiempos y evitar margen para el crecimiento de una corriente crítica que amenace su candidatura a las generales. Teniendo en cuenta que las encuestas pronostican la posibilidad de victoria (pírrica, pero victoria a fin de cuentas) para Esperanza Aguirre, el presidente tiene motivos razonables para alimentar sus temores de motín a bordo.

En los planes de Rajoy hay otra variable "notable": las elecciones en Cataluña. En CiU dan por seguro que las generales serán el 27 de septiembre. La fecha es perfecta para los intereses de Artur Mas, que encontraría la excusa perfecta para aplazar los comicios que anunció pero que, según fuentes parlamentarias, quiere evitar a toda costa. Con el calendario en la mano resulta previsible pensar que el Gobierno no llegará a enviar al Parlamento su proyecto de presupuestos para el próximo año. Esa es la idea que se instala en los pasillos del Congreso de los Diputados, según fuentes de varios grupos parlamentarios. Mientras tanto, el Ejecutivo seguirá su plan previsto. Los plazos de Bruselas obligan al Gobierno a presentar su plan de estabilidad y el techo de gasto entre los meses de mayo y junio. Moncloa cumplirá el trámite pero eso no obliga a la redacción de unas cuentas cuyo debate y tramitación se reserva para el mes de diciembre (para entonces ya se habrán celebrado elecciones en cualquiera de los escenarios).

Si Rajoy disuelve el Parlamento en agosto, se librará de la obligación de enviar las cuentas al Congreso en el plazo marcado por la ley (30 de septiembre). Es lo que hizo Zapatero cuando un 29 de julio anunció elecciones para noviembre y advirtió que no redactaría cuentas para el año siguiente. En aquel momento el gesto se interpretó como un síntoma de derrota asumida. La decisión sobre los presupuestos no es menor, pues de ir a elecciones sin proyecto de gasto esa tarea será la primera para el Gobierno entrante.

Cataluña y el fuego amigo.

En sus cálculos electorales Rajoy analiza también la idea de hacer coincidir las generales con elecciones catalanas, anunciadas para el 27 de septiembre. En varias entrevistas, ya ha manifestado su descontento con la convocatoria de elecciones por separado, con el gasto que eso supone. Rajoy sabe que en esa estrategia Artur Màs reaccionará aplazando su convocatoria, convencido de que la coincidencia de ambas citas electorales perjudica sus intereses soberanistas y beneficia al partido de la gaviota. El resumen de ese juego de gato y ratón en el que parecen querer entrar Rajoy y Mas es resumido de manera clara por un exministro socialista consultado por esta redacción: "No habrá elecciones en Cataluña. Artur Mas no quiere y Rajoy tampoco".

El posible adelanto tiene para el presidente del Gobierno otro factor positivo. Ante la previsible derrota en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, Rajoy no quiere dejar demasiado tiempo para llegar a las generales. Según fuentes del grupo popular en el Congreso, "si Aguirre consigue mantener la alcaldía de Madrid, Rajoy convocará cuanto antes para garantizarse la candidatura y evitarse tiempo bajo fuego amigo". Las encuestas señalan que, pese al descalabro del PP, Aguirre podría atesorar una de las pocas victorias de su partido (aunque tampoco lograría gobernar pese a que pudiera se la lista más votada). Con esas cartas sobre el tapete el presidente del Gobierno empieza a pensar que ocurra lo que ocurra, lo mejor es que ocurra cuanto antes. Lógicamente, del fiasco electoral en Valencia no hablan.

¿Será que andan festejando la dimisión forzada de Monedero?